¿Cobraremos pensión los millennials?

Se trata de una pregunta que aparece recurrentemente en nuestras conversaciones. Los millennials hemos vivido instalados en una contradicción desde nuestro nacimiento: por un lado, las pensiones formaban parte del paisaje, se daban por descontadas y casi nadie cuestionaba su continuidad; por otro, sin embargo, basta recurrir a unas cuantas cifras para darnos cuenta de que no están del todo aseguradas. Para dar una respuesta ajustada, debemos facilitar, en primer lugar, algunos datos.

Las pensiones en España no son, en absoluto, de las más bajas entre nuestros homólogos. La pensión máxima supera los 2.500 euros, siendo la segunda más alta de Europa, sólo por detrás de Luxemburgo. La pensión media está en torno a los 900 euros. Además, si tenemos en cuenta únicamente a los que han adquirido la condición de pensionista en la última legislatura, la pensión media ronda los 1.500 euros. En Grecia, por ejemplo, es de 474 euros. Cada mes, 9,5 millones de personas exigen al Estado un desembolso de 9.000 millones de euros. En los meses de julio y diciembre, el Estado se ve obligado a recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se agotará, previsiblemente, este mismo año. El gasto anual en pensiones supera los 135.000 millones de euros.

Una vez conocidas las cifras, conviene analizar los perfiles del cotizante y del pensionista. En este sentido, la pirámide de población es elocuente: España tiene una tasa de natalidad de las más bajas del mundo y una esperanza de vida al nacer de las más altas. Algunos estudios aseveran que harían falta 250.000 nacimientos más al año para garantizar las pensiones de hoy. En 2050 el ratio cotizante-pensionista será de 1-1.

Gabriel Elorriaga, ex secretario de Estado de organización territorial e inspector de Hacienda, considera que la respuesta a la pregunta que nos formulamos en esta mesa es afirmativa: Sí, cobraréis pensión, pero ¿Cuándo y cuánto? La empezaréis a percibir más tarde y en una cuantía ostensiblemente inferior y difícil de cuantificar. En España se establece la edad de jubilación en 65 años en 1919, cuando sólo el 30% de la población superaba esa edad. Hoy la supera el 90-95% de la población. La edad equivalente para ese 30% más longevo serían los 89 años. Ese el dato que por sí mismo ilustra la situación”.

Respecto a la finalidad del sistema público de pensiones, Elorriaga se esmeró en distinguir una doble función: “En su origen los sistemas de pensiones pretendían evitar las situaciones de pobreza extrema o de desamparo. Fueron concebidos como sistemas puramente asistenciales. Con el tiempo, van tornándose en sistemas previsionales: pretender ordenar la pauta de ahorro de los ciudadanos a lo largo de su vida laboral. Si dejáramos a la decisión individual la pauta de ahorro, una gran parte de la población española llegaría a la ancianidad casi sin recursos. Por la peculiar configuración estructural de la economía, la gente empezaría a ahorrar demasiado tarde. En nuestro país se ha dado la tormenta perfecta para las pensiones: baja natalidad, alta esperanza de vida, baby boom tardío, alto desempleo estructural, largas etapas inflacionarias… Además, nuestra tasa de sustitución o reemplazo, es decir, lo que representa la pensión en referencia al último salario percibido, es de las más altas de Europa. Todo junto hace que el sistema explote”.

En la distinción explicada en el párrafo anterior reside, a juicio de Gabriel Elorriaga, gran parte del problema: “En la práctica, se ha confundido el plano asistencial con el plano previsional. Pretendemos que el sistema resuelva simultáneamente dos cuestiones. Los sistemas que resuelven bien el primer plano suelen hacerlo con cargo a los presupuestos. La parte previsional, por el contrario, necesariamente ha de instrumentarse mediante sistemas de ahorro o previsión, ya sean públicos o privados”.

