Pensiones y responsabilidad (II): el caso chileno, por Jaime Martínez Muñoz

El debate de las pensiones sigue cobrando una especial relevancia tras las últimas noticias publicadas en torno a la situación financiera de nuestro modelo de Seguridad Social, el cual, tal y como hemos venido explicando en las páginas de Floridablanca, viene arrastrando una serie de problemas estructurales (como el envejecimiento de la población y la rigidez de nuestro mercado laboral) que han sido agravados por el contexto de los últimos cinco años de crisis, donde la población activa que ha de financiar a la Tesorería General de la Seguridad Social se ha reducido en 800.000 personas desde 2012.

Como resultado, los últimos datos confirman que el patrimonio neto de la Seguridad Social, a cierre del año 2016, arroja un descubierto de 176 millones de euros, lo cual, en el caso de una empresa privada, calificaría tal situación como de quiebra técnica.

El gobierno, incapaz de reconocer expresamente el agotamiento del sistema puro de reparto, se ve obligado a encorsetar aún más los límites del Pacto de Toledo planteando nuevos impuestos especiales sobre el trabajo que complementen a las cotizaciones sociales, o buscando fórmulas que penalicen los efectos perniciosos del modelo, entre los que cabe destacar dos:

Primero, el riesgo moral: dado que el trabajador devenga un derecho a percibir su prestación en el momento de la jubilación, la responsabilidad de asumir esta obligación no será suya, sino que recaerá en la población activa que en ese momento sostenga a la población jubilada.

Segundo, el free rider o efecto polizón: los esquemas públicos de pensiones fomentan la jubilación anticipada por parte de los trabajadores, un hecho confirmado en el caso español. En el año 2016, hasta un 44,6% de los nuevos jubilados se retiraron de manera anticipada.

Sin embargo, resulta ilógico de todo punto pretender solventar estos efectos inherentes al modelo sin salir del mismo, por lo que es imprescindible abrir un debate serio que examine otras alternativas. Entre estas, la más relevante es la reforma del sistema chileno de pensiones, privatizado en 1980 por el entonces Ministro de Trabajo, José Piñera, y que se mantiene vigente en nuestros días.

En esencia, el modelo se basa en el denominado sistema de capitalización individual, que, desde un punto de vista teórico, consiste en que cada trabajador ahorra un porcentaje de sus ingresos a lo largo de toda su etapa productiva para gozar de su propia pensión en el momento de la jubilación, rentabilizando dicho capital a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), instituciones responsables de administrar las cuentas individuales de los pensionistas.

Este sistema implica que la aportación del Estado queda reducida a una pensión mínima asistencial para aquellos casos en los que por falta de previsión o mala suerte, los pensionistas no hayan ahorrado lo suficiente. De este modo, los trabajadores cuentan con mayor renta disponible y asumen la responsabilidad de asegurarse su propia jubilación, sin depender del compromiso por parte de las generaciones futuras y eliminando los problemas de riesgo moral y free rider antes mencionados.

Visto el modelo teórico, cabe preguntarse por los resultados generados en Chile. Después de 37 años de su puesta en práctica, la rentabilidad media de los fondos de los trabajadores ha sido de un 8%, descontando la inflación, siendo un ratio muy superior a la rentabilidad ofrecida por la mayoría de productos financieros.

Sin embargo, la principal crítica que esgrimen los detractores del sistema chileno es que, en la actualidad, la tasa de reemplazo (medida como el porcentaje de pensión que va a percibir el pensionista en relación a su último salario) es del 35%, mientras que en España es del 75%. Comparando ambas cifras, el sistema de reparto resulta aparentemente más ventajoso para los trabajadores. No obstante, esta diferencia es engañosa si no atendemos al porcentaje de ingresos que aporta el trabajador español frente al trabajador chileno para financiar las pensiones y obtener su tasa de reemplazo. De este modo, observamos que, en concreto, el trabajador chileno contribuye aproximadamente con un 10% de su salario a financiar su propia pensión, mientras que el trabajador español aporta casi un 35% en términos de cotizaciones sociales.

Por tanto, y tal y como han señalado muchos economistas, si los trabajadores chilenos aportasen la misma proporción de salario que la de los trabajadores españoles, la tasa de reemplazo ascendería al 105%, siendo muy superior a la tasa española. El error del modelo chileno fue fijar la tasa de aportación a las AFPs en un 10%, pensando que sería suficiente para gozar de una tasa de reemplazo satisfactoria, en lugar de permitir que sea cada trabajador quien, en base a sus circunstancias particulares, decida en qué medida quiere contribuir.

En virtud de la experiencia de Chile, es preciso señalar que el sistema de capitalización individual, si bien está abierto a muchas mejoras, puede ofrecer mejores resultados que el actual sistema de reparto español, por lo que se requiere una evaluación seria de esta y otras alternativas que permitan a España a una reforma del sistema actual de pensiones, en consonancia con muchos de los países de su entorno, como el caso de Suecia, que a pesar de ser el ejemplo manido de la socialdemocracia, hace ya más de dos décadas que cuenta con un sistema mixto entre capitalización simple y reparto.

Jaime Martínez Muñoz
FLORIDABLANCA CAFÉ

Implícate

Desde Floridablanca necesitamos tu apoyo moral y material para poder llevar a cabo nuestro proyecto

Implícate

Archivos

Categorías