Juicio por el 1-O, desafíos y riesgos, por Jesús Zarzalejos Nieto

El proceso penal contra los dirigentes del golpe separatista en Cataluña es, sin duda, el mayor desafío de la justicia española desde la restauración de la democracia en 1978. Me refiero a la justicia civil, porque los responsables del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fueron juzgados inicialmente por un tribunal militar. El desafío es doble. Por un lado, será la primera vez que se ponga a prueba la suficiencia del Código Penal actual para contrarrestar una estrategia planificada, metódica y constante de derogar la Constitución en Cataluña y separar esta Comunidad Autónoma del resto de España. Por otro lado, servirá para medir la primacía del Estado de Derecho sobre el entramado de intereses políticos ya manifestados acerca del futuro desenlace de este procedimiento. En efecto, han sido abundantes y reiteradas las declaraciones de miembros del Gobierno y del partido que lo sostiene expresando un parecer contrario o, al menos, discrepante, con las tres principales decisiones que se han adoptado o pueden adoptarse en este procedimiento. En primer lugar, se ha criticado el mantenimiento de la prisión provisional de algunos de los acusados. En segundo lugar, se ha cuestionado la calificación de rebelión contenida en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, frente a la de sedición expuesta en el escrito de la Abogacía del Estado. En tercer y último lugar, se está anticipando la creación de un clima propicio al indulto de los que pudieran resultar condenados, con un mensaje de confrontación dirigido al tribunal sentenciador.

Las acusaciones presentadas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo resumen las opciones penales de las que dispondrá este órgano para juzgar los hechos ocurridos en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017. La alternativa se construye con el delito de rebelión (Ministerio Fiscal y acusación popular) y el de sedición (Abogacía del Estado), que son los que pueden reflejar teóricamente lo sucedido en torno al 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia. Sin embargo, para llegar a estas acusaciones ha tenido que tramitarse una fase de investigación de la que ha resultado un auto de procesamiento firme, confirmado por la Sección de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha funcionado como órgano de apelación y respaldado de forma unánime por los ahora acusadores, incluida la Abogacía del Estado. Ese auto de procesamiento calificaba los hechos como delito de rebelión porque consideraba acreditada la comisión de actos públicos y violentos en los términos exigidos por el artículo 472 del Código Penal; violencia tendente a facilitar alguno de los objetivos propios de la rebelión, en este caso, la separación de una parte del territorio nacional. Es cierto que el auto de procesamiento firme no vincula a los acusadores en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, pero sí en los hechos mismos por los que se puede acusar y en las personas contra las que se puede dirigir la acusación. Por tanto, la calificación de las conductas de los acusados como rebelión no es una ocurrencia política, ni una extravagancia jurídica: se ha ido decantando a lo largo de la fase de instrucción, ha sido avalada por otros magistrados de la propia Sala Segunda, constituidos en órgano de apelación (que no participarán en el juicio oral) y ha sido asumida por el Ministerio Fiscal.

La pregunta de si es posible que los acusadores modifiquen más adelante sus acusaciones tiene una respuesta positiva. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que, cuando ya se ha practicado la prueba en el juicio oral y antes de elevar a definitivas sus conclusiones, los acusadores puedan modificar la calificación de los hechos, incluso las penas solicitadas, tanto para agravarlas, como para rebajarlas. El límite a estos cambios está marcado por el derecho de defensa de los acusados, en el sentido de que no deben verse sorprendidos por modificaciones radicales en las acusaciones hasta el extremo de hacer estériles sus estrategias defensivas previas. Este es el trámite con el que se especula que el Ministerio Fiscal podría modificar su acusación inicial de rebelión y rebajarla a sedición. Teóricamente es posible porque es un trámite habilitado para asegurar dos cosas: la adecuación de las acusaciones al resultado de la prueba, como manifestación del principio de legalidad al que se debe el Ministerio Fiscal, y el principio acusatorio, que protege la imparcialidad de los jueces porque estos no pueden condenar por delitos que no han sido objeto de acusación. Cuestión distinta es que el posible cambio de calificación de rebelión por sedición se deba más a una valoración de oportunidad política que de legalidad penal. A mi juicio, la trayectoria del Ministerio Fiscal en este proceso merece un sólido voto de confianza, porque no se ha sentido concernido por la polémica política en torno a la calificación de los comportamientos protagonizados por los acusados. En todo caso, la intervención de una acusación popular es un factor que se debe tener en cuenta, porque, junto a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, garantiza al tribunal sentenciador la disponibilidad de todo el abanico penal aplicable al golpismo separatista, desde el delito de rebelión hasta el delito de sedición, pasando incluso por la conspiración para la rebelión, ya mencionada esta última en el auto de 31 de octubre de 2017, que admitió la querella presentada por la Fiscalía General del Estado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Jesús Zarzalejos Nieto

ABOGADO. DOCTOR EN DERECHO. PROFESOR DE DERECHO PROCESAL (UCM Y CUNEF)

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