En el Cuadragésimo Congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) celebrado en octubre de 2021, la abolición de la prostitución se presentó como la principal insignia ideológica. Sin embargo, la propuesta legislativa ha quedado en un estado de letargo parlamentario, derivado de la incapacidad del PSOE de concertar un acuerdo con sus aliados de coalición. Informantes gubernamentales indican que la legislación contra la prostitución está en un declive aparente, alimentado por una amalgama de factores, incluyendo la tensión palpable en la coalición y la renuncia del PSOE a desatar mayor controversia tras el escándalo vinculado a «Tito Berni».
De manera oficial, los representantes del PSOE argumentan que el tiempo es insuficiente para continuar con la tramitación de la ley, con únicamente tres meses laborables en el horizonte legislativo, de los cuales dos serán consumidos por la campaña electoral. Sin embargo, algunos diputados socialistas reconocen que las circunstancias actuales no son propicias para afrontar un tema de tal magnitud.
La economía ha emergido como el estandarte electoral del PSOE, destacando la gestión económica del gobierno, las estadísticas de desempleo, el crecimiento y el turismo como logros destacados. La estrategia de «economía exclusiva» que aupó a Rajoy en 2011, parece haber sido adoptada por el PSOE y su candidato a la reelección, Pedro Sánchez.
Por otro lado, fuentes dentro de Podemos también admiten haber sido quemados por la controversia, hasta el punto de no poder arriesgarse a un segundo debate con un «feminismo fracturado». Recuerdan cómo el PSOE se vio forzado a retirar una enmienda contra la prostitución de la Ley de Libertad Sexual y Reproductiva para evitar que la ley fuera rechazada en comisión, debido al voto en contra anunciado por Podemos. El conflictivo enfrentamiento entre Irene Montero y Pilar Llop por la reforma del Código Penal, que corregiría la brecha en la Ley de Libertad Sexual, que ha llevado a la reducción de mil condenas a agresores sexuales y a más de 70 excarcelaciones, ha despertado la conciencia en ambos bandos de la coalición de que no pueden permitirse otro enfrentamiento de tal magnitud en vísperas de las elecciones del 28 de mayo.
Ambos partidos han quedado lastimados y desalentados ante un nuevo enfrentamiento ideológico que, tras el «sí es sí» y la ley trans, enfrentaría a las feministas abolicionistas y regulacionistas. Los socialistas son conscientes de que no obtienen ningún beneficio de esta contienda. La implementación inicial de la ley Montero y la consiguiente oleada de excarcelaciones y reducciones de condena generaron un escándalo social y una fuga significativa de votos entre los votantes socialistas. La prioridad actual es evitar que se reabra esta herida, centrarse en promover una ilusión y una esperanza a través de un marco económico y olvidar las banderas electorales.