Una reflexión sobre el derecho a la huelga, por Alejandro Jódar

EFE

El conflicto entre los taxis, los VTC y otras fórmulas de negocio o economía colaborativa que han surgido en los últimos tiempos no sólo lo están sufriendo los usuarios y demandantes de este tipo de servicios. La conocida como “huelga de taxis” -aunque el concepto real, para ser exactos, es el de cierre patronal, ya que la protagonizan un gremio y unos empresarios- tiene colapsadas algunas vías de las principales ciudades españolas. Además, el paro pretende restringir la competencia y la circulación en unas fechas con millones de desplazamientos, una decisión que puede conllevar unos efectos terribles para el sector turístico español.

Esta situación, junto a otras similares como la huelga -entre laboral y política- del pasado 8 de noviembre en Cataluña, denominada Paro de País por los convocantes, debería hacernos recapacitar sobre el derecho a la huelga. En muchos casos, basta con una simple lectura de las convocatorias de huelga para observar que los motivos son políticos y no profesionales, y ya va siendo hora de plantear una legislación de huelga laboral más clara y rigurosa.

En primera instancia conviene recordar que el ejercicio del derecho de huelga ha de someterse al principio de legalidad y proporcionalidad. La declaración de huelga debe respetar siempre la norma que establece su ilegalidad cuando tiene motivos políticos o cualquier otra finalidad ajena al interés de los trabajadores afectados. Y se echa en falta una norma que garantice la seguridad jurídica de las empresas y profesionales, así como la defensa del interés general de todos los ciudadanos.

Hasta ahora parece que aquellos que secundan una huelga están secundando algo más que un paro laboral. Están a su vez secundando un programa ideológico, económico y político concreto. Además -a los últimos ejemplos nos remitimos-, se recurre con total impunidad a cortes de calles y carreteras, afectando a la libre circulación de mercancías y ciudadanos, e incluso a la agresión, causando daños intolerables sobre bienes y personas.

Los llamados piquetes no son más que instrumentos de violencia e intimidación incompatibles con el Estado de derecho. Desde el respeto al derecho a la huelga contemplado por nuestra Constitución, no debe olvidarse nunca la necesidad de proteger igualmente a las personas que no quieren ejercer ese derechola necesidad de proteger igualmente a las personas que no quieren ejercer ese derecho. Si un trabajador quiere asistir con normalidad a su trabajo un día de paro, debe poder hacerlo; si un comprador, un turista o un empresario quieren realizar sus actividades, también.

Por todo ello, es responsabilidad de los partidos políticos abordar una regulación sobre el derecho a la huelga acorde con los tiempos y con la experiencia acumulada en las últimas décadas. Debería profundizarse en los pactos individualizados entre trabajadores y empresarios -como las retribuciones, las vacaciones u otros derechos-. También se podría avanzar en una normativa que permita mayor diferenciación entre sectores y actividades en las jornadas de huelga.  Pero, sobre todo, hace falta una legislación que proteja los derechos y las libertades individuales de la mayoría de los ciudadanos, frente a los intereses de los sindicatos y de los colectivos con mayor capacidad de coacción.

Alejandro Jódar

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