Una reflexión sobre la democracia militante, por Jorge Martín Frías

Damos por hecho que la democracia liberal viene dada, que es algo que nos encontramos en el camino y que está destinada a permanecer en el tiempo. Olvidamos, con cierta facilidad, que la democracia liberal de la que disfrutamos no apareció de la noche a la mañana. Al contrario, tuvieron que pasar muchos años para alcanzarla. La democracia liberal no es gratuita, es una constante conquista que requiere dedicación y vigilancia.

La pregunta, en palabras de Reginald Basset, es “si vamos a permitir a los enemigos declarados de la democracia utilizar las maquinaria democrática con el único propósito de derrocar la democracia”. Países como Francia y Alemania lo tienen claro y, por ello, disponen de mecanismos para hacer frente a aquellos partidos que atenten contra la democracia, sean contrarios a sus principios o la pongan en peligro.

Democracia militante

Sello conmemorativo de la la aprobación de la Ley Fundamental de la República Alemana (Dominio Público / Creative Commons)

La fórmula es la conocida “democracia militante” que desarrolló el jurista y politólogo alemán Karl Löwenstein. Löwenstein emigró a Estados Unidos huyendo del nacionalsocialismo. Había vivido en primera persona, y observado, cómo los mismos que perseguían la eliminación de la democracia liberal se servían de los mecanismos democráticos para alcanzar el poder y llevar a cabo su aniquilación en pos de un régimen indiferente a la libertad y los derechos fundamentales, a la dignidad de la persona.

Esta experiencia vital de Löwenstein fue compartida por muchos compatriotas, lo que hace aún más comprensible que los alemanes hicieran de su famosa Grundgesetz una democracia militante, tal y como queda recogido expresamente en su artículo 42.1 donde dice: “Los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales. Sobre la constitucionalidad decidirá la Corte Constitucional Federal.”

Nuestra Constitución, sin embargo, no es una “democracia militante” como el Tribunal Constitucional dejó por escrito en  su sentencia del 25 de marzo de 2014. En esta sentencia (42/2014), en la que el TC fallaba parcialmente a favor del Gobierno, quien había impugnado ante el Constitucional la Declaración de soberanía y del llamado – e inexistente – derecho a decidir, el órgano que ejerce de sumo intérprete de nuestra Carta Magna afirmaba: “En definitiva, a juicio de los Letrados del Parlamento de Cataluña, la impugnación pretende someter a contraste constitucional una proposición o un proyecto que no ha entrado en el mundo del derecho y que se ha formulado en términos estrictamente políticos. Ese planteamiento violentaría las bases mismas del sistema democrático y lo convertiría en una «democracia militante», en la que se puede impedir de raíz cualquier debate o iniciativa política y su traducción en una resolución de naturaleza política cuando no sea compatible con la misma Constitución. Justo lo contrario de lo que establece la jurisprudencia constitucional” (ATC 135/2004).

Tampoco es necesario acudir a sentencias del Constitucional para saber que nuestra democracia no es una “democracia militante”. Basta con recordar la Ley de Partidos que impulsó el Gobierno del Partido Popular en 2002 y que perseguía un objetivo, y daba respuesta a algo que habíamos tolerado en nuestra democracia: que las urnas y las bombas convivieran juntas. Si nuestra democracia fuera militante, no habría sido necesario una Ley que se mostró eficaz y que hoy no ha habido voluntad de aplicar.

A este respecto, es necesario hacer un paréntesis que es más bien un recordatorio. Las mayorías absolutas de poco sirven si el partido en el Gobierno se recrea en su fuerza parlamentaria pero se olvida de lo importante: la opinión pública. Porque es la opinión pública la que puede frenar la derogación de una Ley que goza de buena opinión y que se ha interiorizado como algo necesario o, dicho de otro modo, ha pasado a ser una más en el terreno de las convicciones.

Democracia militante. Otegui

Otegui en el estadio de Anoeta tras su salida de prisión (YouTube)

La Ley de Partidos es una buena prueba de ello. El apoyo del PSOE no fue fruto de un acto de patriotismo, o del espacio de las convicciones, sino una decisión que perseguía subirse al “carro” de la opinión pública tal y como pudimos corroborar años después con el pacto del Tinell, con las posteriores negociaciones con ETA y alianzas con los sospechosos habituales del entorno, y con la campaña que inició el Gobierno de Zapatero para acabar con la unidad de las asociaciones de víctimas.

En 2002 fue necesario hacer una Ley que diera respuesta a algo que a todas luces era evidente: “Deberán respetar en las mismas [actividades] los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo”. Hoy basta con contemplar las diversas declaraciones, escritos y entrevistas de algunos líderes de determinadas formaciones políticas para saber que lo que en 2002 era perseguido por ser una amenaza para la democracia, hoy lo tenemos en las instituciones.

Llegados aquí, tal vez sea el momento de hacer de nuestra democracia liberal una democracia militante a través de nuestra Constitución, de una reforma, o bien aplicar sin demora la Ley de Partidos. Lo primero no puede hacerse sin antes garantizar la separación de poderes, en especial, la independencia judicial – en este sentido, la propuesta de Floridablanca para despolitizar la justicia podría ser una vía –; lo segundo, es una cuestión de procedimiento y voluntad política.

Nada garantiza la supervivencia de un régimen de libertades y derechos si no se defiende día a día. Tomar como meras extravagancias las declaraciones de intenciones de determinados sujetos políticos es el primer paso hacia el abismo. Tomar como lo que son, un ataque frontal contra nuestro modelo constitucional, el primero paso para fortalecer nuestras instituciones.

Jorge Martín Frías | editor de Floridablanca
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