Por todo lo comentado, Elorriaga cuestionó la viabilidad futura del sistema de pensiones, al menos con la configuración actual: “Todos los trabajos publicados llegan a la misma conclusión. No sabemos qué ocurrirá en la economía española, pero lo que sí se puede afirmar es que incluso en la hipótesis más favorable para el empleo y la productividad, el sistema seguiría siendo inviable. En cualquier circunstancia. En consecuencia, cuanto más se demoren las medidas correctoras, más difícil será resolver el problema”.

John Müller, periodista, coincide con Elorriaga en este punto: “Estoy seguro de que la pensión máxima perderá 500 euros al mes en los próximos 30 años. Nos enfrentamos a un problema serio en términos de envejecimiento y longevidad. Lo expliqué en mi artículo ¿Está España preparada para ser longeva?. Lo llamativo es que de cien mil personas nacidas en 1900, llegaron a los 65 solo el 28% y murieron todos antes de los 85 años. Observamos una compresión de la esperanza de vida hacia el final y un aplastamiento en los 120 años. Nadie ha conseguido superar los 122 años de vida. Este fenómeno ha roto por completo los sistemas de pensiones de Bismark”.

Tras abundar en el problema del envejecimiento, Müller expuso un segundo defecto del sistema de pensiones, a saber, su injustificada generosidad, manifestada en la tasa de reemplazo. España es uno de los países en los que la tasa de reemplazo de la pensión es más elevada, es decir, la pérdida de poder adquisitivo en la jubilación respecto a la vida laboral es muy baja. En datos de la OCDE, la tasa de reemplazo en España es del 82%, mientras que la media de los países de la OCDE es del 52%. La media de los países de la Unión Europea es del 59%.

En tercer lugar, el periodista, puso en cuestión el carácter redistributivo de nuestro sistema de reparto: La redistribución sólo se plasma en aquellas pensiones que evitan efectivamente la pobreza. Además, es fácil comprobar que el problema de la pobreza afecta en mayor medida a los jóvenes que a los ancianos”.

Y continuó: “Hasta los años noventa, las pensiones eran una caja negra, nadie había cotizado una cantidad mínimamente equiparable a lo que luego realmente iba a cobrar. A esto hay que sumar que el sistema actual representa un problema fiscal inmanejable para las finanzas del Estado. Llegará el momento en que no queden impuestos para financiar las pensiones. Se agota el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y vamos a empezar a recurrir al Tesoro para que emita deuda. Después detraeremos partidas de otros impuestos para poder seguir financiando el eterno déficit. Este asunto puede hacer colapsar al Estado, pero nadie se mete en serio con las pensiones porque se traducen en diez millones de votantes”.

Finalmente y a modo de corolario, Müller glosó las particularidades de la generación que nos ocupa: “Los millennials son tipos bastante peculiares. Los profesionales de Recursos Humanos tendrán que transformar completamente sus empresas para conseguir retener el talento. No van detrás del dinero, se conforman con una retribución más baja si, a cambio, el trabajo que realizan es estimulante y creativo. Al cobrar poco, si están incomodos se van porque son independientes y no arrastran grandes cargas. El mundo entero es su territorio de actividad. Tenemos un sistema de pensiones que fue diseñado pensando en las cotizaciones sociales de funcionarios o empleados de un estado webberiano que ocupaban el mismo puesto durante cuarenta años. Los millennials van a reventar este sistema”.

A la hora de proponer soluciones, tanto Müller como Elorriaga se mostraron a favor de ir introduciendo progresivamente mecanismos de capitalización individual, públicos o privados, que permitan a los futuros pensionistas conseguir un poder adquisitivo similar al que las pensiones públicas garantizan actualmente. Medidas correctoras como la introducción del factor de sostenibilidad o la desvinculación de la actualización de las pensiones del IPC irían en la buena dirección, si bien todo apunta a que no serán suficientes. Por otro lado, se deberían mantener unas pensiones públicas mínimas, ya sea con cargo a cotizaciones sociales o con cargo a presupuestos, para evitar situaciones de desamparo de los más vulnerables.

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