¿Quién quiere la reforma constitucional?, por Javier Rupérez

Constitución Española, Ribadavia, Lugo (Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez / Wikimedia Commons)

Constitución Española, Ribadavia, Lugo (Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez / Wikimedia Commons)

El Gobierno anuncia su propósito de contemplar en 2016 la reforma constitucional. Dadas las fechas en que nos encontramos, con unas elecciones catalanas a la vuelta de la esquina y otras generales no demasiado lejos, no es osado presumir que en el anuncio se esconde algún propósito electoral. El tema de la reforma constitucional afloró hace unos meses de la mano del PSOE, hasta convertirse en un socorrido lugar común de politólogos, profesores y comentaristas de diversas laña, con la finalidad apenas oculta de ir al encuentro de las demandas nacionalistas catalanas. Es fácil de presumir que las intenciones gubernamentales tienen el mismo objetivo: intentar convencer al menos a una parte de la opinión publica catalana de que sus intenciones con respecto a la región son honestas y que incluso para demostrarlo están dispuestos a introducir en la Constitución algún “gesto” que lo demuestre.

Ocurre que los nacionalistas catalanes se han convertido en unos rabiosos independentistas, únicamente interesados en romper la Constitución española de 1978, de manera que la reforma constitucional a ellos y a los que como ellos piensan les importa una higa. Podría ocurrir que el Gobierno -no ya el PSOE, que en esto como en otros temas ha perdido completamente el Norte- quisiera dirigirse a los nacionalistas “light”, tipo Duran i Lleida, que tanta solicitud despierta en los despachos de la Vicepresidencia del Gobierno, esperando con ello ganarse sus favores cara a una imprecisa e insuficiente composición parlamentaria en el próximo ciclo legislativo. Grave error sería tal desatino: Durán tiene por España y por su Constitución el mismo apego que su compañero de largos años Artur Mas ha demostrado por la misma y sólo aspira a seguir en el machito de su presumida irrelevancia con la consecución de las que enfáticamente llama sus líneas rojas: un derecho a decidir por aquí, un arreglo fiscal por allí, un reconocimiento nacional acullá. Cosas todas ellas que chocan abiertamente con la noción de la “patria común e indivisible de todos los españoles” en que el texto de 1978 coloca a España.

constitucion

La reforma que el Consejo de Estado contempló hace unos años oscila entre lo justo –la igualdad de sexos en la sucesión de la Corona-, lo conveniente –la constitucionalización de nuestra pertenencia a la UE-, lo interesante –la reforma del Senado en un sentido contrario a la de su “regionalización”- y lo dudoso – la importación de los nombres de las autonomías en el texto constitucional-. Ninguna de ellas aisladamente consideradas parece vital o urgente para el bienestar de la patria. Otras, sin embargo, tendrían mayor sentido. La supresión de los “territorios históricos” y de sus “conciertos económicos” del texto, por ejemplo. O la introducción de factores de corrección en la elección de los órganos judiciales, por ejemplo. O la reconsideración del sistema electoral y de su capacidad representativa, por ejemplo.

Pero en cualquier caso, y comprobado suficientemente que con la excepción de los vociferantes secesionistas catalanes y de algunos conspicuos podemitas y asimilados la mayoría de la Nación parece estar contenta con el texto constitucional –aunque pueda no estarlo con los numerosos incumplimientos de que es objeto- cualquier aproximación a su reforma debe contener algunos imprescindibles requisitos: para qué, en dónde, de qué manera y en qué contexto general se quiere reformar la Constitución. No basta decir, como proclama el Gobierno, que para ello hace falta consenso. Eso ya la sabíamos. Importa todo lo demás. Y si después de recibir las explicaciones oportunas resulta que en la operación hay más afeite que realidad, mejor sin reforma. Llevamos desde 1978 con nuestra Pepa particular  y, a pesar de todos los pesares, nunca nos había ido mejor. Mal que les pese a los Mas, Junqueras, Duran, Iglesias Jr. y compañía. No vaya a ser que en el alboroto perdamos lo fundamental: la libertad de los españoles en el único entorno que la garantiza, la unidad de España. Todo lo demás son florituras baratas.

Javier Rupérez

[Embajador de España y miembro del Consejo Asesor de Floridablanca]

  • Luis Quiroga

    Buen artículo, su bien difiero en un elemento fundamental : que el articulado de la constitución sea (o deba ser) la principal defensa ante las fuerzas desintegradoras. Tal postura no es ni liberal ni conservadora, sino legalista. Las lealtades, como todo, hay que ganarselas.

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