Para reducir la Corrupción hay que reducir el Poder, por Félix Moreno

Los políticos que prometen reformar las instituciones para reducir la corrupción fracasarán, si es que sus proclamas reformistas eran sinceras, si acometen la labor de reducir la corrupción sin tener en cuenta las causas de la misma y la amplia experiencia histórica de fracasos en este tipo de reformas.

El rigor exige definir la corrupción, ser capaz de medirla con algún criterio objetivo que nos permita evaluar el éxito de cualquier reforma o medida y finalmente conviene acudir a la historia y el derecho comparado para descubrir qué medidas han funcionado. Cualquier programa de reformas que obvie estos tres pasos sencillamente no es serio.

Podemos definir la corrupción política como el abuso de un cargo público para obtener una ventaja privada en detrimento del interés general. Esta definición engloba toda una serie de comportamientos indeseables en nuestros funcionarios y representantes: soborno, extorsión, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, etc.

Dado el secretismo que la envuelve, es difícil medir con precisión y objetividad la corrupción, pero hay organizaciones que lo intentan, como es el caso de Transparencia Internacional que cada año publica su ranking de percepción de la corrupción. España figura entre los peores países de nuestro entorno. No obstante conviene mencionar que estas encuestas de percepción de la corrupción reflejan un decalaje o retraso de años: la percepción de la corrupción empeora cuando saltan a la luz casos de corrupción que se produjeron años atrás.

Si hubiese que parametrizar el nivel real de corrupción (no su percepción) para aislar sus elementos en aras de reducir sus causas… podríamos utilizar esta ecuación:

C = X * h  * (i – r)

Corrupción = Cuantía x honestidad x (incentivo – riesgo)

El nivel de corrupción depende directamente de la cuantía monetaria sobre la cual el funcionario o institución tiene poder de decisión multiplicado por el coeficiente de (des)honestidad de los funcionarios/representantes y por el índice de incentivo para malversar, que se compone del soborno menos el riesgo en que se incurre al corromperse. A su vez podemos descomponer el riesgo en la pena multiplicada por la probabilidad de que esta se imponga.

Por ejemplo en el caso de que los cargos públicos tengan el poder de decidir contratos por valor de 100 millones y sólo uno de cada diez sea poco honrado, las empresas adjudicatarias estén dispuestas a pagar el 5% de la cuantía en sobornos y el riesgo sea del 2% (valor de la pena por la probabilidad de condena):

C = 100.000.000 x 0,1 x ( 0,05 – 0,02) = 300.000

La verdad es que conociendo los presupuestos de las comunidades autónomas de Madrid, Valencia, Cataluña o Andalucía y viendo la cuantía de los escándalos que están ahora mismo siendo juzgados… sólo puedo pensar que “h” es mucho peor en la realidad que en el ejemplo propuesto y que “r” ha sido durante mucho tiempo infinitesimal.

Descomponer la corrupción en estos elementos básicos puede servir para analizar la efectividad de las medidas para reducirla.

Debe reducirse el incentivo a la corrupción y aumentar su riesgo. Hay que reducir la rentabilidad de ser corrupto. Esto parece sencillo, pero en la práctica nos encontramos con que quien ha de aprobar reformas es un grupo de legisladores entre los cuales habrá corruptos… y estos tendrán un fortísimo incentivo para colar una vía de escape o excepción a cualquier ley que les perjudique. Como siempre nos topamos con el “qui custodiet ipsos custodes”. En este aspecto hay que confiar en la prensa, los jueces y unos ciudadanos alerta más que en nuevas leyes. Existe Wikileaks. Cada vez es más fácil denunciar a un corrupto.

Lo segundo que hay que intentar es mejorar la honestidad de los cargos públicos. No creo en utopías que cambien la naturaleza del ser humano… pero sí creo en mecanismos que filtren y seleccionen según criterios virtuosos. Si mediante una mayor transparencia y algún mecanismo de selección (por ejemplo listas electorales abiertas) se puede reducir el porcentaje de corruptos desde un 10% a un 5%, habremos mejorado mucho.

Hasta aquí todo es muy bonito y bienintencionado, aunque de resultados marginales. Estas medidas han funcionado en mayor o menor medida en países de nuestro entorno. Sin embargo, lo único que ha funcionado de forma contundente a lo largo de la historia para reducir la corrupción de forma considerable ha sido centrarse en la parte clave de la ecuación: “X”.

Lo único que de verdad es efectivo es reducir la cuantía monetaria sobre la cual tienen poder de decisión arbitrario los políticos y funcionarios. Cuanto más reglado y automático es un procedimiento, menos necesidad hay de que una persona tome la decisión final y por tanto menos ocasión hay para influir en esa decisión de forma ilegítima.

Un régimen de concesión de licencias es más propenso a la corrupción que uno de autorizaciones, este lo es más que uno de seguros obligatorios y un régimen de libertad hace al político irrelevante, impotente y por lo tanto elimina la ocasión para la corrupción. Una ley del suelo clara, que de una sola vez divida toda la superficie en urbanizable y protegida, hace innecesario el juego de sobornos e influencias que rodean cada pocos años a los sucesivos PGOUs. Unas pocas normas, claras y conocidas por todos siempre requerirán de menor interpretación por parte de los poderes públicos y por tanto de menor arbitrariedad.

En palabras de Tácito: “Cuánto más corrupto es el Estado, más numerosas las leyes”.

La única solución verdadera para reducir la corrupción pasa ineludiblemente por reducir el poder de los políticos y funcionarios. Esto reduce las oportunidades y a la vez los incentivos para la corrupción. El Poder corrompe. Probemos a darle menos poder sobre nuestras vidas y nuestro dinero a los agentes del Estado y veremos cómo los ambiciosos y avariciosos abandonan el servicio público.

Un último aviso a navegantes: Si prometen reducir la corrupción a la vez que aumentan el Poder y Presupuesto del Estado… mienten.

Félix Moreno

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Perfil de corrupción en España, Transparency International (en inglés)

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