Agustín de Argüelles

Agustin de Argüelles, de Federico Jimenez y Fernández (1841-1910)

Agustin de Argüelles, de Federico Jimenez y Fernández (1841-1910)

Agustín de Argüelles, uno de los padres de la Constitución de Cádiz de 1812, constituye para los liberales españoles un referente inigualable. Su discurso preliminar a la Constitución de 1812, leído en las Cortes de Cádiz, constituye una de los más bellos fragmentos jamás escritos en defensa de la Soberanía Nacional y de las libertades de los ciudadanos, de independencia de los individuos frente al poder, de recordatorio al gobernante y al funcionario público de que toda su actividad ha de estar regida por la “inmutable regla” y la “inviolable obligación” de servir a la nación y a la ciudadanía en todas y cada una de sus acciones, y de aviso a quien ostenta el poder –citando el ejemplo de lo que le ocurrió en España a Napoleón- de los riesgos de incumplir dicha obligación y traicionar a la nación y a la voluntad del pueblo soberano. Un fragmento que juzgamos a la altura de las más grandes obras del constitucionalismo, de las de los más grandes autores extranjeros que han pasado a la historia, como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Olvidada y desconocida para muchos españoles, como tristemente viene siendo costumbre con muchos de los más grandes episodios de la historia de nuestro país, la Declaración de Argüelles al presentar el proyecto de Constitución de 1812 es una de las más bellas páginas del constitucionalismo español y de nuestra historia con mayúscula, y desde el respeto declarado y la admiración que tributamos a los héroes de Cádiz, hemos querido recuperarlo para los lectores de Floridablanca:

«[La Soberanía de la nación]

 

(…) La experiencia de todos los siglos ha demostrado hasta la evidencia que no puede haber libertad ni seguridad, y por lo mismo justicia ni prosperidad, en un Estado en donde el ejercicio de toda la autoridad esté reunido en una sola mano. Su separación es indispensable; mas los límites que se deben señalar particularmente entre la autoridad legislativa y ejecutiva para que formen un justo y estable equilibrio son tan inciertos, que su establecimiento ha sido en todos los tiempos la manzana de la discordia entre los autores más graves de la ciencia del gobierno, y sobre cuyo importante punto se han multiplicado al infinito los tratados y los sistemas. (…)

La primera parte comienza declarando a la nación española libre y soberana, no sólo para que en ningún tiempo y bajo de ningún pretexto puedan suscitarse dudas, alegarse pretensiones ni otros subterfugios que comprometan su seguridad e independencia, como ha sucedido en varias épocas de nuestra historia, sino también para que los españoles tengan constantemente a la vista el testimonio augusto de su grandeza y dignidad, en que poder leer a un mismo tiempo el solemne catálogo de sus fueros y de sus obligaciones sin necesidad de expositores ni intérpretes.

La nación, Señor, víctima de un olvido tan funesto, y no menos desgraciada por haberse dejado despojar por los ministros y los favoritos de los reyes de todos los derechos e instituciones que aseguraban la libertad de sus individuos, se ha visto obligada a levantarse toda ella para oponerse a la más inaudita agresión que han visto los siglos antiguos y modernos; la que se había preparado y comenzado a favor de la ignorancia y oscuridad en que yacían tan santas y sencillas verdades.

Napoleón, para usurpar el trono de España, intentó establecer, como principio incontrastable, que la nación era una propiedad de la familia real, y bajo tan absurda suposición arrancó en Bayona las cesiones de los reyes padre e hijo. V.M. no tuvo otra razón para proclamar solemnemente en su augusto decreto de 24 de septiembre la soberanía nacional y declarar nulas las renuncias hechas en aquella ciudad de la corona de España por falta del consentimiento libre y espontáneo de la nación, sino recordar a ésta que una de sus primeras obligaciones debe ser en todos los tiempos la resistencia a la usurpación de su libertad e independencia.

La sublime y heroica insurrección a que ha recurrido la desventurada España para oponerse a la atroz opresión que se la preparaba es uno de aquellos dolorosos y arriesgados remedios a que no puede acudirse con frecuencia sin aventurar la misma existencia política que por su medio se intenta conservar. Por tanto, la experiencia acredita, y aconseja la prudencia, que no se pierda jamás de vista cuanto conviene a la salud y bienestar de la nación, no dejarla caer en el fatal olvido de sus derechos, del cual han tomado origen los males que la han conducido a las puertas de la muerte.

La clara, sencilla, pero solemne declaración de lo que la corresponde como nación libre y soberana, presentando a cada paso a los que tengan la dicha de dirigirla bajo los auspicios del señor Fernando VII y sus legítimos sucesores los derechos de la nación española, les indicará con toda claridad de qué modo han de usar de la autoridad que la Constitución y el monarca confíen a su cuidado.

En el ejercicio del respectivo ministerio que cada funcionario desempeñe, no podrá desentenderse de tener la vista fija en la inmutable regla de una declaración tan augusta, en donde ha de leer sus tremendas e inviolables obligaciones; los españoles de todas clases, de todas edades y de todas condiciones sabrán lo que son y lo que es preciso que sean para ser honrados y respetados de los propios y de los extraños. No es menos importantes expresar las obligaciones de los españoles para con la nación, pues que ésta debe conservarles por medio de leyes justas y equitativas todos los derechos políticos y civiles que les corresponden como individuos de ella. Así van señaladas con individualidad aquellas obligaciones de que no puede dispensarse ningún español sin romper el vínculo que le une al Estado. Como otro de los principales fines de la Constitución es conservar la integridad del territorio de España, se han especificado los reinos y provincias que componen su imperio en ambos hemisferios, conservando por ahora la misma nomenclatura y división que ha existido hasta aquí. (…)”

 

Agustín de Argüelles, Fragmento del Discurso Preliminar a la Constitución de Cádiz de 1812. Parte I, Capítulo II: La Soberanía de la Nación) 

(Como escrito en la propia Constitución: Discurso Preliminar Leído en las Cortes al Presentar la Comisión de Constitución el Proyecto de Ella.)

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