Suspenso político en economía colaborativa, por Rosa Guirado

Foto: Hamza Butt / flickr

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Hablamos de ello en las

Antes de Semana Santa se produjo un debate en el Senado entre el Sr. Guardingo, representante del grupo político Podemos, y el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, sobre los retos de la Administración Pública en el ámbito de la economía colaborativa en el sector del alojamiento.

El Ministro señaló que “la economía colaborativa y la economía digital aportan si suponen un uso más eficiente de los recursos y además aumentan la competencia, y no aportan, si es una manera de fomentar el dinero negro o incluso el blanqueo de capitales o eliminar las garantías que tienen los consumidores.”

El problema estuvo en que el Ministro dijo estar a la espera de “ver por dónde iban a ir los tiros en Europa”, ya que “no le habían dado demasiadas pistas hasta el momento”. Es decir, España no se posiciona de forma voluntaria respecto a esta nueva economía.

Lo cual es grave y merecedor de un suspenso político por los siguientes motivos:

  1. La espera “sine die” del Gobierno de España a que se dicte legislación europea en vez de aplicar la Comunicación de la Comisión Europea de junio de 2016 sobre la economía colaborativa.
  2. Las soluciones que propone el Ministro generan inseguridad jurídica y hace daño a los mercados, empresas, inversores y, en último término, a la economía española en su conjunto. Mientras por un lado se espera “a ver por dónde iban a ir los tiros en Europa”, por otro hay prisa por regular la fiscalidad a nivel estatal (pero sin la agilidad que la situación demanda, y sin informar previamente a los ciudadanos y aprovechar el papel de intermediarios de las plataformas colaborativas).
  3. El posicionamiento político del Ministro con Podemos, contrario a la economía colaborativa, al liberalismo económico y la libre competencia, sin fundamento jurídico o económico alguno.

Y en particular, haciendo suyo un informe de Exceltur por el que 23 de las empresas más grandes del sector turístico arremeten contra las plataformas colaborativas con afirmaciones falsas sobre la supuesta competencia desleal por parte de aquellas, cuando: (i) no existe ninguna norma que convierta en competencia desleal la actividad de las plataformas , (ii) el Tribunal Supremo ha repetido en más de una ocasión que “la competencia molesta, pero no por eso es desleal”, y (iii) y todas las sentencias dictadas sobre plataformas colaborativas “puras” lo corroboran: no compiten deslealmente, porque se limitan a prestar el servicio electrónico de poner en contacto a sus usuarios y ofrecerles el servicio de búsqueda y casación automática online de oferta y demanda. Inciden también los miembros de Exceltur en que no se trata de un nuevo turista, sino el mismo turista que escoge la oferta por precio. ¡Exacto! Ahí lo tienen. En eso consiste precisamente el beneficio de la existencia de competencia: que la generalidad de los ciudadanos se ven beneficiados por un menor precio y/o un aumento de la variedad y calidad de la oferta, etc.

Por si ello fuera poco, el representante de Podemos (i) confunde el término “colaborativo” con la necesidad de que se haga sin ánimo de lucro, cuando la Comisión Europea, incluye también los intercambios que se realizan con ánimo de lucro, (ii) descarta que la economía colaborativa beneficie a la población, a pesar de los grandes beneficios subrayados por la Comisión Europea y las autoridades de competencia (por algo será), o (iii) se apropia de la protección del turismo como la principal industria de España, que debe tener una función social positiva de crear empleo y dinamizar la economía.

Por supuesto, es importante cuidar el turismo y hacerlo crecer con calidad. Pero ¿desde cuándo se ha defendido que se intervengan los mercados para prohibir que una demanda sea satisfecha por la oferta nacida libremente para ello? La demanda no puede ser limitada. ¡Es libre!

La economía colaborativa no está coyunturalmente aquí de paso, sino que es un cambio de paradigma que ha llegado para quedarse. Seamos inteligentes y constructivos y aprovechemos esa nueva demanda. Por ello, la verdadera pregunta es si el crecimiento del turismo debe hacerse contando con los ciudadanos, con un turismo para y con los ciudadanos, o sin tenerles en cuenta.

  1. Pero lo más grave de la postura del Ministro y de Podemos es que con todo lo dicho se apartan de los posicionamientos de la Comisión Europea y de las autoridades de competencia, que han estudiado la materia y se han posicionado claramente a favor, en base a argumentos sólidos jurídicos y económicos, desde el Derecho Comunitario y el Derecho de la Competencia.

La función política es difícil de ejercer, pero precisamente por ello, el legislador ha dotado al Poder Ejecutivo de herramientas como el derecho de la competencia, que ya inciden ellas mismas en la esencia y defensa del interés general, para beneficio de todos los consumidores.

Así, el Derecho de la Competencia articula todo un sistema de orden público dirigido a lograr y garantizar el beneficio de todos los ciudadanos gracias a la libre competencia en el marco de una economía de mercado. Ese sistema, que inspira junto con el Derecho Administrativo, los principios de regulación eficiente, en virtud de los cuales todo acto administrativo (ya sea regulatorio o sancionador) deberá ser: (i) necesario para el interés general al que sirve y (ii) proporcional al mismo. Y ahí está el verdadero reto para las Administraciones Públicas.

Solo resta la voluntad política de poner debidamente en práctica esas herramientas de Derecho, con que el Poder Legislativo ha dotado al Ejecutivo, para beneficio de todos los ciudadanos.

       Rosa Guirado

Abogada y Economista. Fundadora de Legal Sharing

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