Elecciones en Cataluña: una sociedad fracturada, por Isabel Benjumea

Artículo publicado originalmente el 22 de diciembre en The Telegraph


Las elecciones autonómicas catalanas del pasado jueves fueron, en muchos sentidos, unas elecciones anómalas. La votación se llevó a cabo como el último hito de una cadena de hechos que habían alterado la política democrática y la convivencia de la sociedad catalana. Un proceso desencadenado por una clase política nacionalista que no respeta la diversidad y pluralidad de cualquier sociedad democrática y que ha situado a una mitad de la sociedad catalana frente a la otra mitad, creando un antagonismo artificial en vez de resolver los problemas cotidianos de la gente. El primer ataque contra el Estado de derecho fue la sesión del parlamento autonómico que tuvo lugar el 6 y 7 de septiembre, en la que la mayoría separatista decidió convocar un referéndum de independencia contrario a la Constitución Española, que es la base y la garantía de la autonomía catalana. Esta votación se realizó en ausencia de la oposición -cuyos parlamentarios abandonaron la sesión por su evidente ilegalidad-, rompiendo los procedimientos establecidos y las facultades transferidas a la cámara autonómica. Este pseudoreferéndum ilegal se llevó a cabo el 1 de octubre, en una votación sin censo ni papeletas oficiales ni control oficial del voto. De hecho, hubo numerosos casos de personas votando cuatro y hasta cinco veces en diferentes mesas electorales. Además, en algunas ciudades hubo más votos para la independencia que habitantes censados. En consecuencia, ningún Gobierno ni organización internacional reconocieron la validez de esta falsa votación.

La respuesta al desafío secesionista vino de la mano del discurso de S.M. el Rey Felipe VI -quien instó a los legítimos poderes del Estado a restaurar el orden constitucional- y de la “mayoría silenciada” catalana que, por primera vez en democracia, salió de manera multitudinaria a manifestarse en las calles de Barcelona para reclamar la unidad de España. Afortunadamente, la política del miedo había terminado. Las impresionantes manifestaciones de los días 8 y 29 de octubre demostraron la fortaleza del sentimiento nacional en la sociedad catalana: para más de la mitad de los ciudadanos, ser catalán implica ser español y europeo, al considerar estas identidades complementarias. En este contexto, el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para reestablecer el Estado de derecho y el interés general, convocando elecciones autonómicas.

El resultado de las elecciones autonómicas arroja tres conclusiones. En primer lugar, ha puesto de manifiesto la profunda fractura de la sociedad catalana entre separatistas y no separatistas. La fuerza más votada, tanto en número de escaños como de votos, ha sido Ciudadanos con más de un millón de votos y 37 diputados. Se trata de la primera vez que un partido no nacionalista gana las elecciones en cuanto a representación parlamentaria desde la restauración de la autonomía catalana en 1980. Un hito histórico para un partido que ha derrocado a los partidos nacionalistas, en menos de diez años desde su fundación, con un discurso de defensa de la unidad nacional. Pero también es cierto que la suma de los dos principales partidos separatistas (JpC y ERC) acaricia la mayoría absoluta, mientras que la suma de los tres partidos constitucionalistas solo suma 57 diputados. Conviene recordar que este desajuste entre número de escaños y de votos se debe a que la ley electoral beneficia en gran medida a las zonas rurales de Cataluña, bastiones tradicionales del separatismo.

De esta manera, la segunda conclusión es la incertidumbre. Ningún partido puede formar gobierno por sí solo y las posibles coaliciones dentro de los dos bloques no parecen fáciles de alcanzar. Así mismo, la agenda judicial en curso contribuye a la incertidumbre al estar procesados, o a punto de estarlo, una gran mayoría de líderes independentistas por los graves delitos cometidos durante la puesta en marcha del “procés”. En un Estado de derecho los votos no absuelven de los delitos. Así lo afirmó recientemente el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en su discurso durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias: “Cuando un tribunal dicta una sentencia, se aplica y punto”.

En tercer lugar, es evidente el alcance nacional que tiene este resultado. El partido del Gobierno, el Partido Popular, ha sido el partido menos votado, quedando en una posición irrelevante para cualquier negociación que determine el futuro de la política catalana. Esto constituye un serio castigo para el Presidente Mariano Rajoy que decidió convocar elecciones en Cataluña de manera precipitada antes de trabajar por desmontar las políticas sesgadas impuestas durante décadas por los nacionalistas.

El Gobierno debe reflexionar sobre cómo ha estado manejando el asunto catalán, no solo durante los últimos meses sino desde hace años. Claramente las elecciones no han servido para aclarar la situación tal y como pretendía el Gobierno. El futuro se presenta poco claro y todo apunta a que la tensión entre el Gobierno nacional y el autonómico se intensificará. En conclusión, la sociedad catalana es hoy una sociedad rota y existe una gran incertidumbre acerca del futuro de Cataluña, con tremendas consecuencias en el plano político, económico -tras la huida de miles de empresas de la región en los últimos meses- y social.

  Isabel BenjumeaApp-Twitter-icon

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