El Gobierno debe restablecer el Estado de derecho

El artículo 152.1 de la Constitución Española establece que los presidentes de los Gobiernos autonómicos son los representantes ordinarios del Estado en sus respectivas Comunidades Autónomas y así se recoge también en el artículo 67 del Estatuto de autonomía de Cataluña. Sin embargo, quien ostenta dicha representación en Cataluña ha protagonizado el mayor atentado contra nuestra Constitución desde el 23 de febrero de 1981. Por ello es inaceptable e indigno que Carles Puigdemont permanezca aún como presidente de la Generalitat. Quien ha vulnerado los derechos y atacado la libertad del pueblo español, “del que emanan los poderes del Estado” (art. 1 CE), no puede ejercer ni un minuto más las atribuciones de las que se ha valido para subvertir el orden constitucional. Y corresponde al Gobierno de la Nación atajar la agresión contra el Estado de derecho de quien “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España” (art. 155 CE).

El presidente del Gobierno afirmó el 27 de mayo de 2017: «el referéndum no se va a producir». Lo llevado a cabo este bochornoso 1 de octubre se podrá calificar de muchas maneras, y desde luego carece de cualquier efectividad jurídica y del menor respaldo internacional, pero nadie puede negar el descrédito exterior y el daño causado a la democracia española. La defensa del Estado es responsabilidad del Gobierno (artículo 97 CE), quien no ha cumplido con su obligación ni ha estado a la altura de lo esperado por los ciudadanos. La imagen de España y la tensión que viven los españoles es el mayor fracaso del Gobierno. La inacción política y la lentitud en la adopción de medidas nos han llevado a una situación lamentable que ha desgarrado a muchos españoles, y especialmente a los catalanes. ¿Cómo es posible que hubiera urnas? ¿Cómo es posible que continuaran en sus funciones quienes ya dinamitaron la legalidad en Cataluña el pasado 7 de septiembre con la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República? ¿Cómo es posible que se haya tardado tanto en desplegar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Cómo es posible que se haya tolerado semejante intentona golpista profusamente publicitada y ejecutada con medios públicos?

Todo lo que ha acontecido era previsible y, por tanto, evitable. La cuestión era si el Gobierno de la Nación haría uso de todas y cada una de las herramientas que le confiere el Estado de derecho para detener el golpe anunciado por los secesionistas y respaldado por los antisistema (Podemos, IU y confluencias). La respuesta la presenciamos ayer todos los españoles. Mientras la Policía Nacional y la Guardia Civil cumplían admirablemente con su deber y la Generalitat intoxicaba con datos falsos, el Gobierno guardaba silencio -tal vez para diluir su propia responsabilidad- ante la anunciada desobediencia de los mossos d’esquadra.

El presidente del Gobierno declaró ayer que “los únicos responsables son quienes han violado la Ley”. Tiene razón, pero obvia que tan responsable es quien viola la Ley como quien elude la obligación de velar por su cumplimiento. Por ello, el Gobierno tiene pendiente un deber para con todos los españoles: restablecer el Estado de derecho en todo el territorio nacional. No hay diálogo ni cesión posible con quien malversa, traiciona y viola los derechos de los españoles. Lo que nos hace falta es el respeto a la Ley y un Gobierno capaz de garantizarlo.

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