El 5 de julio de 2019, una joven decidió denunciar a sus padres de acogida, Joan Salvador S. H., exconcejal de Compromís en Alfafar, y su esposa María Carmen E. C., por abusar sexualmente de ella durante tres años. Según relata Levante-EMV, los abusos comenzaron cuando ella tenía 14 años y se extendieron hasta los 17 años. Esta pareja, que supuestamente debería proporcionarle estabilidad y oportunidades, en su lugar la sometió a perturbadoras prácticas sexuales y un control estricto de sus acciones y relaciones.
La denuncia de la joven se produjo cuando se enteró de que la pareja tenía intención de adoptar a otra niña, y por miedo a que la niña sufriera el mismo destino, decidió actuar. Los delitos incluyen abusos sexuales continuados a una menor de 16 años, corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil y descubrimiento de secretos.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Joan Salvador a 16 años y siete meses de prisión como autor de los delitos, y a su esposa María Carmen a 14 años y siete meses como cooperadora necesaria. También se les impuso una orden de alejamiento de la víctima y deben pagarle una indemnización de 30.000 euros.
Los abusos incluían hacer que la adolescente compartiera la cama con ellos y observara sus relaciones sexuales. Luego de algunos meses, la invitaron a participar en sus juegos sexuales. En otra ocasión, le hicieron presenciar cómo la acusada mantenía relaciones sexuales con tres desconocidos en una playa nudista. También se apropiaban de las fotos íntimas que la joven se tomaba con su teléfono móvil.
Durante la investigación, se encontraron en la casa de los acusados fotos de la menor desnuda y otras imágenes en las que la joven y la acusada estaban en lencería y el acusado desnudo. Asimismo, se descubrieron otras fotos de menores desnudas en sus dispositivos electrónicos. Los acusados intentaron justificar la posesión de estas imágenes alegando que eran parte de una investigación periodística sobre pornografía infantil realizada en los años 90.
Además, entre los archivos digitales intervenidos por la Guardia Civil, se encontró un contrato de sumisión entre la pareja que incluía un apartado titulado «Las diez leyes de una esclava». En este, se mencionaba la intención de usar a la mujer para «parir, criar y educar futuros esclavos y esclavas sexuales». Ante esta evidencia, el acusado se limitó a calificar el contenido del contrato como «pura literatura».