Sociedad civil y régimen fiscal: cuestión de prioridades, por Ricardo Calleja

Hace poco me preguntaron, durante las negociaciones entre el PP y Ciudadanos: “si tuvieras que tomar una única medida de reforma institucional en España, ¿cuál sería?”. “Una nueva ley de mecenazgo”. Silencio desconcertado. “Ley ¿de qué?”. Así que me vi obligado a explicar a lo que me refería. En este post haré lo mismo, con algunas sugerencias concretas, que extraigo de una propuesta de Principios.

En los tatcherianos 80 se hizo famoso el lema “menos Estado, más mercado”. En la opinión pública de nuestro país es frecuente oír que aquella actitud neoliberal es lo que nos llevó a la crisis económica y se pide más Estado (nacionalizaciones, más regulación, más control) y menos mercado. Pero cabe plantear el debate desde otra perspectiva. Alexis de Tocqueville (1805-1859) estudió la democracia americana y descubrió que lo que evitaba el peligro de una tiranía de la mayoría (o de la ausencia de mayorías, tendríamos que decir en nuestra coyuntura…) es una sociedad civil fuerte, donde las asociaciones de todo género cultivan el sentido de la responsabilidad y de la solidaridad que orientan el ejercicio de la libertad del individuo, que la democracia protege, y sin los cuales esta no existe.

Una nueva cultura de la sociedad civil

Ante los problemas de justicia política y social que se van poniendo de manifiesto en nuestro país y en nuestro entorno, la respuesta no es más socialdemocracia, pues esa es precisamente la causa de algunos de nuestros problemas más agudos, como el hundimiento demográfico. Pero tampoco pienso que baste la solución de “liberalizar los mercados”, pues no siempre se dan las condiciones básicas culturales y legales para que los mercados sean justos y eficientes.

La experiencia en todo el mundo muestra que el emprendimiento social puede llegar en tareas asistenciales, educativas y culturales, a donde el mercado no llega, y muchas veces lo hace con mejores resultados que la intervención pública. Pero, sobre todo, la iniciativa social es manifestación de creatividad y de verdadero sentido de comunidad: por eso debe reconocerse como un derecho.

Una cultura de la sociedad civil solo será posible si se liberan las fuerzas parasitadas por un régimen fiscal que asfixia la iniciativa social. Es necesario por eso un nuevo régimen fiscal para las organizaciones sin ánimo de lucro en el ámbito cultural, artístico, educativo, asistencial, etc.

Un nuevo marco fiscal para el mecenazgo y la iniciativa social

La vigente Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, supuso un aumento de los incentivos fiscales al mecenazgo ya previstos en la anterior ley que tuvo como efecto el aumento de número de entidades acogidas a este régimen y sobre todo de las cantidades que hacia ellas se han canalizado desde el sector privado. Ha demostrado que el margen de crecimiento de este sector es amplísimo, y que las medidas tomadas son insuficientes. Pero sobre todo refleja una desconfianza estructural hacia la iniciativa social, o dicho de otro modo, un principio de reparto de tareas entre sociedad y Estado que es lo opuesto a la subsidiariedad, tal como viene entendida por el humanismo cristiano. La comparación con el régimen fiscal de las non-profit en Estados Unidos, por ejemplo, demuestra que hay un gran margen de mejora.

Butacas del Liceo de Barcelona (Foto: La Tête Krançien / flickr)

Butacas del Liceo de Barcelona (Foto: La Tête Krançien / flickr)

Una nueva ley que de verdad quisiera contribuir a una nueva cultura de la sociedad civil, y potenciar de verdad la iniciativa particular para la solución de los grandes problemas comunes, podría establecer los siguientes incentivos fiscales:

  1. Elevación de los porcentajes de deducción fijados actualmente en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF en el 35% y 25%, respectivamente, en el 70% para los dos impuestos, con límites máximos generosos;
  2. Incentivar las pequeñas donaciones dinerarias mediante la deducción al 100% de los primeros 200 euros, por ejemplo;
  3. Reconocimiento de las prestaciones de servicios gratuitos como aportaciones deducibles en el Impuesto sobre Sociedades o, en su caso, el IRPF del empresario prestador;
  4. Conseguir que los servicios que presten las entidades sin fines lucrativos, y entre ellas las culturales, gocen de una exención real en el IVA, de forma que se puedan beneficiar de ellos un mayor número de personas y a más bajo coste.

Por supuesto, estas medidas deberían aplicarse a todas las entidades que persigan fines de interés general, no solo a las específicamente culturales: sociales, asistenciales, sanitarios, docentes, cívicos, cooperación al desarrollo, medioambientales, etc.

Una alianza ideológicamente transversal

La variedad de sensibilidades socio-políticas que estas organizaciones representan es ocasión para la creación de un movimiento transversal favorable a estas reformas. Una ley de mecenazgo podría recabar el apoyo tanto de organizaciones “conservadoras” como “progresistas”. Entre estas últimas están todas las que promueven la rebaja del IVA cultural.

¿Quiénes están en contra? En nuestra sociedad, permeada de una ortodoxia social-demócrata, es habitual que se vean las cosas al revés, como señalé más arriba: los problemas sociales son competencia del Estado; la responsabilidad de contribuir al bien común es exclusiva de las administraciones públicas; el juicio sobre cómo deben contribuir las personas a ese bien común corresponde a los políticos y funcionarios, y no a las personas individuales o a las instituciones intermedias, etc.

Cabría esperar que el PP, que dice encarnar la ideología liberal-conservadora, diera pasos audaces en la buena dirección. De hecho, así estaba en el programa electoral del primer gobierno de Rajoy (por cierto, ¿por cuál vamos?). El secretario de Estado de cultura puso sobre la mesa un proyecto –más modesto que lo que aquí he sugerido, pero con cara y ojos-, que pasó a dormir el sueño de los justos en el cajón de Montoro.

La política fiscal refleja sin trampa ni cartón las prioridades y valores de un gobierno. De momento no hemos visto ninguno que quiera potenciar la sociedad civil.

Ricardo Calleja Rovira

Doctor en Derecho. Cofundador y vicepresidente de Principios

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