Los Presupuestos que España necesita

El Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes (Foto: Pool Moncloa/J.M. Cuadrado / La Moncloa)

El Portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes (Foto: Pool Moncloa/J.M. Cuadrado / La Moncloa)

A lo largo del día conoceremos el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Ante esta situación, el Gobierno tiene que tener varios factores en cuenta. El primordial consiste en que las cuentas deben permitir cumplir con el objetivo de déficit previsto por Bruselas y en la minoración de la deuda pública. Para ello, el Ejecutivo tiene que decidir entre aumentar la recaudación o reducir los gastos con, entre otras medidas, el adelgazamiento de las cuentas en partidas innecesarias. Los Presupuestos no pueden firmarse en clave electoral. La Ley debe regirse por los intereses del país, por lo que España necesita.

Reducir la administración pública y el gasto es un imperativo que debe corregir las políticas económicas desarrolladas hasta la fecha. La reducción de los gastos junto a la rebaja real de impuestos, algo que incluso aliviaría los efectos de los recortes en el gasto público, deben ser la senda a seguir por nuestros representantes. Presentar como un gran logro político que los impuestos no subirán y a la vez afirmar que estos “aliviaran” a la clase media es un ejercicio de demagogia sin igual. Lo único que puede aliviar a la clase media es una bajada de impuestos unido a el descenso de los impuestos de Sociedades, de Transmisiones Patrimoniales, de Patrimonio y de las Personas Físicas, supondría un estímulo a los bolsillos de todos y a la generación de riqueza. Una apuesta decidida por la I+D y un descenso del gasto en infraestructuras o en las CCAA, pueden ser partidas que ajusten de forma realista nuestros Presupuestos. Muchas CCAA han incumplido el déficit de forma sistemática los últimos años, nueve este último año, y han generado los grandes desbarajustes en el déficit pactado. Su control, mediante el cambio en la actual normativa estatal que impide bajar el gasto en las CCAA, estaría más que legitimado. Esto significaría que las CCAA podrían aplicar ajustes en el gasto en línea con la ley de estabilidad.

Sin duda, las intensas consignas de la UE hacen que el Presupuesto a aprobar por el Ejecutivo se deba guiarse por los criterios de estabilidad y responsabilidad, promoviendo el ahorro en lugar del gasto. Aunque no debe obviarse que la crisis de deuda, en el empleo y en los aspectos demográficos, son los asuntos que ahora generan los principales problemas de gasto en nuestro país, y que estos deben solucionarse. Las propuestas deberían ir en torno a reducir el sector público para que este deje iniciativa y no genere extracción de los recursos del sector privado. El pacto que pretenden firmar gobierno y sindicatos para la convocatoria de más de 250.000 plazas de funcionarios en tres años va en la dirección equivocada. Son innumerables y disparatados los gastos que además impiden crear riqueza, aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos y generar nuevos puestos de trabajo. Medidas correctas generarán cotizantes, riqueza y menor gasto.

La alarmante situación del desempleo y de las arcas en relación a la Seguridad Social, que sufre ya un déficit de 18.000 millones -el mayor déficit de su historia- debe tratarse con más libertad empresarial para crear actividad económica y, por lo tanto, puestos de trabajo y oportunidades de inversión. Para ello sería de gran interés la disminución de cuotas de seguros sociales para la contratación, un empujón a los servicios de colocación y la valoración de un nuevo sistema de capitalización para las jubilaciones futuras. En caso contrario, España deberá financiarse de forma más cara en los mercados pues, en virtud a las actuales cifras, no será capaz de conseguir una compra a menor interés de la que actualmente dispone. Si los tipos de interés crecen, eso va a suponer que la financiación de la deuda pública nos costaría más.

Tampoco se debe olvidar que el presupuesto debe ser realista alrededor del contexto macroeconómico actual. Debe tener en cuenta no solo el objetivo de déficit, también el crecimiento previsto del PIB, los gastos de deuda, el precio del crudo, así como los ingresos fiscales y los posibles acontecimientos políticos que puedan sucederse en el resto de países de nuestro entorno (Brexit, USA, Francia y el resto de la UE).

En estos momentos, todos los posibles socios del Ejecutivo parecen más dispuestos a aprobar unos presupuestos que amplíen gastos y no que apuesten por todo lo contrario. Incluso el Gobierno también parece adosarse a ese espíritu y anuncia la creación de empleo público y de otras medidas que envidan al gasto. Los Presupuestos Generales del Estado suponen una de las grandes bazas económicas para todos los ámbitos de la sociedad y son la clave de bóveda para muchas actividades económicas que se realizan en nuestro país. Por ello deben preocuparse de eliminar muchos gastos superfluos que todavía se acometen en el Estado y en las autonomías. Es el momento de gestionar una situación política en términos económicos y no electorales, con la frialdad y el pragmatismo de generar el mayor beneficio para los ciudadanos, y eso implica sacrificios, seriedad y apuesta por la mayor de las libertades económicas. Lo contrario podría sumir a España en una nueva recesión y crisis de deuda a medio plazo.

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