Desigualdad y pobreza en España, por Gabriel Elorriaga

Hablar de desigualdad y de pobreza en España es lo mismo que hablar del paro. La falta de empleo y la precariedad de parte del existente explican con nítida precisión los preocupantes datos de nuestro país. Para la izquierda las cifras solo sirven como pretexto para tratar de imponer sus paradigmas tradicionales en relación con el mercado de trabajo, la política educativa o el Estado de bienestar. Sin embargo, un análisis más riguroso como el que aporta el reciente Informe FAES sobre “Desigualdad, oportunidades y sociedad de bienestar en España” desmiente muchos tópicos y permite establecer políticas públicas de corte liberal mucho mejor orientadas a la mejora del bienestar social.

(Foto: EFE / Victor Lerena)

(Foto: EFE / Victor Lerena)

La desigualdad es un resultado lógico y legítimo cuando deriva de las diferencias de capacidad, de esfuerzo o de decisiones libremente adoptadas por los individuos, pero se convierten en socialmente intolerables cuando derivan de la falta de oportunidades, de las restricciones institucionales, la captura de rentas o de la corrupción. El primer tipo de desigualdades lejos de ser un problema constituyen el reflejo natural de un sistema de incentivos adecuado que premia la iniciativa, la innovación, el trabajo y la asunción de riesgos; por el contrario, aquellos frenos que impiden la progresión económica y social de quienes lo merecen suponen un auténtico lastre social.

La globalización y los cambios tecnológicos han tenido un notable impacto sobre la distribución mundial de rentas. Es incuestionable que la globalización ha permitido salir de la pobreza a centenares de millones de personas y está dando paso, tras una etapa de fuertes desigualdades internas en los países emergentes, a la aparición de nuevas y prósperas clases medias en países inmensamente poblados como China, India o Brasil. El reverso parcial de esa moneda lo encontramos en los países con altos niveles de renta y economías ya maduras, como los europeos. Entre nosotros se han reducido las oportunidades de muchos trabajadores poco cualificados, incapaces de competir con el nuevo entorno exterior. La solución pasa por mejorar el sistema educativo, reforzar la formación continua y trabajar para mantener una ventaja tecnológica que nos permita alcanzar una productividad mayor. Los países europeos que vieron el cambio con anticipación y tuvieron la inteligencia y la determinación necesarias para impulsar las transformaciones profundas que se necesitaban son los que mejor han afrontado esta nueva realidad.

Hasta el comienzo de la crisis España se situaba en posiciones intermedias de la UEM en las cifras de desigualdad y pobreza. Si tomamos como referencia la desigualdad de riqueza el nuestro es uno de los países más igualitarios de nuestro entorno, hecho derivado en gran medida de la extensión de la propiedad inmobiliaria. La alarma salta cuando nos fijamos en las cifras de movilidad social que nos sitúan en un nivel medio-bajo; en especial, la atención debe ponerse en la escasa movilidad educativa intergeneracional. En España el nivel educativo alcanzado por los hijos replica en gran medida el de sus padres. Dado que el nivel educativo es el factor que más determina la obtención de rentas futuras combatir las cifras de abandono escolar y mejorar el rendimiento deberían ser el eje de cualquier política educativa.

(Foto: Carlos Capote/Flickr)

(Foto: Carlos Capote/Flickr)

Tras la crisis, España presenta con carácter general unos datos de desigualdad y pobreza mayores que los observados por término medio en los países de nuestro entorno, un dato que se explica por la caída de las rentas de las clases menos favorecidas y no por el crecimiento de las más altas. La explicación evidente se encuentra en la rápida e intensa destrucción de empleo y la solución, en consecuencia, exige mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo haciéndolo más eficiente y menos dual. El aumento de la desigualdad en las rentas salariales tras la crisis, clave que explica el incremento de la desigualdad, se debe en tres cuartas partes al crecimiento del paro; el resto se deriva de las variaciones salariales.

Quizá el dato que resulta más sorprendente nos lo ofrece la relación entre intervención pública, desigualdad y pobreza. España ha mantenido durante la crisis un gasto social, medido como porcentaje del PIB, casi constante y muy parecido al de otros países europeos. La gran diferencia la encontramos en los efectos económicos de esa intervención. En España las rentas monetarias recibidas del Estado por los niveles más altos de renta (pensiones y seguros de desempleo básicamente) superan ampliamente a las recibidas por los grupos de renta inferior. La explicación es evidente; nuestro modelo – a diferencia de los nórdicos – establece que las transferencias monetarias públicas están directamente relacionadas con los años de trabajo y los niveles salariales alcanzados. Cuantos más tiempo se trabaja y mejor es el salario obtenido mayores serán los seguros de paro y las pensiones recibidas. Puesto que es la falta de empleo y la precariedad el factor determinante de la desigualdad de rentas, y desde hace décadas nuestros niveles de empleo son significativamente inferiores a los del resto de los países europeos, el resultado es que la actuación pública tiene unos resultados regresivos desconocidos en otros países europeos. Por otro lado, los programas públicos específicamente dedicados a combatir la pobreza más severa arrojan en España unos resultados preocupantes. Mientras que Suecia, Alemania o Dinamarca eliminan con la intervención pública entre 8 y 10 puntos de tasa de pobreza – medida como índice de Gini -, España, Italia o Grecia apenas consiguen llegar a los dos puntos.

De todos estos aspectos y algunos más se encarga el informe de FAES. Sin duda el tema es poliédrico, y los aspectos estudiados no agotan ni mucho menos la complejidad del problema. Pero dar un primer paso, firme y decidido, para encajar el análisis de la desigualdad desde una perspectiva liberal, y tratar de apuntar líneas consistentes de evolución de las políticas públicas era un esfuerzo necesario y urgente. En España la desigualdad no ha crecido por los recortes, ni por la austeridad fiscal. La desigualdad ha crecido como consecuencia de un mercado de trabajo ineficiente, que excluye a los jóvenes y a los menos cualificados, un sistema educativo que carece de la calidad competitiva requerida para un país como el nuestro, y un Estado de bienestar mal financiado y erróneamente configurado. Esas son las conclusiones y, en consecuencia, deben ser los fundamentos de una política mejor.

Gabriel Elorriaga Pisarik
FLORIDABLANCA CAFÉ

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