Tomar la iniciativa

Fuente PP.es

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Ayer se celebró el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Tal y como manifestó el candidato del PP hace una semana, la reunión del comité tenía como objetivo “someter a debate y aprobación” las condiciones de Ciudadanos. En este mismo sentido, se expresaron distintos dirigentes del PP que no dudaron en hacer público su sentido (afirmativo) del voto, en tanto creían que las condiciones se someterían a votación.

Finalmente, y para sorpresa de propios y extraños, ni se sometió a votación, ni se debatieron las condiciones. Es decir, estamos como estábamos hace una semana. Se alega insistentemente que la formación de Gobierno apremia a la vez que no se duda en postergar la fecha de la investidura – algo tan anómalo como la convocatoria de unas terceras elecciones – o mantenerse en la indefinición sobre una posibles condiciones para la negociación contribuyendo, de este modo, al bloqueo y a una mayor apatía de la sociedad española hacia sus representantes.

Ciudadanos fue claro en sus condiciones y exigió una respuesta sencilla a las mismas: sí o no. En Floridablanca expusimos nuestro parecer: la reforma electoral respondía más a los intereses electorales del partido naranja que a los intereses de los ciudadanos. Además, no se puede esperar un sí a aquellas propuestas que requieren una mayoría parlamentaria superior a los 137 escaños del Partido Popular. Sin embargo, ello no era óbice para que el Partido Popular no ofreciera alternativas al documento de Ciudadanos como, por ejemplo, en lo relativo a la propia reforma electoral.

El silencio, sin más, a las propuestas del partido naranja conduce a la confusión y favorece la disrupción de la normalidad institucional. Porque, si algo han puesto de manifiesto las distintas convocatorias electorales y las fallidas formaciones de Gobierno, es que el modelo constitucional funciona y tiene la capacidad de adaptarse y amparar la nueva realidad política emanada de las urnas. No se puede decir lo mismo de las formaciones políticas y de sus dirigentes, que han oscilado entre la frenética propaganda y el inmovilismo con las consecuencias conocidas por todos: la situación de bloqueo.

Hace bien la directiva del Partido Popular en no caer en la tentación propagandística, pero hace mal en abandonar la iniciativa política y confiar en que el resto se acabe cansando de esperar, se mueva y se ajuste a sus designios. Nuestro sistema de gobierno es parlamentario y no presidencialista, lo que exige, en caso de no tener mayoría absoluta, alcanzar los acuerdos necesarios. Tampoco se debe caer en la autocomplacencia y confiar todo a la estrategia del mal menor. Los españoles han buscado  refugio en el PP como partido garante del orden constitucional ante una oferta electoral ambigua, radical y desnortada; pero en ningún caso el voto responde a una ilusión, a un determinado proyecto o a la esperanza de que el país, en todos sus órdenes (social, económico, político e institucional) vaya a ir mejor.

Los españoles no quieren experimentos rupturistas y revolucionarios, tampoco les preocupa, exclusivamente y aunque sea ciertamente importante, el techo de gasto de los presupuestos generales del Estado o cumplir con las exigencias de la Unión Europea. Quieren un relativo orden conjugado con reformas que favorezcan y mejoren sus condiciones de vida, tanto las de las generaciones pasadas – para que su esfuerzo no haya sido baldío –, presentes – para que puedan desarrollar su potencial– y futuras – para que no tengan que cargar con una deuda que frustre sus aspiraciones –.

La preocupación de los líderes políticos no debe ser, por tanto, cómo mantenerse o llegar al poder, sino cómo administrar mejor los intereses de los españoles. El Estado está al servicio del ciudadano y no éste, a través de sus impuestos y de la deuda, al servicio de aquél. Las preocupaciones de los líderes políticos deben, en suma, ser las de los ciudadanos: cómo hacer frente a la sostenibilidad de las pensiones dado el  problema de la natalidad; cómo mejorar la educación en nuestra sociedad dado el problema del desempleo y la falta de  dinamismo en nuestro modelo económico; cómo aumentar nuestra libertad y capacidad de asociarnos con otros para hacer nuestras iniciativas más competitivas a nivel mundial; el mantenimiento constitucional de una ciudadanía libre e igual en el contexto de una patria común e indivisible; y un largo etcétera que más que una respuesta presupuestaria y administrativa, requiere de una respuesta política que se plasme en una apuesta decidida por el  reformismo.

Al Partido Popular le corresponde tomar la iniciativa en clave política y no administrativa ni tecnocrática, ofrecer acuerdos, dibujar las líneas rojas – para eso se presenta un programa electoral y por eso se está en unas siglas y no otras – y ceder en aquello que contribuya al bien común, que es más que el ejercicio de gobernar sin saber para qué se  gobierna.

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