Tres cartas y una pregunta

septiembre 10, 2015
(Foto: santi / Flickr)

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En las últimas semanas, la “política” ha recuperado el género epistolar. Comenzó Felipe González con una carta a los catalanes, la segunda entrega vino de la mano de Duran i Lleida y, la última, del propio Artur Mas. Y, como la cosa va de cartas, el Gobierno de la Nación no podía abstenerse de tomar cartas en el asunto y anunció una proposición de Ley de reforma del Tribunal Constitucional.

Cada una de las cartas, el contenido y las reacciones alrededor de la misma daría mucho de sí, pero intentaré ser lo más esquemático posible sin obviar ninguna de ellas, pues todas merecen atención.

La carta de Felipe González

Lo escrito parecía una enmienda a la totalidad de su otro yo, aquél que escribió un artículo junto con Carme Chacón, Apuntes sobre Cataluña y España, en el que ambos disparaban, por un lado, contra el fallo de la sentencia del TC respecto del estatuto de Cataluña, donde acusaban a los magistrados de “un desconocimiento de la diversidad catalana en la realidad española. Usa expresiones ofensivas: ciudadanía catalana como «una especie de subgénero de la ciudadanía española”; y, por otro, al Partido Popular pues el problema no radicaba “en este Estatut, a pesar de las insidiosas campañas del Partido Popular sobre la ruptura de España”.

En el artículo citado, como tampoco en la carta, no hacía ni una sola mención a la corresponsabilidad de su propio partido en el delirio nacionalista.

Si alguien estaba preocupado por la salud del ex presidente o pensaba que éste estuviera sufriendo un desdoblamiento de su personalidad, que esté tranquilo. Es coherente consigo mismo, a excepción de la carta, pero ha vuelto al redil del compadreo socialista con el nacionalismo – ahí está esa Tercera Vía, último invento al que se ha sumado el PSOE para no tener que definirse –. Lo que sí es preocupante es la facilidad con la que algunos han agradecido la carta de Felipe González.

La carta de Durán

Durán, cual oráculo, avisó al presidente del Gobierno de que se iba “a encontrar con una declaración unilateral de independencia que algunos van a hacer en el Parlament”. Los “algunos” eran sus exsocios convergentes, de los que ahora reniega y a quienes ha dado su apoyo hasta hace prácticamente nada. Ha sido el cooperador necesario del desafío secesionista. Ahora apela a sus raíces democristianas (en función del interés) de que “no hay nación sin personas. Ante todo sitúo la persona, su dignidad y su razón de ser colectiva”. Antes priorizaba el territorio sobre las personas.

Hay quien confía en la estrategia de revitalizar al “catalanista moderado” para debilitar la lista del señor Mas. Mal síntoma ese de depositar parte de la artillería contra el secesionismo en manos de uno de sus arquitectos. Mala idea el perseverar en mantenerle como cooperador necesario al servicio de otra causa que nunca ha dejado de ser la misma: seguir disfrutando de los parabienes del poder.

La carta de Mas

La carta de Mas no va dirigida a los españoles, está dirigida a una realidad paralela que sólo encuentra encaje en la huida hacia adelante de los Convergentes y sus socios. Sólo así se puede entender que el señor Mas afirme que Cataluña “ha amado la solidaridad y la fraternidad con España y con Europa. Y en el caso de España lo ha hecho a pesar de la ausencia de reciprocidad” y obvie, como todo mal gobernante, sus responsabilidades en la pérdida de calidad democrática de sus conciudadanos –allí donde no hay Ley, ni hay Libertad ni hay democracia y de poder adquisitivo y endeudamiento de las futuras generaciones de catalanes.

Las cartas del Gobierno de la Nación
(Foto: strudelt / Flickr)

(Foto: strudelt / Flickr)

El anuncio de la proposición de Ley de reforma del Tribunal Constitucional tiene claros tintes electoralistas. Si bien el contenido de lo propuesto es positivo y necesario, llega tarde y con retraso y abre interrogantes de difícil respuesta: ¿Por qué el Gobierno del PP no retomó a principios de legislatura los artículos 506 bis y 521 bis del Código Penal que introdujo el Gobierno de José María Aznar ante la amenaza de Ibarretxe de convocar un referéndum en 2003 y que Zapatero derogó en 2005?[1] O ¿por qué no los ha introducido ahora en vez de meterse en el debate sobre el TC?

.Sello

 

Notas

[1] El Gobierno del PP aprobó en 2003, ante la amenaza de Ibarretxe de convocar un referéndum, la Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal. A través del artículo 2 de esta Ley se introdujeron los artículos 506 bis, 521 bis (y 576 bis) en el Código Penal, en los siguientes términos:

Artículo 506 bis

  1. La autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.
  2. La autoridad o funcionario público que, sin realizar la convocatoria o autorización a que se refiere el apartado anterior, facilite, promueva o asegure el proceso de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien carece manifiestamente de competencia o atribuciones para ello, una vez acordada la ilegalidad del proceso será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.

Artículo 521 bis

Los que, con ocasión de un proceso de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien carece manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, participen como interventores o faciliten, promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogó dichos artículos con el apoyo de CIU, EAJ-PNV, ESQUERRA REPUBLICANA, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Coalición Canaria a través de la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal.

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