Datos positivos que pueden cegarnos, por Rafael Tejeda

Datos positivos Sede del INE

Fachada de la sede del INE (Foto: Floridablanca)

La última Encuesta de Población Activa (EPA), un indicador retrasado que corresponde al cuarto trimestre de 2015, así como los recientes datos del paro, vienen a confirmar que el ritmo de creación de empleo va en aumento. Este crecimiento, que alcanza a casi de 50.000 personas a finales de año -menor de lo que en un primer momento se esperaba- es sin duda importante, pero no puede cegarnos en el análisis del principal problema a debatir en la lucha contra el desempleo: la creación de puestos de trabajo y de oportunidades.

Aunque se haya visto algo ralentizado el crecimiento a final de año, es conveniente señalar que los datos no pueden analizarse hoy con la perspectiva adecuada. Debemos esperar todavía unos meses para saber el derrotero que va a tomar el asunto, en función de la inestabilidad política latente que puede tener especial relevancia en estos aspectos. El número de ocupados supera ya los 18 millones en España, aunque bien es cierto que la población activa ha ido descendiendo. Por tanto, aunque no olvidamos que la tasa de paro baja, esta sigue siendo muy alta -en torno al 21%-  y que estamos aún muy lejos de alcanzar el objetivo del pleno empleo -una cifra en torno al 8% para el tejido laboral de nuestro país-. Para ello necesitamos un mayor esfuerzo en pro de la creación de puestos de trabajo, mediante las reformas necesarias para que la mejora en la actividad fructifique antes en el empleo.

Sin duda alguna, la última reforma laboral ha generado algunas situaciones positivas y, al contrario de lo que se dice, no ha desprotegido al trabajador, sino que se ha adaptado a la pésima situación de las empresas. Esta normativa, quizás un oasis en el desierto, no ha sido suficiente para eliminar todas las barreras que dificultan la contratación. Lo que sí ha quedado demostrado es que no se pueden adoptar  recetas antiguas y fracasadas. Mientras los elevados costes a la hora de contratar persistan, las subvenciones o las bonificaciones no tienen el más mínimo valor. En el caso de estas últimas, y a pesar de su elevado coste, apenas logran reducir el paro y además excluyen a los trabajadores que no pueden beneficiarse de ellas.

Algunas de las medidas propuestas y aplicadas en los últimos años, basadas en el aumento de impuestos, la creación de puestos públicos o en el crecimiento de la deuda, no han significado soluciones reales. De hecho, ha sido a pesar de ellas que el mercado de trabajo ha mejorado. Las únicas salidas posibles deben consistir en facilitar la actuación de los agentes implicados de la forma más libre posible. Se deben aplicar recetas que acerquen a oferentes y demandantes en el mercado de trabajo. La reducción de las cargas en los seguros sociales, la búsqueda de sintonía entre las diferentes tipologías de contratos -con una mayor simplificación-, un despido algo más sencillo y basado en que el fin del contrato esté encaminado a nuevas oportunidades en el empleo, un sistema de indemnización por despido que no desincentive la contratación indefinida, el fin de los subsidios desmedidos y la formación mediante colaboración público-privada, serían los primeros pasos a tener en cuenta.

Datos positivos Sede del Ministerio de Empleo

Sede del Ministerio de Empleo (Foto: Ignacio Renuncio /Public Domain)

Sigue existiendo una enorme diferencia entre las mejoras económicas macro y las laborales en España. Por ello, entre otras actuaciones, se requiere una nueva reforma que dé solución a las exigencias del actual mercado laboral. Una situación negativa destacada, que viene a demostrar estas diferencias económicas y laborales, consiste en el desánimo que se refleja en la propia encuesta y que afecta a los jóvenes, un peligro que debería empezar a valorarse. La necesidad de intensificar la creación de empleo  tiene que ser prioritaria para el próximo Gobierno y una importante reducción en las cotizaciones sociales sería el primer paso para lograrlo.

La renovación del mercado laboral debería gravitar en torno a la aplicación de medidas liberalizadoras reales como principal remedio. De este modo, afloraría un gran número de puestos de trabajo que viven bajo el paraguas de la economía sumergida y se ofrecerían oportunidades a aquellos que se encuentran fuera del mercado de trabajo. La facilidad en la contratación sería agradecida por todos y, de forma especial, por los jóvenes y los desempleados de larga duración. Un mercado  más libre, especialmente en el ámbito de las contrataciones, abriría nuevos horizontes a todo tipo de trabajadores, empresas, inversores y desempleados. Un mayor y mejor empleo es posible, pero sólo con recetas que no han sido aplicadas, ya que las muchas de las actuales han demostrado ser erróneas en innumerables ocasiones.

Si la última reforma ha servido a duras penas para agilizar y flexibilizar las condiciones del mercado laboral, ahora se necesita una legislación que apueste por la creación de trabajo o, siendo más realistas, que no imposibilite la misma. Beneficiar a los principales creadores de empleo, a los empresarios y por ende a los potenciales trabajadores, resulta vital para el idóneo desenlace en la lucha contra nuestros principales fantasmas, el desempleo y la economía sumergida. Las consecuencias no solo repercutirán en las personas sin empleo, sino que pueden beneficiar a todos los ciudadanos, pues florecerán miles de puestos con sus consiguientes declaraciones impositivas.

Las soluciones para alcanzar un óptimo nivel de calidad en nuestro mercado de trabajo deberían consistir en una autentica reducción de los costes de empresa, así como en la simplificación de los contratos que beneficie a los sectores más perjudicados pero que no olvide, ni a los implicados, ni a las propias realidades del mercado, con una clara apuesta por la bajada de impuestos y cargas sociales, así como con una verdadera colaboración de los agentes privados en la intermediación laboral con los servicios públicos. Para vencer a la ineficacia de las actuales políticas de empleo no se debe expulsar a ningún integrante del mercado -ni servicios públicos, ni agentes sociales-, pero sí que se debe priorizar a los protagonistas principales, los empresarios e inversores, creadores de riqueza y trabajo. Por todo ello, que los entes públicos y privados caminen juntos, así como un impulso a la libertad empresarial, deben ser lo mínimo exigible en la búsqueda por mejorar las expectativas de nuestro débil sistema laboral.

Rafael Tejeda

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