Cataluña, los frutos del diálogo

El pasado 27 de mayo, en Sitges, el presidente del Gobierno afirmaba sobre la situación política en Cataluña: “Mientras yo sea presidente, el referéndum no se va a producir”. Una afirmación muy semejante a la que realizó el 25 de enero de 2014 (Mientras yo sea presidente del Gobierno, ni se celebrará ese referéndum ilegal ni se fragmentará España. Que quede claro), diez meses antes de que tuviera lugar el referéndum ilegal que no se iba a celebrar.

En julio de 2016, los 72 diputados de Junts Pel Sì y la CUP aprobaron las conclusiones de la llamada “Comisión del Proceso Constituyente”. Cuatro meses después, en noviembre de ese mismo año, el Gobierno de la Nación -en concreto, su vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales- escenificaba el inicio de la “Operación diálogo”, a pesar de que los secesionistas habían mostrado abiertamente su intención de hacer de Cataluña un territorio sin ley.

Bajo la batuta del diálogo como estrategia, y con despacho vicepresidencial en la Delegación del Gobierno en Cataluña, el Gobierno consideró que el nacionalismo se iba a desinflar de acuerdo a su propia teoría del suflé -dejémoslo pasar que ellos mismos se deshincharán-, sin caer en la cuenta del desamparo en el que se encuentran tantos catalanes ante el proyecto excluyente, arbitrario, antimoderno y totalitario que quieren imponer los secesionistas a sujetos dotados de los mismo derechos políticos que el resto de los españoles.

Nos encontramos sin lugar a dudas, y en palabras del propio Gobierno de la Nación, ante un golpe de Estado organizado por los secesionistas. Precisamente por ello, es necesario llamar la atención sobre las siguientes cuestiones: ¿Desde cuándo se invita a los golpistas a debatir en el Parlamento? ¿Está el Gobierno por la labor de normalizar y blanquear el desacato dándole tintes democráticos en el Congreso de los Diputados? ¿En esto consiste la “Operación diálogo”? ¿Hemos pasado de la “Operación “diálogo” a la “Operación salida” para el secesionismo?

La “Operación diálogo” partía de un error político. Toda operación destinada al diálogo presupone la incomunicación de dos agentes, a la vez que nivela la legitimidad de ambos: en este caso, la de quien vela por el cumplimiento de la Ley con la de quien la incumple y trabaja para su erosión. Y el error de fondo es la asunción por parte del Gobierno de la narrativa nacionalista, como la propia vicepresidenta del Gobierno puso de manifiesto al cuestionar el recurso que en su día presentó el Partido Popular contra la reforma inconstitucional del Estatuto de Cataluña.

No hay duda de que los responsables de la situación actual, quienes vulneran los derechos de todos y cada uno de los españoles, son los secesionistas. Pero tampoco hay duda de que la responsabilidad del Gobierno consiste en dirigir “la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado”, así como ejercer “la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes” (art. 97 CE). De ahí que deba asumir su cometido y no trasladarlo a los empresarios catalanes o a cualquier otro actor pidiendo su movilización.

Foto: La Moncloa – Gobierno de España / Flickr

La respuesta política, además de la jurídica, a la amenaza secesionista tiene que liderarla el Gobierno. Es momento de rectificar y hacer frente al desafío. La vía del apaciguamiento y la inacción no sólo ha fracasado, sino que se ha demostrado lesiva para los españoles. Hay que impulsar una agenda política y legal que ponga fin al desacato secesionista, a la desfiguración de la historia de España a través de la enseñanza, y al uso indebido de la Administración y del dinero público para la construcción de la mentira.

El único miedo que debería tener el Gobierno es el que se deriva del incumplimiento de la Ley y no de las consecuencias de su aplicación. La Ley garantiza nuestra libertad y la inviolabilidad de nuestros derechos frente al secesionismo, que se vale de la arbitrariedad para dar y quitar derechos en función de la idoneidad de las personas respecto a su delirio identitario.

Pero si el respeto a la Ley es la base indispensable del orden en todas las naciones civilizadas, en este caso resulta además imprescindible una actuación política que hasta ahora ha brillado por su ausencia. Independientemente de que se celebre o no un nuevo referéndum ilegal, buena parte del daño ya está hecho en una sociedad catalana tensionada, e incluso fracturada, hasta límites inconcebibles. Y si algo ha demostrado la experiencia es el fracaso de lo que algunos entienden por “hacer política”, esto es, entrar al juego de cesiones y componendas cortoplacistas con quienes han hecho del envenenamiento y la ruptura su modo de vida.

La política que realmente hace falta para detener y revertir esta situación requiere de un discurso más firme, constante y persuasivo por parte del Gobierno de la Nación que -parece mentira tener que recordarlo- lo es también de todos los catalanes; una estrategia de comunicación digna de tal nombre, capaz de contrarrestar la asfixiante propaganda separatista; más apoyo a los sectores de la sociedad civil que en Cataluña están plantando cara al secesionismo; tomarse en serio la llamada “batalla cultural” y la importancia de la educación para poner en valor los profundos lazos que nos unen a todos los españoles.

Una política proactiva y ganadora a largo plazo, y no meramente reactiva, así como cumplir y hacer cumplir la Constitución y el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico en todo el territorio nacional, es la respuesta que cabe esperar de un Gobierno a la altura de las circunstancias ante la deslealtad y el chantaje que el secesionismo ha vuelto a ofrecer como frutos del diálogo.

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