El (des)gobierno español, por Javier Rupérez

Los adjetivos no bastan para describir la profunda e inimaginable irresponsabilidad con que Pedro Sánchez y su gobierno encaran sus contactos con el separatismo catalán. Irresponsabilidad que se extiende a los tratos que ha mantenido y mantiene con el resto de sus apoyos partidistas en el arco parlamentario, apoyos imprescindibles para mantener en la Moncloa a un gobierno de minoría, y que además del separatismo catalán incluyen el vasco, el post terrorismo etarra, el neoleninismo podemita y alguna otra contaminante compañía.

Pero la manera en que pretende Sanchez bilateralizar las relaciones con la delincuente Generalidad catalana, como si se tratara de un ente igual al gobierno español que la Constitución describe, revela una intolerable bajeza. No son sólo los preceptos constitucionales gravemente puestos en duda: es la misma consistencia política, social e histórica de la nación española la que está situando en entredicho el Partido Socialista Obrero Español, con el inestimable apoyo del Partido de los Socialistas de Cataluña y su pinturero líder, Miguel Iceta. Ambos, en la peor tradición del largo caballerismo hispano, tan apreciado en los tiempos de Zapatero, parecen dispuestos a poner en almoneda la patria común y la democracia en la que viven  sus habitantes.

No otra cosa es la descabellada propuesta de contar con un “relator”, “mediador”, o “notario” para participar en unas conversaciones que la vicepresidenta Calvo describe como previstas para hablar sobre “el futuro de España”. Afirmación pintoresca sino resultara trágica: ni el separatismo catalán ni el socialismo español parecen interesados en otra cosa que no sea su propio futuro sin España. Y ciertamente sin el parecer del pueblo español, aquel en el que, según la Constitución, reside la soberanía nacional. La noción de que un gobierno democrático necesite de un tercero para encararse a unos levantiscos delincuentes y hacer primar la voluntad mayoritaria y el peso de la ley, equivale a situar a España y sus ciudadanos a la altura de las situaciones poscoloniales en que la brutalidad de los enfrentamientos civiles hacía imprescindible la mediación internacional. Imagen esta a la que sistemáticamente quiere recurrir el separatismo catalán y a la que dócilmente se presta Sanchez, el gobierno que preside y el partido del que es secretario general. Nunca en los cuarenta años de vigencia constitucional la ciudadanía espanola se habia visto obligada a contemplar tales niveles de incompetencia e indignidad.

Es por ello merecedor de aplauso y apoyo la convocatoria que los partidos constitucionalistas lanzan para que en la Plaza de Colón de Madrid, el Domingo 10 de Febrero, y bajo una sola bandera, los españoles puedan manifestar su rechazo patriótico al gobierno Sanchez y exigir la urgente convocatoria de elecciones generales. Sin por ello descartar, como ha anunciado Pablo Casado, la presentación de una moción de censura contra el actual y engorroso inquilino de La Moncloa. La moción permitiría a las fuerzas constitucionalistas demandar del socialismo las cuentas que el país necesita al tiempo que, en votación publica, llegar a saber cuantos son los que en la exigua minoría socialista están dispuestos a seguir a Sanchez en su desatino. La idea y la práctica de una democracia liberal en España hoy está abiertamente en peligro.

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EMBAJADOR DE ESPAÑA, DEL CONSEJO ASESOR DE FLORIDABLANCA

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