La Izquierda Abertzale y las “sociedades amenazadas”, por Javier Lesaca Esquiroz

El terrorismo es un fenómeno complejo que no surge de manera repentina. De hecho, los actos de violencia física contra la sociedad civil son sólo la punta del iceberg de una maquinaria de ingeniería social y de violencia “de baja intensidad” construida durante años con un doble objetivo: radicalizar a una parte de la sociedad para que justifique y apoye el uso de la violencia como una herramienta política legítima; y, por otra parte, imponer un régimen de coacción entre la opinión pública que arrincone y silencie de facto a todos los ciudadanos que se opongan al proyecto político del grupo terrorista. Es lo que en términos sociológicos se conoce como el fenómeno de “sociedades amenazadas” y que ha causado la expulsión o la “muerte política y social” de decenas de miles de ciudadanos vascos y navarros en las últimas décadas.

© Zorion, CC-BY-SA, Wikimedia Commons

© Zorion, CC-BY-SA, Wikimedia Commons

Todos los grupos terroristas conocidos hasta la fecha, sean de carácter etno-nacionalista o sean de inspiración etno-religiosa, han dedicado más infraestructura y recursos a sus aparatos de ingeniería social, que a sus comandos armados.

El caso de ETA no ha sido una excepción. Los terroristas de los comandos de ETA no hubieran podido asesinar a casi 1.000 ciudadanos españoles durante 50 años si no llega a ser porque tras ellos se escondía una enorme maquinaria social, política y mediática encargada de justificar, socializar, impulsar y defender esos crímenes ante la opinión pública, principalmente en el País Vasco y en Navarra.

Por eso, ahora que la Democracia, el Estado de derecho y el Imperio de la Ley han conseguido detener la maquinaria armada de ETA, es especialmente importante no perder la perspectiva y considerar que se ha ganado la batalla de manera definitiva. Al contrario, la batalla más importante aún está por ganar. ETA y su proyecto político no estarán derrotados hasta que se haya detenido y anulado toda la maquinaria de socialización del terror y del odio que han contribuido y siguen contribuyendo a implantar un régimen totalitario en localidades y regiones de España en pleno siglo XXI.

Sin duda hay motivos para el optimismo. Las últimas operaciones policiales contra la red de apoyo a los terroristas encarcelados de ETA o las operaciones contra la apología del terrorismo en las redes sociales son un buen ejemplo de que la lucha contra el entramado social y político del grupo terrorista sigue activa.  Sin embargo, también hay motivos que invitan al pesimismo. Y negarlos o no querer verlos puede contribuir a agravar las carencias democráticas que aún siguen sufriendo determinadas zonas del País Vasco y Navarra.

Un claro ejemplo de ello es la normalidad con la que el sistema político y el conjunto de la sociedad ha recibido la candidatura de Adolfo Araiz, encabezando la lista de Bildu al Parlamento de Navarra en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Adolfo Araiz fue miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna de 1991 a 1997, una época  en la que tanto él, como todos sus compañeros de HB, no solo callaron, sino que defendieron activamente la implantación de una campaña sistemática de terror y asesinatos impulsada por la banda terrorista ETA en el conjunto de España. Con especial intensidad en Navarra y en el País Vasco.

Esta campaña de terror masivo que se vivió durante los años 90 y comienzos del siglo XXI estaba vinculada con el cambio de estrategia que ETA realizó hace justo 20 años cuando fue aprobada la ponencia que propugnaba la “socialización del terror”: la ponencia Oldartzen. En términos reales, esta ponencia se traducía en que ETA comenzaba a considerar como objetivos prioritarios de sus campañas de terror a todas aquellas personas de la sociedad civil que supusieran un obstáculo para alcanzar su proyecto político. Esta estrategia, que fue sometida a votación por parte de ETA a sus miembros y a los de sus organizaciones políticas,  fue aprobada con los votos a favor de gran parte de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, incluido el de Adolfo Araiz, tal y como consta en una información publicada por el diario ABC el 26 de enero de 1995.

© ABC 26-01-1995

El pasado 25 de febrero, el diputado por UPN en el Congreso de los Diputados, Carlos Salvador, pidió públicamente a Adolfo Araiz que aclarara su implicación en la estrategia de “socialización del terror” aprobado por ETA en 1995. Adolfo Araiz debería de dar una explicación a estas informaciones sobre su pasado, que lo vinculan directamente con la estrategia de terror de ETA. Sin embargo, su respuesta ha sido el silencio. Ni siquiera un gesto de perdón o de arrepentimiento.

