Balones Fuera

mayo 12, 2015
El campo de juego

Los jugadores enfrentados están claros y todos despejan sus responsabilidades. El resultado del primer tiempo: un anuncio de huelga para las próximas dos semanas en el mundo del fútbol español. Los equipos que compiten: la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) por una parte, la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), respaldadas ambas por los entrenadores, los árbitros y las federaciones autonómicas, por otra. Todos ellos han iniciado una guerra dialéctica, basada en enfrentamientos legales y personales, que puede acabar salpicando al Gobierno por intentar legislar una actividad privada.

empty-608411_1280La LFP, como asociación representativa de los clubes, ha conseguido que el Gobierno le reconozca su capacidad operativa y económica mediante la estatalización del negocio del fútbol, algo que en nuestro país tampoco es novedad. El uso de la fórmula “interés general” – que permite y obliga a retransmitir en abierto algunos partidos – ha a dado lugar a la intervención de un negocio privado a costa del bolsillo de todos los contribuyentes.

El CSD defiende el nuevo marco legal junto a la LFP. El organismo gubernamental declara que el Real Decreto Ley objeto de discusión por el que se plantea la famosa huelga, que pretende controlar los derechos de televisión, se hizo reuniendo a todos los actores y cumpliendo con todos los requisitos demandados por las partes que ahora se quejan.

Los argumentos del CSD en defensa del Real Decreto: su aplicación revierte con ayudas a otros deportes a través de la centralización de las negociaciones con las principales plataformas de televisión que pagan por un producto, el fútbol, además de ayudar al deporte aficionado mediante partidas económicas del fútbol profesional que deberían encontrar el apoyo de la AFE o la RFEF.

La RFEF por su parte considera que con el nuevo marco se van a dedicar partidas excesivas a otras disciplinas deportivas que no son generadoras de esas ganancias.

La AFE, el principal sindicato de defensa de futbolistas, ataca la propuesta y propone que los ingresos procedentes de la venta de los derechos audiovisuales sirvan como garantía para el cobro de las deudas salariales de los jugadores y que un porcentaje de la cantidad total se destine al sindicato. El sindicato indica en sus quejas que la nueva regulación perjudica gravemente los intereses y los derechos de los futbolistas profesionales y que otorga un mayor reconocimiento a las decisiones unilaterales de las empresas, que en este caso son los clubes.

bleachers-594201_1920Los futbolistas que, aunque pagan en su gran mayoría la mitad de su salario en impuestos, no lo hacen al 100% vía IRPF. El futbolista, beneficiado de forma extraña por la ley, puede llegar a pagar hasta el 15% de su salario con sociedades que manejan sus derechos de imagen. Pero, aquí surge la pregunta: estas sociedades, ¿son instrumentos o son empresas reales de gestión? Parece que lo primero y eso implica un aumento en el pago de tributos.

Así pues la RFEF aprovecha y se une a las peticiones de la AFE, aunque los motivos no sean los mismos.

Para el Gobierno, las nuevas medidas legislativas, permitirán a los clubes a ponerse al día con sus deudas con Hacienda. Algo que, en vista del Gobierno, es un beneficio para todos. Público, jugadores, clubes y organismos. El Ministerio de Hacienda sigue en búsqueda de nuevas formas de financiación y esta es una oportunidad que, en línea con la actual política fiscal del Partido Popular, no debe desmerecerse.

¿Dónde está la pelota?

El Gobierno se ha metido en un lío sin precedentes. Guiado por la obsesión fiscal ha centrado su acción, por un lado, en los ingresos – que los clubes de fútbol se pongan al día por un lado y, por otro, a través de los jugadores – y ha intentado desentenderse del gasto que suponen las federaciones. Ambos objetivos son buenos de por sí, que no el medio elegido, y no se debe desmerecer que este sea el primer Gobierno en atreverse a meterse en semejante conflicto de intereses económicos y personales.

woman-638384_1920Todos están echando balones fuera y el único que tiene la pelota es el mismo al que le han metido un gol (y lo peor, en propia puerta). Los clubes deben ponerse al día con Hacienda y el Gobierno no debe buscarles salidas para que cumplan con sus obligaciones. Los mismo sucede con la Federación, que ha se ha mantenido a costa del contribuyente y sin explicaciones y justificaciones mediante. El Gobierno ha dicho hasta “aquí hemos llegado”. Bien. Pero tampoco es el Gobierno quién debe preocuparse de cómo suplir los gastos que éstas requieren para su mantenimiento.

La LFP y los clubes, con las televisiones y los aficionados de la mano, son los que pagan y los que deben poder negociar de forma libre sus emolumentos. Burocratizar y regular una actividad privada se ha demostrado, una vez más, contraproducente para todos, incluido un Gobierno que se ve atado de pies y manos en un asunto que roza lo irracional y el fanatismo.Sello

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floridablanca_final_round_azul_smallFloridablanca pregunta

¿Las necesidades fiscales del país justifican esta acción del Gobierno? ¿Tienen razón los jugadores al iniciar esta huelga? ¿Es el mundo del fútbol uno de esos asuntos que en nuestro país resultan intocables? En caso afirmativo, ¿por qué?

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