La legalidad de las plataformas colaborativas, por Rosa Guirado

Foto: Patricia Romero / Neupic

Intervención de Rosa Guirado en las Jornadas Millennials de Floridablanca Foto: Patricia Romero / Neupic

Hablamos de ello en las

La competencia es molesta, y no por eso es desleal, simplemente es competencia”, con esta frase del Tribunal Supremo se puede resumir la diferencia entre que haya competencia y que esa competencia sea desleal –como suelen alegar aquellos a quienes molesta la simple competencia-. Y es que las plataformas colaborativas son puestas en duda continuamente acerca de la lealtad con que compiten, cuando lo único que hacen la mayoría es tratar de competir.

Y eso es lo que están subrayando las sentencias judiciales, tanto de BlaBlaCar como de Airbnb: las plataformas colaborativas (entiéndase “puras”, es decir, aquellas plataformas que no intervienen fijando ni el precio ni las condiciones del contrato físico subyacente: de transporte, alojamiento, etc.) son meramente intermediarios que se limitan a prestar un servicio electrónico.

Esa es la clave para entender la economía colaborativa: las plataformas no intervienen en el contrato subyacente (de transporte, alojamiento, etc.) sino que únicamente ofrecen un servicio electrónico como plataformas online, que no es poco, pues sin ellas los usuarios no llegarían a conocerse y poder contactar.

Dos relaciones distintas, con distintas normas

Así, en la economía colaborativa existen dos tipos de relaciones comerciales y jurídicas bien diferenciadas: (i) la relación de la plataforma con cada uno de sus usuarios, por la que les presta ese servicio electrónico llamado “de la sociedad de la información”, y (ii) la relación entre el usuario-prestador del servicio físico subyacente en cuestión (transporte, alojamiento, etc.) y el usuario que recibe dicho servicio.

¿Y en qué consiste ese servicio electrónico de las plataformas?

Pues consiste en poner a disposición de los distintos usuarios oferentes y destinatarios todo un sistema electrónico cuya finalidad es ofrecer a los usuarios la posibilidad de: (i) acceder a la plataforma, (ii) alojar sus ofertas o demandas de los distintos servicios subyacentes o entregas de bienes y (iii) permitir al usuario solicitante encontrar las mejores ofertas del servicio o producto demandado, mediante la búsqueda y posterior case automatizados por el sistema.

La clave reside en que la plataforma ofrece simplemente un servicio de mediación entre dos partes potencialmente interesadas en la celebración –entre ellas- de un contrato físico subyacente. Y de ahí derivan todas las consecuencias respecto a su régimen de responsabilidad, fiscalidad, etc. Pues si las plataformas no prestan el servicio subyacente, difícilmente deberán asumir obligaciones respecto de él.

De ahí el sinsentido de quienes –sin comprender este punto- reclaman que las plataformas, por ejemplo, tributen por los ingresos que reciben los usuarios por la prestación de los servicios subyacentes, cuando la única obligación fiscal de las plataformas puede –obviamente- referirse a las comisiones que ellas ingresen por la prestación del servicio electrónico que prestan, pero no por algo que no prestan –ni cobran- ellas.

La postura de la Comisión Europea

El 2 de junio de 2016, la Comisión Europea publicó una Comunicación titulada “Una Agenda Europea para la economía colaborativa”, en la que subrayó la legalidad de las plataformas de economía colaborativa e instó a los Estados Miembros a que permitieran su ejercicio y no les impusieran requisitos de acceso al mercado, proponiendo que revisaran sus legislaciones nacionales con el fin de eliminar obstáculos innecesarios, no justificados o faltos de proporcionalidad, y en particular señaló que:

1. Las plataformas son intermediarios que prestan servicios de la sociedad de la información.

Como tales, no son responsables por los datos que alojan (es decir, del contenido volcado por los usuarios) como no lo es ninguna plataforma online, siempre y cuando no desempeñen un papel activo que les permita tener conocimiento o control sobre la información ilícita.

El hecho de que presten servicios de la sociedad de la información implica que, en principio, no prestan el servicio físico subyacente que tiene lugar entre particulares. Y es por este motivo, por el que NO tienen que cumplir con la normativa del sector en cuestión ni deben asumir las obligaciones del servicio subyacente.

Cuestión distinta es que, aunque no tengan esa obligación legal, las plataformas quieran ofrecer determinados servicios “extra” por motivos puramente de “business”, pero sin estar obligadas a ello (léase la cobertura de seguros, para incrementar la percepción de confianza entre usuarios).

2. No obstante, puede ocurrir que sea la plataforma quien preste el servicio subyacente, en lugar del usuario-prestador. La Comisión Europea entiende que deberá establecerse caso por caso. Sin embargo, se puede entender que una plataforma colaborativa ofrece (también) el servicio subyacente, cuando ejerce un nivel de control o influencia sobre el prestador de dichos servicios (de forma que no sea éste quien realmente presta los servicios).

Y dicho nivel de influencia o control puede presumirse por una serie de criterios clave como que la plataforma sea quien fije el precio, determine las condiciones contractuales clave, tenga la propiedad de los activos clave para prestar el servicio subyacente, sufrague los gastos, asuma todos los riesgos relacionados con la prestación del servicio subyacente, o que exista una relación laboral entre ambos.

3. Además, las plataformas colaborativas pueden ofrecer determinadas actividades auxiliares (p. ej., modalidades de pago, coberturas de seguro, mecanismos de evaluación o calificación, etc.), que, a diferencia del punto anterior, no constituyen una prueba de influencia y control.

Dos principales situaciones posibles

(i) Que la plataforma solo preste servicios de la sociedad de la información:

(ii) Que la plataforma además preste el servicio subyacente:

¿Y por qué es tan importante delimitar qué servicio prestan las plataformas?

Porque en el caso de que la plataforma prestase el servicio subyacente (transporte, alojamiento, restauración, etc.) debería cumplir con las normas aplicables al sector en cuestión. Y en caso de (i) incumplirlas y (ii) obtener una ventaja significativa por dicho incumplimiento, podría llegar a considerarse que compite deslealmente en dicho mercado.

Pero ¡ojo! –como vimos al principio- la mera competencia no puede considerarse desleal. Y mucho menos si la plataforma no compite en el mercado subyacente, pues sólo presta servicios de la sociedad de la información.

Y esta explicación es tan relevante que supone la clave por la que las plataformas colaborativas “puras” están ganando las sentencias.

       Rosa Guirado

Abogada y Economista. Fundadora de Legal Sharing

FLORIDABLANCA CAFÉ

Implícate

Desde Floridablanca necesitamos tu apoyo moral y material para poder llevar a cabo nuestro proyecto

Implícate

Archivos

Categorías