¿Por qué hay que reformar el sistema electoral?, por Eduardo Fernández Luiña

Sistema electoral

(Foto: Patricia Simón / flickr)

El sistema político español ha desarrollado una serie de tensiones asociadas a la crisis económica y social que ha sufrido el país desde los últimos años. La insatisfacción ciudadana sobre el rendimiento de las instituciones y de los actores políticos es evidente. Por ello, nuestra arquitectura sistémica ha mutado de un bipartidismo imperfecto –su conformación habitual- hacia una realidad multipartita y altamente fragmentada que dificulta la formación de un gobierno estable. Todo ello afecta drásticamente tanto la gobernabilidad como al diseño de políticas públicas estables y a largo plazo.

Las elecciones que tendrán lugar el día 26 de junio representan una nueva oportunidad para la formación de gobierno. Sin embargo, no parece que estos comicios resuelvan el problema central que achaca al sistema y que frustra profundamente a la ciudadanía. Los españoles no tienen control sobre las instituciones e individuos que los representan y eso es, desde mi punto de vista, un elemento que contribuye tanto a la pérdida de legitimidad del mismo como al aumento del descontento y frustración ciudadana. Hablar sobre control ciudadano de los representantes, lo quieran aceptar determinados grupos o no, es hablar de reformas electorales.

Algunos actores han intentado promover transformaciones en este sentido, modificando el sendero por el cual debería discurrir la reforma del sistema electoral. Sin embargo, la mayoría de proyectos discutidos aumentarían y no reducirían los problemas que el propio sistema electoral posee en la actualidad. La proporcionalidad –a pesar del sesgo mayoritario que generan las magnitudes bajas- tiene gran parte de la culpa.

Se ha incrustado en la mente de un gran número de especialistas en ciencias sociales la idea de que los sistemas electorales deben ser proporcionales, plurinominales y pro-partidistas. ¿Qué quiero decir con esto último? Pues básicamente, que el sistema debe fortalecer a los partidos políticos y no tanto a los ciudadanos. Según estos, se debe impulsar el voto partidista-ideológico y no el voto personalista y de confianza. Lo anterior, el hecho de confiar en sistemas electorales pensados para los partidos políticos y no para las personas, provoca que la mayoría de ciudadanos españoles voten literalmente a ciegas, incluso en los distritos con magnitudes bajas. Y obviamente no lo conocen porque el sistema no desea que los ciudadanos evalúen con nombre y apellidos a las personas que fungen como representantes.

El actual régimen electoral diluye la responsabilidad entre los partidos generando lo que desde la literatura de elección pública se conoce como un problema de agente-principal. Es decir, los principales (hablamos de los ciudadanos) no controlan ni pueden controlar a sus agentes (los políticos). Avanzar hacia un sistema electoral que apueste más por las personas que por los partidos podría ser una solución para reforzar el control ciudadano sobre los diputados. Al mismo tiempo, una reforma en clave uninominal –estrictamente mayoritaria- o semi-proporcional –con listados plurinominales abiertos y desbloqueados de magnitud baja- ayudaría no sólo a aumentar el poder de los ciudadanos sobre los diputados, sino también a la mejora en la gobernabilidad. Los más votados serían los individuos que ingresarían en las instituciones representativas y no existiría nada como la sobrerrepresentración.

Hay un montón de aspectos sobre los cuales podríamos reflexionar pero sin duda, parece necesario en primer lugar abrir el espacio para discutir el asunto en libertad y sin complejos. El mayor problema que posee nuestro sistema electoral, es el de agente principal. Si conseguimos generar un debate con ánimo de resolver dicho problema, habremos dado un paso muy grande hacia delante y la legitimidad y calidad de nuestro sistema democrático sin duda se verá beneficiada. Ojalá podamos avanzar en ese sentido. España y los españoles se lo merecen.

Eduardo Fernández Luiña | Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala)

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