Gibraltar, oportunidad perdida, por José Ruiz Vicioso

Artículo originalmente publicado el 03 de diciembre en Actualidad Económica


En sus reflexiones sobre El Príncipe, Maquiavelo describe al gobernante virtuoso como aquel que sabe aprovechar la oportunidad que le brindan las circunstancias para la consecución de sus objetivos: “La oportunidad proporciona la materia en la que poder introducir las formas más convenientes”. Para el padre de la ciencia política moderna, la virtud política consiste, ante todo, en reconocer oportunidades para sacarles rédito en nuestro favor.

No hay que estar dotado de una desmedida virtud política para reconocer que el brexit representaba una oportunidad histórica para avanzar en las tradicionales reivindicaciones españolas sobre Gibraltar. Reivindicaciones avaladas por el derecho internacional que si no se han llevado a cabo ha sido por la desproporción de fuerzas entre España y el Reino Unido. La salida de este país de la Unión Europea invertía esta situación, fortaleciendo enormemente a España dentro de un bloque de 27 países que acordaron actuar unidos en la defensa de los intereses de sus estados miembros.

Esto quedó meridianamente claro durante las negociaciones del anterior Gobierno, que, en un notable logro diplomático, consiguió un derecho de veto de facto sobre la aplicación de los acuerdos entre Londres y Bruselas en Gibraltar. Así, el punto 24 del documento de orientaciones para las negociaciones del brexit, aprobado en el Consejo Europeo extraordinario del 29 de abril de 2017, decía textualmente que “desde que el Reino Unido abandone la Unión, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse sobre el territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre el reino de España y el Reino Unido”.

Sin embargo, ese poder de veto inicial ha quedado finalmente en nada. El acuerdo de salida y la declaración política aprobados en el consejo del pasado día 25 de noviembre, no han recogido las pretensiones españolas, sino la redacción ambigua del ya célebre artículo 184 propuesta por el Gobierno británico. Las gestiones de última hora del presidente Sánchez solo consiguieron arrancar sendas cartas de las instituciones europeas y del embajador del Reino Unido ante la Unión Europea, acordando una versión interpretativa del acuerdo. Sin embargo, y ahí está la diferencia, estas cartas tienen un carácter meramente declarativo, no tienen un valor jurídicamente vinculante como sí lo tiene el acuerdo, cuya literalidad no se ha modificado.

De este resultado tan cuestionable para los intereses nacionales pueden hacerse dos deducciones principales: en primer lugar, el fracaso negociador de Sánchez. El Gobierno socialista ha demostrado una imperdonable falta de ambición. No ha estado lo suficientemente encima de un asunto que tiene un carácter enormemente simbólico para el sentimiento de identidad español, llegando tarde y mal a un arreglo de última hora que, por más que se nos haya querido vender como un éxito, ha quedado en una oportunidad perdida. Las pretensiones españolas debían haberse recogido en el acuerdo, sentando jurídicamente las bases de las negociaciones posteriores.

En segundo lugar, este arreglo puede incidir en un euroescepticismo que hasta ahora ha sido testimonial en nuestro país. Si al desaguisado de Puigdemont con Bélgica y con el tribunal alemán le sumamos ahora la percepción de que la Unión Europea se pone de parte del que se va y no de su cuarto país más importante (que además ha demostrado unas impecables credenciales europeístas), esto podría alimentar el apoyo a los críticos de la Unión en unas elecciones europeas que van a ser decisivas y que están a la vuelta de la esquina.

José Ruiz Vicioso

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