El viaje te lo pago yo, por Jorge Aísa

Las administraciones públicas hacen grandes esfuerzos en inversión en infraestructuras, por sus grandes beneficios sociales, económicos y, sobre todo, electorales, ya que cualquier obra debe estar puesta en explotación en menos de 4 años. Debido a estos cortos plazos y al miedo a las mareas, por su oposición a la gestión indirecta de servicios públicos, no es posible desarrollar iniciativas que permitan aglutinar las necesidades generales de transporte con los beneficios de una operación y gestión privada. Por ello, durante el año 2017 el Gobierno de la Nación tuvo que destinar más de 1.400 millones de euros a subvenciones al transporte, en todas sus modalidades: terrestre, marítimo y aéreo.

Dentro de este mar de subvenciones, vamos a analizar por sectores los principales receptores de estas ayudas. Comenzando por el transporte terrestre, más de 495 millones de euros van destinados a la compensación de obligaciones de servicio público en el transporte ferroviario, es decir, los servicios de Cercanías y Media Distancia. Si esta cifra parece ya suficiente para suplir todos estos servicios, hay que añadirle otros 100 millones de euros exclusivos para los servicios traspasados a Cataluña, por lo que la Generalidad se encarga de la gestión del servicio, pero lo continúa pagando el Estado. Los otros grandes beneficiarios son las concesionarias de autopistas de peaje, con 32 millones de euros. Con este importe se podrían haber construido 200 km2 de autopistas nuevas en España; por tanto, en el momento de otorgar la concesión habría que haber sido más rigurosos en el cálculo del tráfico o en el reparto de riesgos.

Con respecto al transporte marítimo y aéreo, las subvenciones principalmente van destinadas a bonificar a los residentes no peninsulares sus traslados a la península, con más de 420 millones de euros. Estas bonificaciones, deberían ser realizadas en función de la renta de cada individuo, ya que, actualmente, si comparamos un viaje en alta velocidad para un recorrido de 600 km equivalente a la distancia entre Madrid y Palma, para la misma distancia, el coste del trayecto en alta velocidad sería un 80% superior a la del avión. Esta diferencia de precios reside en los beneficios de la liberalización del transporte aéreo, que le permiten al ciudadano disfrutar del servicio, a un precio inferior.

Otro de los grandes agujeros en las subvenciones son las otorgadas al transporte urbano, con más de 310 millones de euros. El grueso de estas subvenciones va destinado al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con 126 millones de euros y a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, con 108 millones de euros. Es curioso observar que el Consorcio de Madrid recibe una subvención solamente un 8,5 superior la de Barcelona, mientras que debe dar servicio a casi el doble de ciudadanos, ya que el área metropolitana de Barcelona engloba a 3,2 millones de habitantes, frente a los 6,5 de la Comunidad de Madrid. Seguramente, estas diferencias estarán basadas en la buena gestión realizada en la Comunidad de Madrid, en las épocas en las que se invertía en mejoras en la red de metro, realizándose más de 200 km en tiempo record, se avanzaba en nuevos modelos de gestión, como es el caso de los metros ligeros, con la participación de referentes privados del sector, liberando así al contribuyente de las cargas que supone su gestión.

Uno de los futuros retos en el transporte en la Comunidad de Madrid, se basa en el avance hacia la conducción automática de los trenes, ya que todo el parque móvil de Metro de Madrid dispone de los sistemas ATC (Control Automático del Tren) y ATO (Operación Automática del tren). Con estos sistemas, el arranque y parada en el servicio del tren se realiza de forma automática y la tarea del maquinista se reduce a la apertura y cierre de puertas. Por tanto, las futuras políticas deben ir encaminadas al reemplazo de la figura del maquinista por la del asistente a bordo del tren, y un paso más allá, sería la implantación del sistema UTO (Operación del Tren Desatendida), es decir, la prestación del servicio sin ningún responsable en el tren. Esta implantación ofrecería una doble ventaja: la de crear empleo cualificado y avanzado tecnológicamente, y por otra, que los madrileños ya no sufrirían ningún tipo de huelga.

 Si la cifra destinada por el Gobierno de España a subvencionar el transporte en todo el territorio nacional parecía alta, la Comunidad de Madrid gasta en ello casi otros 1.100 millones de euros, y la Generalidad de Cataluña dedica todavía más, 1.384 millones de euros, la mayor parte de este dinero va destinado a ayudas al transporte público de viajeros. En el caso de Cataluña, cabe destacar, la intención de la Generalidad de transformar las líneas de Cercanías en Metro, o sea, cambio de imagen en trenes y estaciones, así como, la eliminación de cualquier rotulación en español, para diferenciarse aún más del resto de España. Aunque menos importante, también cabe destacar los 18 millones de euros que destina para que en los 4 aeropuertos regionales, uno por provincia, aterricen y despeguen turistas europeos, algo que puede resultar contradictorio, puesto que el bloque secesionista que apoyaba al antiguo Gobierno regional de Cataluña, se autoproclamaba abiertamente turismofobo.

 Los nuevos Ayuntamientos del inmovilismo, todos ellos apoyados por los que ahora se ven obligados a actuar como la marca blanca de la nueva izquierda, deberían haber hecho frente a los actuales retos de la movilidad urbana, con la aparición de nuevos actores en la circulación urbana. Los Ayuntamientos de Barcelona y Madrid, son líderes en la prohibición de todo aquello que mejore el desarrollo económico o aumente el empleo, como es el caso de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). Estos vehículos tienen prohibido el uso del carril bus, la posibilidad de acceder a zonas de circulación restringida y limitaciones en la duración del estacionamiento, frente a los taxis tradicionales que gozan de ello. Como ciudadano, ¿por qué los ayuntamientos del cambio tienen que limitar mi libertad de movimiento cuando circulo en un VTC? Además, tras la llegada de estos nuevos gobiernos, se ha generalizado el derecho de acceso a perros al transporte en común, desde un razonamiento lógico, ¿por qué no se ha implantado un título de transporte para animales?

La política actual en materia de transporte ejercida por toda las administraciones se basa en un expolio continuo del contribuyente, para  que al final se vea obligado a realizar el trayecto diario en su coche, y deba pagar la gasolina, el mantenimiento del vehículo, el impuesto de circulación, y además, paga parte del billete al que va en el metro -casi todo el billete si se trata del abono “joven” hasta 26 años de la Comunidad de Madrid, que cuesta ello solo 100 millones de euros al año-, la mitad del vuelo al insular que va a  la península y le financia las vacaciones a todos los turistas que veranean a la costa catalana.

Jorge Aísa
FLORIDABLANCA CAFÉ

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