Cataluña: urge una gran rectificación

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Los acontecimientos en Cataluña, con la investidura de un presidente autonómico cuya trayectoria “intelectual” revela pavorosas pulsiones racistas, obligan a una seria reflexión sobre cómo se ha gestionado la llamada “crisis catalana” desde la puesta en práctica de la intentona separatista los días 6 y 7 de septiembre de 2017.

Más allá de que el Gobierno reaccionase tarde –sólo tras la “declaración de independencia” del 10 de octubre, y no antes-, ya en su momento Floridablanca expuso su inquietud ante la forma en que iba a aplicarse el artículo 155 de la Constitución Española: de una forma incompleta, sin atajar los resortes que han propiciado el golpe y que envenenan de nacionalismo a la sociedad catalana, y convocando elecciones tan solo tres meses después de su aprobación -decisión consensuada por todos los partidos constitucionalistas-, en lugar de mantener su aplicación durante el tiempo que fuera necesario para garantizar los derechos y libertades de todos los catalanes.

El Gobierno no sólo no ha sido capaz de ejercer el liderazgo político necesario en una situación de emergencia para hacer frente al flagrante plan de ruptura de la soberanía nacional, sino que su acción se ha limitado a una mínima “aplicación de la ley”, sin impulsar en ningún momento una verdadera política de defensa de la unidad de España. Ha hecho descansar en la judicatura la defensa de nuestro orden constitucional y ha desaprovechado los resortes que tenía legítimamente en sus manos. Esta conducta del Gobierno ha creado un gran desconcierto en la sociedad española y sus consecuencias están ahora a la vista de todos.

Hoy se puede afirmar, sin llamarse a engaño, que estamos peor que en 2017. El recién nombrado presidente de la Generalidad y el proyecto político por él defendido en el Parlamento de Cataluña (“hacer república catalana”, “recuperar las leyes tumbadas por el Constitucional”, ponerse bajo el principio que ha guiado su vida “Visca Catalunya lliure”) auguran el peor presagio sobre el periodo que ahora se abre. Estas palabras, su consideración sobre esa mitad -mayoritaria- de la sociedad catalana no independentista, representan la antítesis del pluralismo democrático que garantiza el Estado de derecho. Si el pluralismo democrático favorece la concordia entre los disconformes (concordia discors), el secesionismo se basa en el tribalismo y en la etnicidad como motor de ruptura y aniquilación del carácter civilizatorio que otorga la Constitución en cuanto garante de la libertad e igualdad de todos los españoles.

La fortaleza del Estado, desde la infausta jornada del 1 de octubre convertida en el gran trofeo del independentismo, ha residido en la Corona, la Justicia y la propia sociedad española. Desde entonces no han dejado de incrementarse las dudas sobre la competencia y la capacidad del Gobierno de Mariano Rajoy para hacer frente al separatismo instalado en las instituciones de Cataluña y que en ningún momento llegó a ser desalojado de acuerdo al art. 155 CE.

¿Cómo es posible que TV3 grabara y difundiera entrevistas a un prófugo de la Justicia? ¿Cómo es posible que el Gobierno mantuviera a Elsa Artadi-responsable de la campaña electoral del prófugo- como cargo de confianza en la Generalidad? ¿Cómo es posible que los Mozos de Escuadra, con el artículo 155 en vigor, espiaran al exministro del Interior, Jorge Fernández? ¿Cómo es posible que nuestra política exterior, con todos los instrumentos a su alcance, no haya dado la debida respuesta ante las continuas falsedades del secesionismo? Todas estas preguntas sólo tienen una respuesta: el artículo 155 se ha aplicado mal, sin tener en cuenta las consecuencias a medio y largo plazo de limitarse a una política de mínima intervención para afrontar un atentado de esta gravedad contra el orden constitucional.

Estamos en un momento crítico, y nadie puede aquí obviar sus responsabilidades. El que no actúa cuando tiene la obligación de hacerlo, también es responsable. Cada día que pasa se pone en riesgo nuestra arquitectura institucional, porque la fortaleza que ésta ha demostrado no evita su necesario y constante cuidado, lo que exige claridad de ideas, liderazgo y capacidad.

Urge una gran rectificación. Es imprescindible recomponer una sólida unidad de las fuerzas constitucionalistas orientada a dos fines irrenunciables: por un lado, impedir los nuevos desmanes que Joaquim Torra ya ha anunciado en sede parlamentaria que pretende emprender desde el gobierno autonómico catalán; por otro, asegurar todo el amparo que sea necesario a esa mayoría de catalanes no independentistas que van a sufrir el acoso de un separatismo envalentonado ante cualquier síntoma de debilidad. No puede tolerarse ninguna vulneración de los derechos y libertades que protege nuestra Constitución.

El prófugo Puigdemont ha amenazado con un adelanto de las elecciones en Cataluña, que se producirían en un clima de tensión y radicalización. Esta hipótesis no puede permitirse en ningún caso. Antes de tal eventualidad, el conjunto del pueblo español debe pronunciarse con claridad y sólo lo podrá hacer mediante unas elecciones generales en las que los partidos políticos expongan su posición y medidas para garantizar la unidad de la Nación y el fortalecimiento de nuestra democracia representativa.

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