La persecución ideológica que se inició con la ponencia Oldartzen incluía, especialmente a concejales del PP, PSOE y UPN; a periodistas; a empresarios y a miembros de la sociedad civil. Con esta ponencia, ETA daba un importante paso estratégico, que suponía en palabras de Alex P. Schmid, considerar a las víctimas del terrorismo como “la piel del tambor que se golpea a fin de alcanzar un impacto calculado sobre una gran audiencia”[1] . Es decir, causar un pánico absoluto y generalizado en el conjunto de la sociedad vasca y navarra, con el fin de imponer un proyecto político de corte totalitario.

La primera victima de esta estrategia fue Gregorio Ordóñez, asesinado el 23 de enero de 1995 en San Sebastian. Al asesinato de Ordóñez le siguieron decenas de concejales, periodistas, jueces, fiscales… Pero quizás, lo mas grave de la campaña de socialización del terror, después de la tragedia humana del asesinato de personas concretas, fueron las campañas de acoso, coacción, amenaza y chantaje que se pusieron en marcha contra absolutamente todas aquellas personas que supusieron un obstáculo para el proyecto político del nacionalismo vasco radical. Una situación del llamado terrorismo de baja intensidad, pero de altísima eficacia, que provocó que todos los partidos políticos y agentes civiles no vinculados con el nacionalismo tuvieran enormes dificultades para hacer vida pública, generando el fenómeno antes definido de “sociedades amenazadas” y, consecuentemente, alterando de manera grave la realidad política y social de amplias zonas del País Vasco y Navarra.

5605400106_bd37df1d10_zLas consecuencias de esta socialización del terror aún se siguen sufriendo. Un claro ejemplo es el análisis político y social de las localidades gobernadas por Bildu en el País Vasco o Navarra. Por ejemplo, la Izquierda Abertzale, a través de Bildu o de sus agrupaciones electorales afines, controla una veintena de ayuntamientos de Navarra. En nueve de estas localidades,  no se pudo presentar ninguna lista alternativa a la de Bildu en las últimas elecciones municipales, a pesar de que existe un significativo número de ciudadanos que no votan a Bildu al Parlamento de Navarra. En otros seis casos, algunos de los partidos que osaron plantar cara a Bildu en las pasadas elecciones municipales no tuvieron más remedio que recurrir a personas de fuera del pueblo para completar las listas, ya que el miedo impidió a los ciudadanos concurrir libremente a las elecciones. Y en otros cinco casos, los miembros de listas distintas a las de Bildu han sufrido y siguen sufriendo todo tipo de acosos y marginación por parte de los simpatizantes de la Izquierda Abertzale.

La democracia y el Estado de derecho no son compatibles con la generación de “sociedades amenazadas”, ni mucho menos con políticas de socialización de terror, cuyas trágicas consecuencias se prologan durante décadas y generaciones. La democracia en España tiene el enorme reto de defender de manera pro activa, especialmente entre las nuevas generaciones, su sistema de libertades y el imperio de la ley.

Debemos de interiorizar que la democracia es más que votar cada cuatro años, que no todas las ideas tienen cabida en un sistema democrático, y que la inexistencia de acciones terroristas armadas tampoco es garantía de respeto a un sistema de libertades.

La democracia es un bien muy frágil que se debe de cuidar día a día. Las instituciones públicas y la sociedad civil tienen que velar activamente por el respeto y la garantía de los derechos humanos, la aplicación del Estado de derecho y el cumplimiento de las leyes, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, las elecciones libres y justas, así como la libertad de expresión y prensa: características, todas ellas, en las que la Izquierda Abertzale sigue mostrando importantes y preocupantes déficits que deben de seguir denunciándose públicamente.

Tratemos de aprender de nuestros errores y de evitar que trayectorias y proyectos políticos como el que representan Bildu y Adolfo Araiz lleguen a calar entre la sociedad, maquillados de una capa de cosmética democrática que oculta su verdadero carácter totalitario y liberticida.

Javier Lesaca Esquiroz

[Periodista e investigador]

Notas|

[1] P. Schmid Alex (2004) FRAMEWORKS FOR CONCEPTUALISING TERRORISM, Terrorism and Political Violence, 16:2, 197-221


floridablanca_final_round_azul_smallFloridablanca pregunta

¿Está definitivamente derrotada la organización terrorista ETA? ¿Qué hacer ante los políticos que apoyan o no condenan el terrorismo etarra? ¿Cómo erradicar el miedo en «sociedades amenzadas» como la vasca y la navarra?

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