El endeudamiento catalán, por José María Rotellar

En estos momentos, en los que quienes han dirigido desde el independentismo los gobiernos de Cataluña han llevado a cabo un intento de golpe de Estado, es conveniente poner encima de la mesa el empobrecimiento al que previamente han conducido a las cuentas catalanas, generando una losa tremenda para los catalanes en forma de deuda.

Desde el año 2008, los gobiernos catalanes se han desviado sistemáticamente de los objetivos de estabilidad marcados, sobrepasando el déficit establecido. En 2008, su déficit fue del 2,6% del PIB (5.200 millones de euros), en 2009 fue del 2.4% (4.800 millones de euros), en 2010 fue de 4,57% (9.140 millones de euros), en 2011 fue de 4,12% (8.240 millones de euros), en 2012 fue del 2,23% (4.460 millones de euros), en 2013 fue de 1,96% (3.920 millones de euros), en 2014 fue del 2,66% (5.233 millones de euros), en 2015 fue de 2,84% (5.832 millones de euros) y en 2016 fue de 0,93% (1.974 millones de euros).

¿Y qué provoca esa desviación? Que los gobiernos independentistas, con sus políticas más preocupadas en la independencia que en la gestión, elevasen la deuda de todos los catalanes durante la crisis en 60.951 millones de euros, desde los 15.776 millones que tenían en 2007 hasta los 76.727 que figuran como deuda de Cataluña en el segundo trimestre de 2017.

Ésa es la cifra de la fiesta que los independentistas montaron para intentar conseguir sus propósitos, basados en el desvarío, a costa de que la factura la pagasen todos los ciudadanos.

Este incremento de un 386,35% en la deuda, ha llevado a que las agencias de rating calificasen como “bono basura” a la deuda catalana, con imposibilidad para financiarse en los mercados. Ante ello, no le quedó más remedio que recurrir al FLA para poder refinanciar su deuda, pagar a sus funcionarios, cumplir con los proveedores y prestar los servicios públicos.

Ello fue fruto de su pésima gestión, llena de gasto abultado y, en muchos casos, innecesario, que los separatistas pretendían incluir dentro de la negociación del nuevo Sistema de Financiación Autonómica como compensación a la propia deuda que dichos gobernantes independentistas habían generado.

Este endeudamiento masivo fue una página más de la gestión nociva que los independentistas han llevado a cabo en Cataluña, que cerraba plantas de hospitales mientras mantenía el enorme gasto de sus televisiones y radios autonómicas, sus “embajadas” y demás organismos proindependentistas.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera habrá de impedir que se repitan esas desviaciones en el gasto en las cuentas catalanas, que sólo conllevan deuda adicional y que pueden poner en peligro la sostenibilidad de una economía, además de ser la deuda, como decía Buchanan, “una inmoralidad que se traspasa a las generaciones futuras”.

Evitar que la administración regional catalana quebrase ha sido posible gracias a que el Tesoro ha sufragado la práctica totalidad del incremento de endeudamiento desde 2007, con 52.499 millones emitidos vía FLA desde su puesta en marcha, en 2012. Su quiebra, por tanto, la ha evitado el conjunto de España, gracias a la solidaridad mutua entre todos; esa solidaridad que los golpistas tanto critican y que tantas veces han querido eliminar, y que constituye la grandeza de nuestro país, España.

José María Rotellar

DOCTOR EN ECONOMÍA Y PROFESOR DE ECONOMÍA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS Y DEL MÁSTER DE ACCIÓN POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

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