El Estado no puede dejarse engañar

El orden constitucional se quebró formalmente en septiembre

El 6 y el 7 de septiembre de 2017 ya se quebró formalmente el orden constitucional en Cataluña con la aprobación por mayoría simple en el Parlamento Autonómico de la Ley del Referéndum y de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, ambas radicalmente inconstitucionales. Este atentado contra el Estado de derecho era motivo más que suficiente para que el Gobierno adoptara medidas que salvaguardaran el orden constitucional y despojaran al presidente de la Generalidad –representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma- de los poderes que le confiere la propia Constitución.

Pese al respaldo mayoritario de los españoles al Gobierno de la Nación para que llevara a cabo las acciones oportunas, el Gobierno Autonómico catalán pudo seguir adelante con la aplicación de la Ley de Referéndum burlando, una vez más, las resoluciones del Tribunal Constitucional. El bochornoso y anunciado “referéndum” se produjo finalmente el 1 de octubre a pesar de las reiteradas afirmaciones del presidente del Gobierno en las que manifestaba: «el referéndum no se va a producir».

Manifestación del 8 de Octubre en Barcelona

Manifestación del 8 de Octubre en Barcelona

Una lección de patriotismo

La manifestación histórica del 8 de octubre en Barcelona no se puede entender sin la preocupación que generó la alocución del presidente del Gobierno el 1-O y el posterior mensaje del Rey el martes 3 de octubre. El primero creó más incertidumbre entre los españoles al limitarse a negar la validez de la consulta sin ofrecer ningún tipo de respuesta más allá de eludir su propia responsabilidad: “Quiero dejar meridianamente claro que los responsables de estos hechos, de los que han tenido lugar hoy y de los que nos han traído hasta aquí, son única y exclusivamente quienes han promovido la violación de la legalidad y la ruptura de la convivencia“. Felipe VI se dirigió a la Nación con pleno conocimiento del momento histórico, de lo que la Nación se jugaba y realizó una llamada a la acción para transmitir seguridad y confianza a los españoles, especialmente a los catalanes: “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional

Los españoles salieron a la calle para ejercer su derecho y deber de defender a España (artículo 30 CE) frente a la tentación de normalizar la ausencia de seguridad jurídica en España, como constata la salida de empresas de Cataluña. Ante la inacción de los poderes públicos, ciudadanos de toda España acudieron a Barcelona a apoyar a sus compatriotas bajo el lema “¡Basta! ¡Recuperar la sensatez!”, que es lo mismo que exigir la vigencia de nuestra Constitución, norma fundamental que garantiza los derechos y libertades de los españoles y sobre la que se sustenta nuestra convivencia.

Hay quienes han tildado la manifestación como una expresión del nacionalismo español con el fin de nivelarlo e igualarlo con el nacionalismo catalán, con el nacionalismo en sí. Nada más alejado de la realidad. La manifestación del domingo fue una lección de patriotismo, concepto antagónico del nacionalismo. Equiparar dos conceptos y dos visiones del mundo -que son opuestas-, sólo demuestra la pereza mental de los que siempre quieren quedar por encima, de los equidistantes con complejo de superioridad moral que no se manchan con los antagonismos políticos. Mientras el nacionalismo se fundamenta en la exclusión, en la ausencia de pluralidad social y en la existencia del enemigo (interno y externo) el patriotismo se basa en la inclusión, en la vocación de estar juntos y en la protección de derechos y libertades de todos. Resulta vergonzoso que se establezcan equivalencias entre los que tratan de separar, los que han generado el desgarro de la sociedad catalana, y los que quieren integrar, incluir, y buscar proyectos de convivencia comunes.

Foto: Parlamento de Cataluña

Foto: Parlamento de Cataluña

El Gobierno de la Generalidad declaró la independencia

El Gobierno de la Generalidad declaró la independencia el martes 10 de octubre. La fórmula escogida por el representante ordinario del Estado en Cataluña, Carles Puigdemont, no puede llevar a engaño. Si quedan dudas sobre la “declarada declaración” puesta en suspenso, basta con acudir a la Ley del Referéndum y a la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República o al propio documento que tras la declaración del presidente firmaron los diputados del bloque independentista. Todo lo demás es hacerse trampas al solitario. El Estado no puede dejarse engañar y, por tanto, el Gobierno tiene el deber de llevar hasta sus últimas consecuencias el artículo 155 de la Constitución y restablecer el Estado de derecho, el orden constitucional y garantizar el interés general de España.

Admitir una respuesta ambigua, e incluso un “no”, del presidente de la Generalidad al requerimiento hecho por el Gobierno de la Nación, sin garantizar el restablecimiento del orden constitucional ausente en Cataluña hasta la fecha, contribuiría a debilitar al Estado y, por ende, a mantener desamparados los derechos de los catalanes. El Gobierno de la Generalidad ha liquidado la democracia, pisoteado los derechos fundamentales y libertades, y malversado fondos públicos de todos los españoles, quienes no perdonarían que no se aplicara la Constitución, como está señalando Ciudadanos.

Además, creemos que la aplicación del artículo 155 CE debe hacerse por razones objetivas de interés público, no como parte de ninguna negociación. Por ello es difícil de entender que el Gobierno del Partido Popular haya pactado con el PSOE su apoyo en la defensa de la Constitución a cambio de abrir su reforma dentro de seis meses. En primer lugar, la Constitución no debe reformarse en un momento en el que lo que prima es el restablecimiento del Estado de derecho. Nuestros problemas no son a causa de la Constitución sino a costa de ella, de la deslealtad de quienes quieren acabar con nuestro régimen de derechos y libertades. Por último, la reforma del PSOE parte de la “idea fuerza” de España como un Estado plurinacional -nación de naciones o la fórmula que oportunamente se les ocurra para salir del paso- y no parece que vaya enfocada a corregir los excesos que se han producido en los últimos años de deriva soberanista.

El Estado no puede dejarse engañar y el Gobierno no puede fallar.

  • Paco M.

    ¿Por qué no ponen la portada original de la Constitución? ¿Por qué cogérsela con papel de fumar mientras otros pueden celebrar 100 años de comunismo o rendir homenaje a un asesino homófobo?

    Basta ya de complejos, por favor.
    Yedo al tema, tengo la impresión de que el Gobierno,en lugar de procurar lo mejor para el Estado -que somos todos-, lo está usando de herramienta para sus fines e intereses propios. Es algo que han hecho todos los gobiernos, no es algo nuevo. Pero aquí están sobrepasando ciertas líneas que no pueden traer nada bueno.

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