Ser liberal-conservador · El principio de subsidiariedad

Ser liberal12Somos seres libres, responsables de nuestros actos, conscientes de nuestra individualidad. Pero no estamos solos: convivimos. Nuestro accionar está ineludiblemente ligado al de otros seres humanos. La más importante prueba de ello, como nos recuerda Bertrand de Jouvenel, es la familia. Esa institución humana que nos permite sobrevivir y desarrollarnos en nuestros primeros años de vida, y que nos acompañará, física o emocionalmente, hasta la muerte.

El principio de subsidiariedad, que hunde sus raíces en la Política de Aristóteles, reconoce la importancia que tienen en nuestras vidas este tipo de instituciones, entes sociales o grupos organizados de personas, y les otorga preeminencia sobre el Estado porque considera que son anteriores a él, el reflejo de la libertad individual, un dique ante posibles abusos de poder, y la necesaria posta a medio camino entre el interés particular y el general.

Este principio entronca conceptualmente con otros como la libre asociación y la división de poderes, tan seminales en nuestras democracias liberales; ayuda a desarrollar las razones que justifican la descentralización administrativa o el federalismo; y recuerda al Estado que su mandato es esencialmente la protección de la vida, la libertad y la propiedad privada de sus ciudadanos, de acuerdo a la Ley.

En aplicación del principio de subsidiariedad, el Estado debe dejar actuar con carácter prioritario a estos grupos, que son, como señaló Jacques Maritain, “sociedades particulares [a las que debe ser reconocida] una autonomía lo más alta posible”, pues son “elemento [constitutivo] del pluralismo, inherente a toda sociedad verdaderamente política”. Por ejemplo, cómo educar a los hijos debe ser una decisión de la familia, y la participación en la vida social—a través de partidos políticos, grupos religiosos o asociaciones de diversa índole (sociedad civil)—debe ser plural y abierta, no determinada e impuesta por el Estado. La aplicación del principio encontraría su excepción en el caso de que estos grupos atentaran contra la vida, la libertad y la propiedad privada, pues el Estado deberá cumplir su mandato haciendo prevalecer, por ejemplo, el interés del menor si sus padres son unos maltratadores, el de los ciudadanos si hay partidos políticos que promueven el terrorismo, o el de los clientes a los que una empresa defrauda.

La aplicación de este principio es especialmente relevante para legisladores y reguladores, quienes, como acertadamente enfatizara Bruno Leoni, antes de ponerse a dictar normas deberían hacerse una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿es parte de las competencias estatales y ayuda a cumplirlas la actuación que propongo emprender? ¿Existe algún otro grupo o institución que ya esté tratando satisfactoriamente este asunto? ¿Tendría mejor resultado una iniciativa público-privada que una actuación meramente pública? ¿Qué consecuencias indeseadas podría traer aparejada esta intervención estatal?

Una aplicación sistemática de este test de idoneidad de la intervención estatal ayudaría a preservar la libertad de los ciudadanos, reforzaría la legitimidad del Estado como garante de nuestros derechos y fomentaría una resolución más creativa, solidaria y eficiente de los problemas sociales por aquellos más próximos a su objeto.  Como señalara Benedicto XVI, “Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que generosamente reconozca y apoye (…) las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio”.

 

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