Impuesto de Sociedades: otro paso más en la mala dirección

El Gobierno en funciones de la Nación ha anunciado que subirá el Impuesto de Sociedades para tratar de evitar la multa de la Comisión Europea por incumplimiento del tope de déficit. Su argumento es que esta medida permitirá recaudar 6.000 millones de euros, y da a entender que no es realmente una subida de impuestos, sino la aplicación de un tipo mínimo en los pagos a cuenta y que, con ello, se evitan males peores. No es así.

Tecnicismos aparte, se trata de una subida de impuestos. En primer lugar, las empresas tienen que anticipar unas cantidades que para ellas no tienen coste cero, ya que pagan unos diferenciales importantes con respecto al precio oficial del dinero. Y en segundo lugar, los pagos a cuenta se hacen sobre los beneficios contables, que son mayores que los fiscales. Además, el Gobierno ya ha reconocido que piensa prolongar en el tiempo esta medida, lo que la convierte en un elemento estructural de la financiación del Estado.

De este modo, el Gobierno adopta una decisión contraria al ideario del Partido Popular -en su día reconocido por la sociedad española como el partido que bajaba los impuestos- y, además, contraria al programa electoral con el que concurrió a las elecciones en diciembre de 2015 y junio de 2016, donde se comprometía a bajar impuestos para incentivar el crecimiento económico y el empleo.

Al igual que en diciembre de 2011, el Gobierno tropieza de nuevo con la misma piedra. Si entonces se precipitó al subir más de siete puntos el IRPF en lugar de recortar más el gasto con reformas profundas, ahora asume el discurso populista de “subir impuestos a los ricos” -entiéndase en este caso, las grandes empresas- y sigue sin atajar el problema del gasto.

Esta decisión manifiesta una preferencia política: entre aceptar la multa por la desviación del déficit y repercutirla a las administraciones incumplidoras – como recoge la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera – o evitar la multa a costa del sector privado; el Gobierno en funciones del Nación se ha decantado claramente por la segunda.

Y todo ello a pesar de los resultados obtenidos hasta la fecha en materia fiscal: ningún año se ha cumplido con los objetivos de déficit acordados con la Comisión Europea.  Es decir, si algo ha quedado demostrado en la legislatura 2011/2015 es que subir impuestos no es más que poner un parche en el corto plazo y agravar un problema en el medio y largo plazo. ¿Qué vamos a hacer cuando se incumpla el déficit de 2016? ¿Subir más impuestos? ¿Y para equilibrar pensiones y cotizaciones? ¿A gravar, todavía más, dichas cotizaciones?

España tiene un problema de gasto y no de ingresos. La experiencia demuestra que son las reformas profundas y los impuestos bajos los que impulsan la actividad y el empleo. No estamos hablando de fórmulas mágicas, sino de políticas probadas. Los gobiernos del Partido Popular – en la Nación, del que el Presidente y el ministro de Hacienda en funciones del Gobierno fueron miembros del Consejo de Ministros, así como otros gobiernos populares a nivel autonómico – son la mejor prueba de ello. Por el contrario, por la vía de las subidas de impuestos y la renuencia a afrontar las grandes reformas no se ha embridado el déficit, no se ha cumplido el objetivo de estabilidad y siguen sin resolverse muchos de los desequilibrios de la economía española.

Si esta deriva no se corrige y se persevera en el error, la factura será inasumible: la destrucción de actividad económica y empleo y, por tanto, menos recaudación por Impuesto de Sociedades, por IRPF y por cotizaciones, al tiempo que se incrementarán las prestaciones por desempleo. De momento, medidas como la actual pueden truncar las opciones de España para albergar y atraer la “City” londinense tras el “Brexit”, con el consiguiente perjuicio para la prosperidad.

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