Un nuevo impulso reformista para la economía española, por Jaime Gormaz

Foto: La Moncloa - Gobierno de España / Flickr

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La actual legislatura se inició en el mes de julio de 2016 marcada en lo económico por el ajuste en las cuentas públicas, exigido cada vez con más vehemencia por las autoridades europeas. Un ajuste derivado del incumplimiento sistemático de todos y cada uno de los objetivos de déficit y deuda pública previstos para el período 2012-2015.

En el año 2015, y a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular desde 2012, el déficit público se situó en el 5,2% del PIB, frente al objetivo fijado en el 4,2%. El resultado quizá más visible de dicho incumplimiento se manifestó a lo largo de 2016 en forma de amenaza de multa por parte de la Comisión Europea. Pero tener en cuenta tan solo la presión de las instituciones comunitarias resulta insuficiente para evaluar la situación vivida desde 2011. Las implicaciones derivadas de la falta de control sobre las cuentas públicas son desgraciadamente mucho más profundas para el Partido Popular y, sobre todo, para España.

El Gobierno de Rajoy, que disfrutó tras las elecciones generales del año 2011 de mayoría absoluta, tenía que ofrecer, por encima de todo, un proyecto basado en la credibilidad y en la estabilidad. La reducción del déficit y la deuda tenían que haber constituido un pilar fundamental del nuevo rumbo que tomaba España para salir de la crisis. El incumplimiento de los objetivos macroeconómicos orientados a estabilizar las cuentas públicas ha supuesto para el PP la pérdida de buena parte de esa credibilidad y esa legitimidad que emanan del cumplimiento de los compromisos asumidos en la labor de gobierno.

El problema no es sólo que el Partido Popular haya dejado de ser percibido por muchos de sus antiguos votantes como un partido capaz de ofrecer un proyecto de futuro para España. Es que, además, con esta losa, nuestro país tiene muy difícil ser considerado un país fiable y a la vanguardia de la zona euro, algo que requiere controlar el gasto público y fortalecer el tejido productivo a través de reformas estructurales.

En el año 2016, el Gobierno de Mariano Rajoy cumplió con el objetivo de déficit, por primera vez desde su llegada al poder en el año 2011, al cerrar las cuentas públicas con el 4,3% de déficit, pero gracias a que Bruselas elevó al 4,6% el límite que inicialmente había establecido en el 2,8%.

Lo cierto es que el proceso de reducción del déficit público durante estos años ha sido muy lento, tan lento que ha hecho crecer el endeudamiento público desde los 743.530 millones de euros (69,50% del PIB) hasta los 1.106.952 millones de euros (99,40% del PIB).

Además, este espectacular incremento de la deuda pública de 30 puntos porcentuales del PIB se ha producido en un contexto de subidas impositivas, y al tiempo que se reducía el endeudamiento privado de las empresas y las familias. A partir del año 2011, el Gobierno debía haber seguido el ejemplo del sector privado, reduciendo el gasto mucho más de lo que lo hizo. Una reducción que requería reformas estructurales para conservar los servicios esenciales y garantizar la estabilidad a largo plazo. En su lugar, las subidas de impuestos han resultado un parche temporal que está perjudicando a la actividad económica.

A pesar de ello, en estos primeros meses de legislatura, el Gobierno ha mantenido una política económica continuista, anunciando nuevas alzas impositivas y confiando en el crecimiento para complementar la subida de ingresos. Una receta que ahonda en el conformismo y la falta de visión a largo plazo que tan magros resultados han ofrecido hasta ahora.

La realidad es que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha explicado con rigor a los ciudadanos los verdaderos desafíos que tenemos por delante. España ha situado el nivel de endeudamiento público en el 100% del PIB. Esta situación limita extraordinariamente nuestra capacidad de aumentar el poder adquisitivo para los próximos años y deja a nuestra economía en una situación de enorme debilidad ante las incertidumbres que plantea el escenario internacional.

El aumento de la inflación y el cambio en la política de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo dañarán aún más el poder adquisitivo, principalmente de las clases medias de nuestro país. En el caso de la política monetaria, el elevado endeudamiento ha tenido un impacto mitigado en el capítulo de gastos financieros debido al bajo nivel de tipos, pero una próxima subida de precios y tipos de interés tendría un impacto muy negativo sobre las cuentas públicas hasta hacerlas insostenibles.

La falta de flexibilidad de nuestro mercado de trabajo sigue siendo otro serio obstáculo para reducir la tasa de paro. La economía española muestra grandes dificultades para aumentar sus ratios de productividad, única forma sostenible en el tiempo de incrementar los salarios y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

O España lleva a cabo profundas reformas que doten de mayor dinamismo a su economía o, de lo contrario, en los próximos años su potencial de crecimiento y su capacidad competitiva y de generación de empleo serán cada vez menores. Ahondar en una política basada en más intervencionismo y más presión impositiva significa alejarse del modelo de éxito que a finales de los años 90 dio lugar a una de las etapas más brillantes de nuestra historia económica.

Tenemos que apostar por la confianza en la iniciativa privada, la liberalización de los mercados de productos y servicios, los bajos impuestos y un Estado de Bienestar eficiente y sostenible. Necesitamos recuperar el prestigio y la credibilidad que hemos perdido en la última década y situar así de nuevo a España a la vanguardia de las economías más estables y prósperas de Europa.

Jaime GormazApp-Twitter-icon
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