Tras el 155

Palacio de la Generalidad (Foto: AndriySadivskyy / Wikimedia Commons)

Palacio de la Generalidad (Foto: AndriySadivskyy / Wikimedia Commons)

Los distintos acontecimientos que se han ido sucediendo en Cataluña desde el “referéndum” ilegal del 9 de noviembre de 2014 constituyen la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la España constitucional. No ha sido una potencia extranjera ni la crisis económica quienes han puesto en riesgo la soberanía nacional. Ha sido el secesionismo quien ha quebrantado el orden constitucional y vulnerado los derechos y libertades de los españoles. Durante todo este tiempo, la democracia representativa era despedazada en Cataluña ante los ojos de toda España y del resto del mundo, que han podido contemplar cómo los enemigos declarados de la democracia utilizaban las instituciones autonómicas con el propósito de violentar la Constitución de la que dimana su propia legitimidad.

Después del “referéndum” de 2014, de las conclusiones de la llamada “Comisión del Proceso Constituyente” en julio 2016, de la aprobación irregular de principio a fin de la Ley del Referéndum y de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República durante los días 6 y 7 de septiembre de 2017, del referéndum” del 1 de octubre, de la masiva salida de empresas de Cataluña y de la declaración de independencia del 1 de octubre, al fin los poderes públicos y los partidos políticos han reaccionado, en buena medida a rebufo de la firmeza mostrada por el Rey y de la presión de los ciudadanos que manifestaron en las calles su determinación de defender la unidad de España y el Estado de derecho.

Ante la inminente culminación del “procés” con una “declaración de independencia”, el  Gobierno de la Nación había buscado el consenso con el PSOE y Ciudadanos para no tener que asumir en solitario su deber constitucional de defender al Estado mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. El PSOE decidió su apoyo a cambio de abrir en el plazo de seis meses la reforma de la propia Constitución cuya presencia en Cataluña se pretende reestablecer, y de que el 155 se aplicara de una forma “absolutamente ‘light’ con elecciones el 21-D”, en palabras de Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Por su parte, Ciudadanos respaldó sin reticencias la adopción de medidas al amparo de esta norma, a pesar de que hasta septiembre desaconsejaba su activación.

El 11 de octubre se produce el requerimiento formal del Gobierno de la Nación a la Generalidad de Cataluña, para que “confirme si ha declarado la independencia de Cataluña”. Ante las ambiguas respuestas de Carles Puigdemont, el Gobierno y el PSOE llegan a transmitir su disposición a no aplicar el art. 155 CE si el entonces aún presidente de la Generalidad convocaba elecciones autonómicas, dejando una vez más la iniciativa en manos de los secesionistas. Tan sorprendente actitud hace que incluso se produzcan tensiones dentro del Gobierno -principalmente entre la Vicepresidencia, adalid del diálogo y el apaciguamiento, y los Ministerios de Defensa e Interior-, y que el partido del Gobierno se viera obligado a desmentir tal posibilidad.

Finalmente, el viernes 27 de octubre el proceso secesionista alcanzaba su meta. La presidenta del Parlamento de Cataluña afirmaba: “Constituimos la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social”. La independencia, imposible de iure, estuvo vigente de facto por unos instantes. El simulacro llegaba a su fin con la aprobación de las medidas del artículo 155 en el Senado con los votos a favor del PP, PSOE, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. El separatismo perdió a corto plazo, pero sentó un precedente negativo y perverso para nuestra democracia y para el futuro de España como Nación: la barbarie puede golpear y debilitar nuestras puertas ante la pasiva mirada de sus guardianes, los poderes públicos.

Salón de plenos del Senado

Salón de plenos del Senado

El Gobierno de la Nación ha activado finalmente el artículo 155, apoyado por el PSOE y Ciudadanos, con el consiguiente alivio para los españoles después de semanas de incertidumbre y tensión. Debemos congratularnos de que por fin se haya tomado la iniciativa después de meses y años de inacción, y es de desear que el Gobierno y las fuerzas constitucionalistas acierten con las medidas adoptadas porque su fracaso pondría en peligro la continuidad histórica de España, pero algunas de las decisiones que se han tomado suscitan cierta inquietud. Para empezar, ¿es realmente la vicepresidenta del Gobierno la persona más adecuada para presidir la Generalidad durante estos cincuenta días y reconducir la situación después del clamoroso fracaso de su Operación diálogo? ¿Cómo es posible que el Gobierno y el partido que lo sustenta admitieran la enmienda del PSOE que excluía la intervención de los principales canales públicos de propaganda del separatismo? TV3 y Catalunya Ràdio han sido los principales transmisores de las falsedades y manipulaciones de los secesionistas a cargo del contribuyente: desde la ficción de una soberanía catalana que permite a su Parlamento legislar sin controles al margen del orden constitucional y democrático, hasta las delirantes promesas de una Cataluña independiente próspera y rebosante de dinero. ¿Puede sorprendernos que una vez puesto en marcha el 155 continúen emitiendo grabaciones “oficiales” de Carles Puigdemont como “presidente legítimo” de Cataluña?

Por otro lado, es cierto que la convocatoria de elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre ha puesto a los separatistas ante su propio espejo: presentarse a unos comicios autonómicos convocados por el Gobierno de la Nación es el mayor reconocimiento público que podrían hacer de la inexistencia de “Cataluña como Estado independiente y soberano”, y una dificultad añadida a la hora de movilizar a su base social, engañada ya hasta el ridículo. Sin embargo, siguen en el aire cuestiones importantes: ¿Se van a poder presentar como candidatos las mismas personas que han subvertido el orden constitucional? ¿Sería bueno que lo hicieran, tal y como ha declarado el ministro portavoz del Gobierno? ¿Va a poder garantizar el Gobierno que se celebren las elecciones “en situación de normalidad”? ¿Van a presentarse los partidos constitucionalistas de nuevo por separado y con distintos programas?

Creemos que las fuerzas constitucionalistas deberían presentarse en coalición y con un programa común, claro y conciso, que especifique las medidas que tomarían para recuperar las instituciones catalanas de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, devolviendo a todos los catalanes los derechos y libertades que les ha usurpado el secesionismo. Las fuerzas constitucionalistas adquirieron un arriesgado compromiso con los catalanes -y con el conjunto de los españoles-, al apostar por unas elecciones con carácter inmediato, en lugar de aplicar el art. 155 CE durante el tiempo que fuera necesario para garantizar la legalidad, la normalidad, la convivencia y la recuperación de la economía. Si optaron por unas elecciones en un plazo tan breve, sólo cabe esperar que estén a la altura del momento histórico. El pueblo español y la Corona han preparado el camino. Ahora les toca a los partidos políticos demostrar su utilidad y vocación de servicio al país.

Etiquetas:

FLORIDABLANCA CAFÉ

Implícate

Desde Floridablanca necesitamos tu apoyo moral y material para poder llevar a cabo nuestro proyecto

Implícate

Archivos

Categorías