Cataluña: ¿territorio sin ley?

Foto: Generalidad de Cataluña / Creative Commons

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Ayer fue un día aciago, uno más, en la historia reciente de Cataluña y -por tanto- de España. Mientras Francesc Homs, representante de Convergencia en el Congreso de los diputados, se reunía con S.M. el Rey y declaraba que la pretensión de su partido de tener grupo parlamentario “es una cuestión de derecho y no de discrecionalidad política”, sus compañeros independentistas en el Parlamento regional de Cataluña hacían de esa soberbia y arbitrariedad su santo y seña, atropellando de nuevo el ordenamiento jurídico que garantiza los derechos y libertades de todos los españoles.

Aunque las actuaciones de los separatistas no puedan ya a estas alturas sorprendernos, en ningún caso podemos dejar de señalar la gravedad de los hechos y el problema al que nos enfrentamos. Aprovechando que las tropelías pasan más desapercibidas en verano, los 72 diputados de Junts Pel Sì y la CUP aprobaban ayer las conclusiones de la llamada “Comisión del Proceso Constituyente” (sic) un documento que señala los pasos que el gobierno catalán ha de dar para independizarse de España (también lo llaman “desconexión”) en clara contravención de la Constitución, de las leyes y de las decisiones del Tribunal Constitucional.

En Floridablanca creemos que la ofensiva contra el independentismo debe ser política y jurídica. El nacionalismo/independentismo es, ante todo, un problema político, y por ello debe plantearse una respuesta política: la elaboración de un discurso nacional -de un nuevo discurso del patriotismo– que contrarreste las falacias y el interesado uso de la historia que los nacionalistas hacen, enfrentando la hegemonía que disfrutan en el debate público, alimentada de dinero también público. Así lo pedimos hace ya un año, y aunque se ha perdido mucho tiempo, convendría que el gobierno de la nación no renunciase a su obligación de encabezar esa iniciativa. Para ello es imprescindible también que se resuelva la situación de bloqueo institucional, y que el pacto al que lleguen los partidos que sostengan al gobierno asuman el problema planteado por el separatismo como una prioridad de la legislatura que comienza.

Hemos insistido también en que el Estado de derecho constituye el fundamento de cualquier sociedad libre. Solo gracias al imperio de la ley los individuos están protegidos frente a la arbitrariedad de aquellos que detentan el poder. De ahí que consideremos las acciones del Parlamento autonómico de Cataluña reprobables no solo jurídicamente sino sobre todo políticamente, pues atentan contra la libertad e igualdad de los ciudadanos.

Ningún representante político está exento de cumplir la ley -todos juran o prometen acatamiento a la Constitución al asumir sus cargos-. Ningún Parlamento puede convertirse en un poder absoluto, ajeno al cumplimiento del ordenamiento jurídico y a las decisiones de los tribunales. Recordemos, además, que los estatutos de autonomía son leyes de las Cortes Generales -que nos representan a todos- y que el presidente de una comunidad autónoma es un representante del Estado en el territorio de la comunidad que se trate. No hay soberanías distintas a la soberanía nacional ni parcelas de poder ajenas a la Constitución de 1978.

La respuesta jurídica es el instrumento que tenemos para garantizar los principios políticos que nos hacen ciudadanos de pleno derecho. En este plano jurídico, debemos tomar todas las medidas que el Estado de derecho ofrece para garantizar que no existen en España territorios sin ley. Que todos somos iguales y que todos somos libres gracias a la ley.

El gobierno en funciones, que por un lado ha hecho mal dando dinero de todos los españoles a un gobierno catalán que lo utiliza en promover la independencia (no es solo que dediquen recursos a asuntos ajenos a su competencia sino que utilizan las instituciones del Estado para acabar con el régimen constitucional de libertades), ha hecho bien anunciando que presentará un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional en respuesta a la decisión tomada ayer por el Parlamento regional de Cataluña. También positivas han sido las reacciones de Ciudadanos y del PSOE, en mayor y menor grado respectivamente, cerrando filas en torno al gobierno. Esperemos que el Tribunal Constitucional haga valer los poderes que la reciente reforma de su Ley orgánica (LOTC) le otorgó, ejecute sus decisiones y aplique, por ejemplo, el artículo 92.4 b), el cual permitiría suspender de sus funciones a los diputados que ayer votaron a favor de la arbitrariedad política.

No olvidemos, en todo caso, que si los instrumentos y medios jurídicos garantizan el cumplimiento y la aplicación de la ley, no contrarrestan sin embargo el problema del independentismo. Este se combate en el plano político, y ahí queda mucho por hacer, pero para ello hace falta voluntad y hace falta liderazgo.

Sello

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