Leopoldo Calvo-Sotelo sobre el Estado autonómico

En el tema de las Autonomías, capital para España y para nuestro futuro, mi programa tiene que ser especialmente preciso e inequívoco.

Por una parte, quiero decir que asumo plenamente, resueltamente, la opción autonómica de la Constitución. UCD ha contribuido de manera decisiva a que el principio autonómico, como principio básico de la organización del Estado, se inscriba en nuestro texto fundamental y lo ha traducido luego en realidades operativas. Pocas veces un Estado con la complejidad y el entramado histórico del Estado español habrá emprendido un camino tan apasionante y tan difícil. Es un camino a la vez de esperanza y de riesgos, en el que me propongo medir en lo posible los riesgos para que pueda destacar y afirmarse la esperanza. Una esperanza de mejora de nuestra convivencia, de perfeccionamiento de nuestra vida colectiva, de transformación de la organización pública, de redistribución territorial del poder, haciéndolo más próximo a los ciudadanos y, en definitiva, más eficaz.

De ahí mi propósito firme de cumplir y aplicar lealmente, diligentemente, los Estatutos catalán y vasco, así como de poner en marcha sin tardanza los de Galicia y Andalucía, ya desbloqueados, y, finalmente, de ultimar todo el proceso autonómico restante, que me gustaría dejar concluido en esta legislatura. En lo que a Navarra concierne, continuarán las negociaciones con la Diputación Foral para el amejoramiento paccionado del Fuero, de acuerdo con la naturaleza jurídica del Régimen Foral.

Ahora bien, y es la segunda precisión que me interesa dejar aquí, la construcción autonómica ha de hacerse en su integridad y no parcialmente, y además, con rigor político y administrativo especialmente atentos. Esa integridad incluye al Estado mismo, como es elemental. El Estado no es un simple almacén de competencias que se van trasladando o transfiriendo a las unidades territoriales y en el que al final queda un conjunto residual más o menos fortuito. Por el contrario, el Estado es una pieza esencial del propio sistema autonómico, el que tiene que asegurar la articulación del conjunto, hacer posible su funcionamiento y la observancia final de los valores de unidad, de solidaridad y de igualdad que la Constitución ha impuesto como cuadro general del sistema. Por ello, en el título VIII del texto constitucional no sólo se definen las competencias transferibles a las Comunidades Autónomas, sino aquellas que han de mantenerse en las manos exclusivas del Estado y también un conjunto importante que han de compartirse entre las dos instancias mediante la fijación de bases por el Estado y su desarrollo y ejecución ulterior por las Comunidades Autónomas.

Es, pues, preciso que, a la vez que se ahonda en el sistema autonómico, se pongan a punto y se perfilen técnicamente esas competencias exclusivas o compartidas del Estado, sin las cuales el sistema no funcionaría en los términos que la Constitución impone.

Me propongo, pues, si obtengo esta investidura, trabajar sistemáticamente en esta dirección, imprescindible para el mantenimiento del Estado así como para la propia eficacia social y política de las Comunidades Autónomas.

Especialmente sensible seré a la preservación del principio de la unidad económica de España, impuesta por la Constitución y por la eficacia de la economía, como es común en todos los países con sistemas no sólo regionales, sino también federales, y exigida además hoy con especial fuerza por la situación de crisis económica que padecemos, y por nuestra próxima integración en las Comunidades Europeas. Para ello, pondré en marcha los mecanismos de planificación económica que han de pautar de acuerdo con las Comunidades este relevante sector de actividad.

Debo decir con claridad que, si llego a presidir el Gobierno, éste ejercerá sin vacilaciones todas las competencias que la Constitución y los Estatutos le reservan. Y ello no para limitar a las autonomías, sino precisamente para servirlas, como antes he anotado. No habrá autonomías fuertes sin un Estado fuerte; para profundizar el proceso autonómico es imprescindible robustecer las estructuras unitarias dentro de las cuales han de moverse las Comunidades Autónomas, como es imprescindible también robustecer la autonomía y las haciendas de Ayuntamientos y Diputaciones, en un esfuerzo coordinado de solidaridad.

Por otra parte, el rigor en la realización del proceso y en su articulación definitiva es, en sí mismo, una condición indispensable para que no pueda producirse un desorden general, que frustraría gravemente a nuestra sociedad y a la esperanza legítima que en las autonomías han puesto nuestros pueblos. Sinceramente, creo que ese rigor es imprescindible en aspectos como la Administración, los medios personales, las técnicas jurídicas y financieras. La Administración Central tiene defectos antiguos que no debiera traspasar a las Comunidades Autónomas. Y éstas, por su parte, pondrán todo su empeño en evitar que así ocurra, para lo cual la Constitución les habilita con las competencias y poderes precisos.

Así, pues, mis ideas sobre este capítulo importante de las responsabilidades actuales del poder no son muy complicadas, pero creo que son firmes y obedientes a un criterio claro. Sí, sin vacilaciones y sin reservas mentales ni de ningún orden, a las autonomías, en las que veo no sólo un mandato ineludible de la Constitución y de los Estatutos, sino también una esperanza cierta para nuestro pueblo, que sería grave que se frustrase y que, antes bien, todos debemos servir con ilusión y con resolución. Pero no, claramente, a un entendimiento ligero de las autonomías como disolución de una patria común forjada por la historia y llamada a servir eficazmente, en el terreno no sólo cultural, sino político, a todos sus hombres. No, por ello, al desmantelamiento del Estado, cuya fortaleza más bien ha de ser la primera garantía de que las autonomías se afirmen, se profundicen y se desarrollen en el seno de una estructura común que las haga posibles. Un autonomismo fuerte en un Estado fuerte: ésa podría ser la cifra final de la política que estaría dispuesto a desarrollar desde el Gobierno en esta materia.

Discurso de investidura del presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo (19/II/1981)

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