La Familia, la gran olvidada de las políticas públicas, por Miguel Ángel López Lozano

Familia

Año tras año, las encuestas del CIS reflejan que la familia es la institución social más valorada por los españoles, valoración que se ha visto incrementada gracias a la labor que aquélla ha desarrollado con motivo de la crisis económica que hemos vivido. Por ello, resulta paradójico que la institución más valorada sea a la vez una de las grandes olvidadas de las políticas públicas.

Recientemente, nos preguntábamos en otro artículo cómo se pueden mantener los estándares de bienestar ante una sociedad que envejece fruto de un invierno demográfico creciente y, entre otras cuestiones, apostábamos por una nueva cultura que apoye decididamente la maternidad y la familia.

Esa apuesta se sigue enfrentando a una realidad bien distinta. Los datos más recientes nos sitúan en la cola de los países europeos en cuanto a ayudas directas a las familias. Según el estudio Protección social a la familia en 2016 del IPF, España apenas destina el 5,19% de todas las prestaciones sociales a la “familia”, lo que representa el 1,3% del PIB Nacional, muy alejado de la media europea situada en el 2,2%. De cada 19 euros que se destinan a gastos sociales, tan sólo 1 euro se dedica a políticas familiares. Para que nos hagamos una idea, una familia española necesitaría tener ocho hijos y ganar menos de 30.000 euros al año (ambos cónyuges) para tener las mismas prestaciones que una familia en Alemania con dos hijos y sin límite de ingresos.

Actualmente en España existen cuatro ayudas directas a las familias: Asignación económica por hijo o menor acogido a cargo con una cuantía de 24 €/mes para familias con rentas menores de 11.547,96 €/año – ayuda a la que únicamente pueden acceder el 10% de las familias, frente al 83% de las europeas, siendo el montante de estas 4 veces superior al de las españolas; Prestación económica por nacimiento o adopción – en supuestos de familias numerosas, monoparentales y madres discapacitadas; Prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples; Paga de los “100 euros” para madres con trabajo remunerado cuyos hijos sean menores de 3 años, ayuda congelada que se ha visto depreciada en un 24% desde su creación. Recientemente se ha aprobado una Prestación no económica por cuidado de hijo o de menor acogido que da derecho a la reserva del puesto de trabajo y es computable a efectos de jubilación y prestación por desempleo.

Estas ayudas tienen unas limitaciones de ingresos muy restrictivas y unos requisitos muy excluyentes. Sería necesario universalizarlas, de forma que no se requiera de una situación de extrema necesidad para su acceso. Una universalización, por cierto, presente en dos de cada tres países europeos (UE28). Para ello, es necesario que la Seguridad Social incluya la protección de la familia e infancia entre sus prioridades, al mismo nivel que las pensiones y que las prestaciones por desempleo.

Se trata, al fin y al cabo, de implementar en las políticas públicas el interés por la familia mostrado por los españoles en las encuestas del CIS. No es necesario despilfarrar recursos públicos, y menos aún cuando el déficit alcanza niveles altísimos, sino de ser creativos, priorizar, y fiscalizar el gasto para evitar el mal uso que pudiera darse. Como informaba recientemente Cáritas, no es de recibo que las pensiones aumenten por ley año a año, y que las ayudas para la familia y la población infantil se dejen a la responsabilidad de los padres.

Esas políticas deben articularse dentro de un relato político que bajo el prisma del Bien Común busque mejorar la sociedad que gestiona más allá de focalizarse únicamente en el desarrollo económico. El apoyo a la maternidad y a la familia no solo es un imperativo social, también es una apuesta estratégica. Si esto se tuviera en cuenta, las políticas familiares no se dispersarían en comisiones interministeriales de estudio, ni planes a medio o largo plazo sin dotación presupuestaria o que recojan el contenido transversal que indirectamente destinan otros organismos del Estado sin dedicar recursos específicos. Apostar por la familia es implicar a todos los poderes del Estado a que con valentía tomen sus decisiones con perspectiva de familia. Nuestro futuro como país depende de la población y de su calidad de vida: tanto del crecimiento demográfico como de las condiciones de bienestar en que individuos y familias pueden desarrollar sus proyectos de vida.

La familia es, repetidamente, la institución social más valorada por los españoles. Asumamos esa realidad y demos a las políticas familiares el protagonismo que merecen.

Miguel Ángel López Lozano | Analista político (@malopezlozano)
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