Elecciones ya

Cien días después de la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la situación del país es claramente peor que antes de su llegada al poder. Pese a la buena acogida mediática que tuvo el nombramiento de su Consejo de Ministros, no debemos olvidar que se trata de un Gobierno precario que no ha salido de las urnas, sino que llegó por una moción de censura, legítima desde el punto de vista legal, pero dudosa en términos políticos y, por ende, también morales.

Las sospechas acerca del proyecto del señor Sánchez se han confirmado de inmediato. El precio por alcanzar el poder tampoco admite ya duda alguna: transfigurar la Nación mediante la voladura de la arquitectura institucional resultante de la Constitución. Dicho de otro modo, un nuevo proyecto de ingeniería social, dirigido a imponer una hegemonía cultural que no tiene origen en el pacto de convivencia y concordia de la Transición, sino en los episodios más oscuros de nuestra historia. Éste es el fondo de la cuestión y el objetivo que Sánchez comparte con la coalición de partidos (Bildu, PDeCAT, ERC, Podemos, PNV, etc.) que le ha aupado al Palacio de la Moncloa.

Flaco favor nos haríamos si afirmáramos que el Gobierno del PSOE carece de proyecto. Hay un proyecto claro y definido, que continúa el camino emprendido por José Luis Rodríguez Zapatero. En este sentido, la izquierda nunca renuncia al proyecto ideológico, lo que exige más que nunca un discurso político de centro-derecha que sea capaz de hacerle frente y convocar a una mayoría de españoles.

El Gobierno no quiere exhumar a Franco para mantener entretenida a la sociedad española: lo que quiere es enterrar la Transición y resucitar el pasado republicano. No es una cortina de humo, sino una estrategia de tensión (y recordemos aquella confidencia de Zapatero a Iñaki Gabilondo: “nos interesa que haya tensión”), que incluye imponer en el presente su propia versión de la historia a través de una orwelliana “Comisión de la Verdad”. Las generaciones más jóvenes deberían tomar nota del desprecio de la izquierda hacia sus necesidades: empleo, vivienda, oportunidades… Son los más jóvenes, por tanto, quienes deberían alzar la voz ante la manipulación emotiva a la que quiere someterles el PSOE, que no duda en faltar a la dignidad de aquellos que con tanta generosidad y grandeza hicieron del perdón mutuo el punto de partida para la democracia española.

Siguiendo a Zapatero, el presidente Sánchez ha propuesto un referéndum sobre el estatuto de Cataluña. Recordemos que al expresidente no le valía el estatuto de 1979, por más que gozara de buena salud y de una amplia legitimidad al haber contado con el respaldo del 88% de los votos y una participación del 60% frente al referéndum estatutario del año 2006 (el ‘sí’ obtuvo el 74% del voto, con una participación del 49%). Pero el problema residía -a ojos de Zapatero- en dos cuestiones: la primera, la ilegitimidad de fondo de la Transición; y la segunda, su necesidad de construir una nueva mayoría social conformada por minorías radicales, antisistema e independentistas, tal y como demostraron los resultados electorales de 2008.

El nuevo referéndum propuesto por el presidente Sánchez viene a sumarse a diversas decisiones políticas tomadas en connivencia con el independentismo y los partidos antisistema, todas ellas orientadas a no dar cumplimiento a la Ley en Cataluña y a debilitar del Estado de derecho, como que se dejara a su suerte -hoy resuelta gracias a la presión de las asociaciones de jueces y fiscales- a un representante del Estado, el juez Llarena, o aconsejando a los golpistas independentistas que bajen la presión en la calle para no “calentar” a la fiscalía. Si Zapatero dijo que la nación era algo “discutible y discutido”, cuando Patxi López le preguntó a Sánchez “¿sabes qué es una nación?” en el debate de candidatos a la secretaría general del PSOE, el hoy presidente del Gobierno de España respondió que era “un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo, en Cataluña o en el País Vasco”. Y así nos va.

En este intento de debilitar el Estado de derecho, se inserta también la intención -frustrada- del Gobierno y sus socios de vetar la capacidad del Senado de aprobar o rechazar el acuerdo del Consejo de Ministros relativo a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, de acuerdo a la Ley 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Cualquier conocedor de nuestra historia podría pensar que el PSOE quiere volver al parlamento unicameral de la II República, ya que el equilibrio de poder, los checks and balances y las garantías legislativas propias de los sistemas bicamerales parecen incordiar a los planes de transformación político-cultural de Sánchez. En este sentido, no dejan de ser significativas las declaraciones del PSOE y sus socios en las que afirmaban que “no resulta lógico que el PP, con poco más del 30% de los votos, mantenga una capacidad de veto y de bloqueo”. Sin embargo, sí que les resulta lógico que gobierne una formación política que consiguió un 22% del voto y 84 diputados en las elecciones generales de 2016.

Por último, los malos datos económicos cierran de manera contundente el círculo del empeoramiento de la situación de España. Se ha llegado a unas cifras de destrucción de empleo sin precedentes, con el peor mes de agosto de la serie histórica. Dada la forma en que este Gobierno llegó al poder y su disposición a romper fundamentos básicos de nuestra convivencia, un mínimo escrúpulo democrático exige que se dé al conjunto de los españoles la oportunidad de pronunciarse sobre el futuro político de la Nación mediante la convocatoria cuanto antes de unas nuevas elecciones generales.

 

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