Republicanismo o la democracia del conservador, por Jordi Feixas

El siglo XXI ha empezado entregado a la fiebre por lo nuevo y, sin embargo, nos impone uno de los debates más recurrentes –y más importantes– de nuestra historia política. Movimientos como la Primavera árabe, el 15-M, las nuevas formaciones políticas asamblearias o los movimientos extra partidistas para ganar elecciones puntuales comparten, en mayor o menor medida, una sospecha hacia la democracia representativa y también la demanda de una democracia más directa, popular o fiel al pueblo. Su aparición es tachada de populismo por unos y vista como una herramienta de justicia por otros. Y nosotros, que somos pacientes, volvemos a preguntarnos por una cuestión que ya fue de gran importancia para muchos pensadores del pasado: la cuestión de las formas de gobierno.

Una de las grandes reivindicaciones del progresismo de nuestro tiempo es la defensa del empoderamiento del pueblo, esto es, de la toma por parte de la ciudadanía de aquello que una casta ilegítima ha secuestrado durante demasiado tiempo. Otra gran reivindicación es la legitimidad de la revolución –esto es, del incumplimiento de la ley– cuando la ley frena la voluntad de una parte significativa de una comunidad. De entrada, estas demandas no parecen absurdas, teniendo en cuenta que piden dar al pueblo lo que es del pueblo –su soberanía–, en un régimen que se dice demo-crático. Las cosas, por supuesto, son mucho más complejas.

Para pensar nuestro problema, tal vez sería pertinente recordar algo que los clásicos tenían muy claro y que el presente habitualmente parece haber olvidado. No se puede hablar de formas de gobierno sin hablar de regímenes políticos, cosa que implica que no podemos hablar de política sin hablar de moral. Los clásicos sabían bien que toda forma de gobierno está íntimamente relacionada con una forma de vida, con un tipo de carácter y con un ideal que las personas valoran por encima de cualquier otro. En democracia, este ideal es, posiblemente, la igualdad. Una igualdad que puede referirse a esferas distintas de la vida humana y no necesariamente a la vez. El caso extremo de dicho ideal quizás sea la defensa de la igualdad en la valía de las personas. Bien porque todos nacemos con el mismo valor por el hecho de ser humanos, bien porque damos por asegurada la igual validez de toda creencia, cualquier elemento que suponga la diferenciación de una persona por encima de otra huele inevitablemente a elitismo injustificado.

Ante esto, el conservador sigue reclamando la diferenciación política como un factor que salvaguarda nuestras comunidades. No es que el conservador menosprecie la implicación de las personas en los asuntos comunitarios. De hecho, considera que las personas son, primariamente, fruto de la comunidad y de la tradición que las ha visto crecer y sabe que una parte fundamental del florecimiento personal –de la virtud– es fruto de la participación en diversas prácticas que se dan en el contexto de instituciones comunitarias: escuelas, iglesias, asociaciones, partidos… Tampoco es que el conservador confíe ciegamente en la guía política de una élite intelectual. Más bien sospecha de la llegada del científico social dispuesto a hacer de la sociedad la sociedad racional. Con demasiado conocimiento para ser escéptico y con demasiado poco para ser dogmático, sabe de las limitaciones de todo planteamiento teórico sobre lo político y, precisamente por esto, valora la necesidad del máximo consenso posible y las lecciones transmitidas por la propia tradición. Sabe que dichas lecciones son la principal semilla de la sabiduría práctica y que debe valorarse a los líderes prudentes, esto es, prácticamente sabios. Además, tiene muy presentes los peligros que conlleva olvidar que una cosa no es buena por el simple hecho de que muchos la quieran y recuerda que la ley supone un límite saludable a los excesos que siempre esconden nuestras más nobles esperanzas políticas.

El realismo del conservador lo empuja, entonces, a recordar aquello que ya decía James Madison en los Federalist Papers, que “El fin de toda constitución política es, o tendría que ser, primero obtener como gobernantes personas que posean la mayor sabiduría para discernir, y la mayor virtud para perseguir, el bien común de la sociedad, y segundo tomar las mayores precauciones para mantenerlos virtuosos mientras ejercen su responsabilidad pública”. Decir que los mejores tienen que estar vigilados es decir algo muy importante sobre los mejores que podemos esperar, pero sin olvidar que deben ser los mejores. No contar con ellos en la gestión de lo público sería pasar por alto la fragilidad de lo común, que debe protegerse con la ley de nuestras ocurrencias mayoritarias, recordando también que esa misma ley necesita un consenso amplio para poder subsistir.

La mirada conservadora considera que encontrar dicho equilibrio no es cosa que pueda hacer cualquiera, sino únicamente las personas prudentes. Por eso, el conservador sigue reivindicando el republicanismo, que no es otra cosa que la defensa de un sistema mixto donde los muchos eligen, valoran y juzgan con su voto a los más prudentes para que lideren sus destinos comunitarios. “Ley y prudencia” bien podría ser una máxima conservadora, que se explicaría diciendo que hay que respetar siempre la ley, pero sin olvidar que ésta debe dejarse en manos de los prudentes que sean capaces de adaptarla cuando así lo requiera la situación de la comunidad.

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