Consecuencias económicas del pacto PSOE-Ciudadanos

marzo 01, 2016

El pacto de investidura que han firmado PSOE y Ciudadanos supone la entrega definitiva de la formación “naranja” a la socialdemocracia. Ciudadanos es un partido de inspiración socialdemócrata, tal y como figura en sus propios estatutos. Pero si alguien albergaba alguna duda, la rúbrica de este acuerdo “para un Gobierno reformista y de progreso” es la constatación definitiva de esta inclinación hacia el centro-izquierda.

Una constatación que no deriva del mero hecho del pacto entre los dos partidos –hubiese sido  deseable alcanzar un gran acuerdo para gobernar España-, sino por la renuncia de Ciudadanos a una política económica liberal con la que, por otro lado, muchos de sus votantes se identifican (gran parte de los votos proceden de antiguos votantes del PP que se identifican con la libertad económica, impuestos bajos, equilibrio presupuestario, reducción del déficit, etc.).

El acuerdo suscrito entre las dos formaciones camina en dirección contraria.

Estas son algunas de las consecuencias que el Pacto de investidura, en caso de salir adelante, tendría para la economía:

Incumplimiento de los objetivos de estabilidad

La relajación en el cumplimiento del déficit supondría un incremento de gasto entre 3 y 5 puntos de PIB, lo que se reflejaría en un aumento de deuda y dificultaría la capacidad de España para refinanciarse al incrementarse el coste de financiación. Paradójicamente, ambos partidos afirman su deseo de querer disminuir el grueso de la deuda, ignorando que para hacerlo hay que acabar con lo que genera la deuda que es el déficit.

Impuesto de Patrimonio

El Impuesto de Patrimonio con carácter estructural  (hasta ahora solo era transitorio, aunque es cierto que esa transitoriedad era indefinida) supone la recuperación de un impuesto injusto que grava dos veces el mismo hecho. Bajo la retórica más izquierdista, se vuelve a un tributo que apenas sobrevive fuera de nuestras fronteras y que, al armonizarse por Comunidades Autónomas afectará a las regiones que han mantenido una política impositiva más liberal, gravando esa prosperidad adquirida.

Impuesto de Sucesiones y Donaciones

En la misma línea que con el Impuesto de Patrimonio, el acuerdo vuelve a escudarse en la armonización fiscal para imponer un mínimo de tributación en dichos impuestos. Esto supone una subida generalizada del impuesto, al primar a quienes gastan más de la cuenta y suben dichos impuestos, como Cataluña, frente a quienes son eficientes en el gasto, dan los mejores servicios y los reducen.

IVA cultural

La reducción del IVA cultural no es mala como tal. De hecho, toda reducción del impuesto debe ser considerada como buena, pero ¿por qué sólo al IVA cultural? ¿Por qué no se va más allá? ¿Encierra esta medida un simple guiño “ideológico”?

Si no quieren tocar el IVA, ¿por qué no bajan las cotizaciones a la Seguridad Social, verdadero lastre a la contratación y foco generador de la economía sumergida, que representa el 25% de la economía española (250.000 millones de euros de fraude anuales de toda la sociedad)?

Vista en contexto, la incongruencia de esta medida es manifiesta, revelando un interés ideológico más que una verdadera voluntad de consolidar la recuperación económica.

Impuesto de Sociedades

Suben el Impuesto de Sociedades para “aproximar el tipo efectivo al tipo marginal” según afirman. Una cosa es que sea bueno eliminar casi todas las deducciones y hacer un impuesto más claro y sencillo –como debería hacerse también en el IRPF, del que nada se dice de bajarlo- y otra que esa medida debe ir acompañada de una rebaja profunda del tipo marginal y del tipo efectivo, si es que queremos atraer inversión y que se creen empresas, en definitiva, que se genere actividad, riqueza y empleo.

El dogma socialdemócrata que encierra dicho acuerdo ataca directamente en este punto a la atracción empresarial, que es la que crea puestos de trabajo.

Medidas laborales

Como puntos más destacados de la nueva regulación laboral que proponen, cabe señalar la pretensión de que los sindicatos recuperen el control sobre las negociaciones y las relaciones laborales, sin olvidar que los costes de la contratación temporal se encarecerían.

Las distintas modalidades contractuales se ven reducidas a tres. Una buena iniciativa sobre el papel, pero que resulta vaga en su redacción al no centrarse en los verdaderos problemas del mercado laboral español, apostar por la flexibilidad y el crecimiento. (Las soluciones deberían girar más en torno a la libertad y no a la intervención).

PSOE y Ciudadanos nos presentan tres modelos de contrato: Indefinido, Estable de duración determinada (ocultando su carácter temporal) y por último de formación y relevo. De esta forma el contrato indefinido se mantiene tal y como establece la actual normativa tras la reforma laboral de 2012. El contrato temporal, denominado contrato estable y progresivo en el documento, se limita a un periodo de dos años e incrementa la indemnización por despido, y castiga a las empresas que abusen de la temporalidad, sin analizar la flexibilidad que se exige en algunos sectores. Para la contratación temporal se establecerían 12 días de indemnización en el caso de un despido por causas objetivas y justificadas, de 16 días para el segundo año y a partir del tercero, momento en que se convertiría en indefinido, la indemnización para despidos justificados por estas causas le corresponden 20 días por año.

Las reformas  propuestas en relación a la simplificación de los modelos contractuales  dan la impresión de, en un primer momento, ir por el camino adecuado pero no dejan de ser medidas a medio camino entre lo que necesita España (mucha mayor flexibilidad) y siempre dentro del manido discurso intervencionista.

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