Un desastre sin paliativos

En el terreno económico, el Gobierno del Partido Popular 2011-2015 ha tenido sus luces y sus sombras. Heredó una situación muy complicada, evitó la intervención de España y dejó la economía nacional en una recuperación que podría llegar a ser intensa si las circunstancias políticas no la cercenan. Esto, en lo relativo a las luces.

En lo que se refiere a las sombras, sobresalen las relativas a la política fiscal, cuyas causas se encuentran en la renuncia a los principios económicos liberales que siempre defendió el PP, y que deberá volver a defender si quiere recuperar la confianza perdida y seguir siendo el partido de la prosperidad. Dichas sombras se encarnan de manera clara en el ministro Cristóbal Montoro y la gestión que ha impulsado a lo largo de estos cuatro años, donde ha subido impuestos, ha desincentivado el cumplimiento del déficit a las regiones y no ha controlado el gasto.

En los últimos días, hemos visto cómo España volvía a ser motivo de preocupación entre nuestros socios europeos por el clamoroso incumplimiento de los objetivos de déficit que nuestro país tenía marcados para el año 2015: un 5% del PIB, en lugar del 4,2% al que nos habíamos comprometido; unos 10.000 millones de euros por encima de lo previsto. La importancia y alcance de este fracaso, junto a otras noticias como la anulación por el Tribunal Supremo del reparto del déficit entre administraciones establecido en 2013, hacen que podamos parafrasear aquella famosa frase sobre el presidente Arias Navarro y aplicarle a Montoro la misma calificación: “un desastre sin paliativos”.

El Ministro de Hacienda creyó que él podía apaciguar a Cataluña a cambio de concesiones en materia de déficit o de evitar el control de sus finanzas que habría impuesto la aplicación de la magnífica Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Magnífica Ley que, sin embargo, no se llegó a poner en práctica. Tal y como un alto cargo de una región favorecida por esta pasividad se vanagloriaba de recordar en el Consejo de Política Fiscal Financiera: “hasta ahora no había conocido impulsores de una ley que no la aplicasen”.

Montoro, contra toda lógica, diseñó un déficit a la carta, en forma de déficit asimétrico que, por ejemplo, imponía a la Comunidad de Madrid (que estaba entre las que mejor cumplía, junto a Galicia, Castilla y León o La Rioja)  un objetivo de déficit tres décimas más estricto que a la media, mientras que esas tres décimas de mayor flexibilidad se las daba a Cataluña, que pasó a contar con un objetivo 6 décimas de PIB más laxo que Madrid.

Obviamente, esto era un castigo a quien cumplía y un premio a quien incumplía. El desincentivo al cumplimiento, vista la actuación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP), era evidente. ¿Qué sucedió? Lo esperable: que Cataluña incumplió otras 3 décimas más sobre su objetivo incrementado y que, pese a que Madrid aún respetó el objetivo que se le había marcado, la media lo rebasó notablemente.

Con estos argumentos, Madrid fue la única comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular que votó en contra de dichos objetivos. Otras regiones con gobiernos de diferente color político, incluida Cataluña, votaron en contra por motivaciones diversas. La consecuencia fue que el MINHAP puso en el punto de mira al Gobierno regional madrileño, con constantes presiones para que entrase en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) -algo que no consiguió-, y con una hostilidad manifiesta a la región que mejor cumplía en déficit y deuda, la que más crecía y la que menos paro tenía. Adicionalmente, al no aplicar la Ley de Estabilidad, no sujetó el gasto de las comunidades autónomas inclumplidoras, de manera que se le fue de las manos su control, ya que el FLA no sirvió para nada.

Además, han de tenerse en cuenta las ampliaciones de déficit que Bruselas concedía a España, y que se quedaba casi íntegramente la Administración General del Estado o la Seguridad Social, administración central en todo caso. El argumento del ministro Montoro era que la Seguridad Social pagaba las pensiones de todos; argumento más que discutible, pues la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales -que junto con las Transportes representan el 90% de los presupuestos de una región-, aunque estén descentralizados, cubren también a todos los españoles.

Es más, si Cristóbal Montoro hubiese realmente querido reducir el gasto de las CCAA, habría modificado la normativa básica estatal que marca la cartera de servicios que las administraciones autonómicas deben prestar obligatoriamente, sin margen de maniobra, en dichas materias. En su lugar, se limitó a los fuegos de artificio de los reales decretos leyes (RDL) de Sanidad y Educación de abril de 2012, que se suponía que iban a lograr un ahorro estructural a las CCAA de 10.000 millones de euros y que, como mucho, se quedaron en 2.500 millones. Además, la aplicación de dichos RDL no fue obligatorio para las CCAA, con el consiguiente perjuicio para el cumplimiento del objetivo de déficit.

Otra de las estrategias fue emplear el FLA, un instrumento mal diseñado y estigmatizado desde el propio MINHAP, como elemento de control de las CCAA. No sólo no lo consiguió, sino que la barra libre de financiación sin un control previo del gasto, por la inaplicación de la Ley de Estabilidad,  impulsó los déficit más abultados.

Pues bien, como todo eso se hizo mal, cunde la alarma en la Unión Europea y el Tribunal Supremo ha anulado aquel reparto asimétrico de déficit, ahora al Ministro en funciones le entran las prisas, reconoce implícitamente que el FLA es contraproducente para las regiones solventes, y se dedica a amenazar por carta a los gobiernos autonómicos.

Si el señor Montoro hubiese aplicado la ley en su debido momento, si no hubiese subido impuestos y hubiese rebajado el gasto con reformas de fondo, y si no hubiese perseguido políticamente y asfixiado financieramente a quienes mejor lo hacían al tiempo que contemporizaba e incentivaba el incumplimiento con quienes más incumplían, hoy el déficit regional estaría embridado y habríamos alcanzado los objetivos de España.

La culpa no es de las regiones, o al menos no sólo de ellas, sino sobre todo de un ministro que no ha estado a la altura ni del Gobierno del que todavía forma parte, ni de la misión que tenía encomendada. Cuarenta años después, y salvando las distancias, volvemos a asistir a otro “desastre sin paliativos”.

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