Derechos y libertades, por Fernando Simón Yarza

Un aspecto poco necesitado de reforma en nuestra Constitución es, a mi modo de ver, el catálogo de derechos y libertades. Se trata, en efecto, de un listado amplio y garantista, que recoge los principales derechos fundamentales de la tradición constitucional occidental: igualdad ante la ley (art. 14), derecho a la vida y a la integridad física (art. 15), libertad ideológica y religiosa (art. 16), derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17), derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones (art. 18), libre circulación y residencia (art. 19), derechos de la comunicación (art. 20), derecho de reunión (art. 21), derecho de asociación (art. 22), derecho de participación política y de acceso a los cargos públicos (art. 23), derecho a la tutela judicial efectiva y garantías del proceso (art. 24), garantías penales (art. 25), prohibición de los tribunales de honor en el ámbito de la administración civil y en los colegios profesionales (art. 26), libertad de enseñanza y derecho a la educación (art. 27), derechos de sindicación y huelga (art. 28), derecho de petición (art. 29), derecho a la objeción de conciencia en el ámbito militar (art. 30), derecho al matrimonio (art. 32), derecho de propiedad (art. 33), derecho de fundación (art. 34), derecho al trabajo (art. 35), derecho a la negociación colectiva y a la adopción de medidas de conflicto colectivo (art. 37), y libertad de empresa (art. 38). A estos preceptos hay que añadir un catálogo de «derechos sociales» (arts. 39-52) cuya reclamación ante la justicia sólo puede llevarse a cabo a partir de su desarrollo legislativo, tal y como han aconsejado siempre los estadistas de más peso y los constitucionalistas más prestigiosos.

Aparte de reconocer este amplio catálogo, el Constituyente quiso encomendar la tutela de los principales derechos fundamentales (arts. 14-30) al Tribunal Constitucional a través de un recurso subsidiario —el amparo constitucional (art. 53.2 CE)— que, en las primeras décadas de vida constitucional, sirvió para crear un vasto corpus jurisprudencial que dotó de significado concreto a los derechos. Se trataba de una auténtica necesidad para la construcción de un Estado Constitucional de Derecho, en especial en lo que respecta a las garantías del proceso y otras cuestiones técnico-jurídicas sobre las que no existía una cultura apropiada en la judicatura ordinaria. Con la extensión de dicha cultura jurídica, esta misión del Tribunal Constitucional perdió importancia frente al control de constitucionalidad de la ley, que constituye tal vez su función más específica. Consecuentemente y con buen criterio, a mi juicio, el acceso al amparo fue restringido a partir de la reforma del artículo 49.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, llevada a cabo por la LO 6/2007 e interpretada, a su vez, por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 155/2009, de 25 de junio.

Como he subrayado, estoy convencido de que, por más que no sea perfecto ni pueda serlo, el catálogo de derechos fundamentales de nuestra Constitución no se encuentra aquejado de males lo suficientemente serios como para aconsejar su reforma. Más aún, pienso que, desgraciadamente, la enfermedad que aqueja al discurso de los derechos se encuentra, precisamente, en la proliferación de ideologías que, apoyándose en él, defienden las más descabelladas pretensiones. El discurso público de los derechos se aleja entonces de la razón y se convierte en vehículo para imponer cualquier deseo, tal y como he procurado explicar y desarrollar —pido disculpas por la autocita— en un reciente libro: Entre el deseo y la razón. Los derechos humanos en la encrucijada (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2017). Quienes recurren al eslogan de «ampliar derechos» como un proceso sin fin, olvidan que el término de su proyecto es el estado de naturaleza de Thomas Hobbes, en el que todos tienen derecho a todo (ius omnium in omnia). Olvidan, asimismo, que ese estado de naturaleza no es otra cosa que un estado de guerra de todos contra todos (bellum omnium contra omnes). No es exagerado afirmar que el uso agresivo del discurso de los derechos, avalado por la aquiescencia que impone la political correctness, supone una amenaza para la idea misma de Derecho.

Análoga falta de sentido común se percibe en las propuestas de otorgar justiciabilidad inmediata a los derechos sociales, esto es, a los «principios rectores de la política social y económica» (arts. 39-52 CE): derecho a la vivienda (art. 47), derecho a la salud (art. 43 CE), derecho al acceso a la cultura (art. 44 CE), etc. La falta de justiciabilidad inmediata de estos derechos no se debe a su poca importancia. Es más, algunos de ellos tienen por objeto bienes humanos más básicos y esenciales que ciertos derechos fundamentales, plenamente justiciables. El derecho a la salud del artículo 43.1 CE, por ejemplo, parece más esencial que el derecho de acceso a los cargos públicos del artículo 23.2 CE, por importante que éste sea. La razón de su falta de justiciabilidad inmediata no reside, pues, en su poca importancia sino, lisa y llanamente, en que el proceso judicial no reúne los requisitos apropiados para tutelarlo directamente: posibilidad de recaudar recursos públicos, legitimidad política para decidir las prioridades de gasto, etc.

Sello conmemorativo de los 5 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Afortunadamente, nuestro catálogo de derechos no merece graves reproches. Ciertamente, su interpretación por parte de los operadores jurídicos no ha estado exenta de errores, en ocasiones graves, que a veces han alimentado la demagogia ulterior. Con carácter general, pienso que los errores más serios en la interpretación no son exclusivos de nuestro país, sino que se encuadran en un contexto occidental más amplio de pérdida de valores cuyas consecuencias dolorosas estamos empezando a pagar. Pienso, por ejemplo, en el no reconocimiento de personalidad al ser humano no nacido (cfr.STC 53/1985), a pesar de la incompatibilidad de esta postura con el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos —lúcidos pensadores y juristas como Elizabeth Anscombe, Robert Spaemann o John Finnis advirtieron hace mucho tiempo de las consecuencias morales que ello tendría para la sociedad. O en la sacralización de la libertad de prensa sin parar mientes, verbigracia, en las consecuencias de desproteger el secreto de sumario (cfr.SSTC 13/1985; y 123/1993). Las desviaciones práctico-racionales en estas materias, como he subrayado, se enmarcan en un contexto cultural más amplio, que desborda nuestras fronteras. No en vano, fue el Tribunal de Estrasburgo el que, el pasado año, determinó que quemar una foto del rey forma parte de la libertad de expresión (Stern Taulats y Roura Capellera c. España, de 13 de marzo de 2018), aproximándose así a la jurisprudencia norteamericana sobre la quema de la bandera (Texas v. Johnson, de 21 de junio de 1989).

En fin, constituye una tarea que excede en mucho el propósito de estas páginas detenerse en cada una de las luces y sombras de la interpretación de los derechos. El balance exigiría un desarrollo muy minucioso que no estoy en condiciones de llevar a cabo en un breve artículo. Tal vez sea más útil mirar al futuro e identificar un desafío esencial al que se enfrenta el Constitucionalismo de nuestro tiempo: defender el Derecho frente a la simple demagogia —que, en el discurso de los derechos contemporáneo, no es poca.

Fernando Simón Yarza

PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

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