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Diagnóstico

El actual SFA es un sistema opaco, retorcido e incoherente, que premia a quien menos progresa y perjudica a quien mejor evoluciona. El sistema de fondos, aun así, no termina de convencer a nadie, pues fue diseñado para épocas de bonanza, de manera que merma tremendamente los ingresos en épocas de crisis. Adicionalmente, contempla topes exclusivos para alguna comunidad autónoma, hecho que va contra toda lógica.

Además, nos encontramos con un SFA que no fomenta la sana competencia fiscal entre CCAA, pues intenta, con su normativa, cercenarla.

Por último, los mecanismos adicionales de financiación no pueden ser de carácter permanente, pues las CCAA deben responsabilizarse de su autonomía financiera, que, como bien ha señalado el TC, debe ir ligada a su autonomía política.

Vía de reforma

El SFA debe ser un sistema claro y sencillo, que favorezca la solidaridad entre regiones, pero también la competencia fiscal, que es sana, para incentivar a las CCAA para que compitan entre sí y prosperen, pues hoy en día no tienen incentivo alguno para hacerlo, al saber que siempre van a estar bajo el paraguas de los distintos fondos de solidaridad.

Por eso, desde la perspectiva del mantenimiento de la solidaridad, debe permitirse que las CCAA puedan mover sus impuestos tanto como quieran hacia abajo o hacia arriba, y que los ciudadanos decidan, votando con los pies. En este sentido, debería abrirse la posibilidad de la que gozan País Vasco y Navarra al resto de CCAA; no nos referimos a extender regímenes especiales al resto de regiones, sino a que todas puedan tener la posibilidad de contar con las mismas posibilidades de subir o bajar impuestos en los mismos tributos, cosa que ahora no sucede y que deja en una situación de desventaja comparativa artificial a muchas regiones, especialmente las colindantes con las forales.

En cuanto a los mecanismos adicionales de financiación, deben desaparecer y ser las CCAA las que se financien en los mercados. Para controlar que no se desvíen presupuestariamente ya existe la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de manera que no hace falta que existan dichos mecanismos adicionales para controlar el gasto.

Deberían eliminarse el impuesto de Patrimonio y el impuesto de Sucesiones y Donaciones, tanto por su carácter arcaico como por haberse vuelto eminentemente confiscatorio, siendo además impuestos que gravan dos veces el mismo hecho imponible.