El Debate sobre el Salario Mínimo en España, por Jaime Gormaz

“Underlying most arguments against the free market is a lack of belief in freedom itself.”

Milton Friedman

Salario mínimoEl debate sobre el salario mínimo es una cuestión recurrente en España y en el resto de las economías desarrolladas.

En realidad, las medidas de política económica que defienden la existencia o no del SMI (salario mínimo interprofesional) y su configuración responden a dos visiones contrapuestas de la economía: la defensa del libre mercado o la defensa de un mayor intervencionismo del Estado. Una, la neoclásica, se fundamenta en la defensa de la libertad (libre mercado) y la confianza en la iniciativa privada como instrumentos que mejor contribuyen a la creación de riqueza y a la eficiente asignación de recursos; y otra, la keynesiana, que sitúa al Estado como garante del correcto funcionamiento de la economía con el fin de redistribuir los recursos existentes y asegurar un determinado nivel de vida para sus ciudadanos.

Los defensores de un salario mínimo justifican esta medida bajo la premisa de que protege a aquellos trabajadores con rentas más bajas, asegurándoles una renta mínima que les permita disponer de un nivel de vida superior al que dispondrían en caso contrario. Este determinado nivel de renta tendría efectos positivos sobre el consumo en esa economía, y no tendría efectos negativos ya que la mayor renta de los trabajadores supondría simplemente menores beneficios de las empresas. Sería, por tanto, un efecto redistribuidor de la renta de las empresas hacia los trabajadores, que no tendría por qué implicar destrucción de empleo en esa economía si se ejecutara de forma adecuada.

Pero, ¿cómo funcionan en realidad las empresas que compiten en una economía de mercado? El economista Milton Friedman aseguraba que “el mundo avanza por medio de los individuos buscando sus propios intereses”. No en vano, en la propia naturaleza de un negocio está la búsqueda de un beneficio que asegure su existencia.

Un salario es un precio; aquel que un empresario está dispuesto a pagar por una cantidad de trabajo, en base a la cualificación requerida para su desarrollo. Oferta versus demanda, ni más ni menos. El empresario pagará un precio por el servicio prestado por el trabajador, y éste estará delimitado irreversiblemente por los costes de producción que debe asumir, las condiciones competitivas del mercado en el que opera y la necesidad de obtener beneficios.

Toda decisión de política económica tiene un precio. Las empresas no asumen todos los costes derivados de esta medida, los repercuten de maneras distintas. Máxime si tenemos en cuenta que ya las empresas tienen que hacer frente a unos elevados costes laborales.

Como ejemplo, en España el SMI está establecido en 645 euros, pero el coste real para las empresas es muy superior. El 99% de las empresas en España son PYMES, de forma que cada una de ellas tendrá que hacer frente, en primer lugar, a 645 euros mensuales a lo largo de 14 meses (9.030 euros anuales), siendo el período laboral de 11 meses (23-30 días de vacaciones). En segundo lugar, las aportaciones a la Seguridad Social por parte de la empresa incrementan un 30% aproximadamente el coste laboral. Y en tercer lugar, deben tenerse en cuenta otros costes vinculados a la contratación (por ejemplo, indemnización por despido). Si a todo ello, añadimos que esa PYME probablemente tendrá préstamos, costes de capital u otros compromisos a los que hacer frente para poder desarrollar su actividad, se entiende que las dificultades son enormes para que contrate a jóvenes sin experiencia o realice contratos indefinidos (cuya indemnización por despido es muy superior respecto a los contratos temporales).

La implantación del SMI o su incremento al final afecta al nivel de empleo y a los precios, siendo su efecto sobre ambas variables mayor o menor dependiendo de la flexibilidad de la estructura productiva y económica del país. Y esto afecta a la renta per cápita futura de todos los ciudadanos sin excepción.

En cuanto al impacto sobre el empleo, el SMI tiene un impacto directo en la contratación, principalmente los jóvenes. Dificulta su entrada en el mercado laboral y fomenta la contratación a tiempo parcial frente a la indefinida. El SMI supone de facto una imposición, exige un determinado nivel de productividad a un trabajador. De modo que todos aquellos trabajadores cuya productividad sea inferior a ese nivel nunca serán contratados porque no son rentables, y quedan por tanto excluidos del mercado laboral. Los más jóvenes, al ser menos productivos dada su menor experiencia, se encuentran con una enorme barrera de entrada al mercado de trabajo.

Respecto a los precios, las empresas solo podrán adaptarse a la subida del SMI trasladando este coste mediante un incremento del precio de sus productos si las condiciones de oferta y demanda se lo permiten, y eso además terminará afectando al poder adquisitivo de los consumidores, implicando una disminución de la demanda global y reduciendo así el potencial de crecimiento de la economía.

Las grandes empresas tienen mucha mayor capacidad de adaptación que las PYMES, presionando a la baja los salarios de sus trabajadores o actuando sobre los precios de los productos. Las PYMES solo pueden actuar dedicando más horas de trabajo por parte de los trabajadores y tienen mucho menos margen para actuar sobre los precios, para compensar el aumento de los costes laborales.

Al final, ¿a quiénes afecta más un incremento de los costes laborales derivados de un incremento del SMI? A los trabajadores más jóvenes, a los menos cualificados, a las PYMES y los sectores productivos con una menor cualificación; especialmente en aquellos países con mercados de trabajo más rígidos y, por tanto, con menor flexibilidad para adaptarse a los cambios en su estructura de costes.

Pensar que en caso de no existir un SMI las empresas impondrán salarios bajos en condiciones precarias es desconocer la realidad. Aquellas economías sin SMI ajustan los salarios a las condiciones de su capacidad productiva, lo que de manera natural tiende hacia el pleno empleo. Esta situación se ha visto reflejada en países sin SMI, como Estados Unidos hasta la primera década del siglo XX o Singapur en la actualidad.

Cada trabajador debe tener el salario que se merece acorde a su cualificación y por tanto a su capacidad productiva. Apostar por medidas que favorezcan la mejora de la cualificación de los trabajadores y que al mismo tiempo potencien la capacidad productiva del país es la receta correcta para asegurar el crecimiento a largo plazo y, en consecuencia, la mejora de la renta per cápita de sus ciudadanos. No un salario incrementado artificialmente. No en vano, como afirmaba Friedrich A. Von Hayek, “las medidas de una economía intervencionista siempre dirigen hacia una mayor desigualdad, incluso cuando buscan una mayor igualdad”.

Resulta irónico que una medida que pretende proteger a los más desfavorecidos en realidad contribuya a empeorar su situación y la del resto de los ciudadanos, al afectar negativamente al conjunto de la economía. Un efecto similar al que tienen todas aquellas medidas intervencionistas, especialmente en el ámbito económico. Y aquellos que sufrirán las peores consecuencias serán los más débiles, precisamente aquellos a quienes trata de ayudar.

Jaime Gormaz | pseudónimo
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