Extravagancias diplomáticas, por Javier Rupérez

Análisis publicado originalmente el 12 de agosto en ABC


EFE

El primer telegrama que el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, Josep Borrell, envió tras haberse hecho cargo de su función fue el dirigido a las cuarenta embajadas españolas en el extranjero a las que el Gobierno popular de Mariano Rajoy había ya solicitado realizaran las gestiones oportunas para pedir la obtención del placet, con el fin de reemplazar a los embajadores que transcurrido el tiempo reglamentario debían poner fin a su misión. El telegrama en cuestión, que bien pudiera llevar la numeración Borrell 1, ordenaba retirar los placets solicitados. Parece que en algún caso incluso la orden supuso el rechazo del placet ya obtenido, aunque los detalles del tema están siendo ardorosamente discutidos en los elegantes pasillos del Palacio de Santa Cruz y en los más funcionales de las Torres Agora, allá donde Cristo dio las tres voces y los diplomáticos extranjeros realizan peligrosas excursiones para entrevistarse con sus colegas españoles.

Es práctica habitual de todo gobierno el reservar para personas de confianza, sean o no funcionarios, los nombramientos de embajadores en puestos que por su relevancia general o específica exigen una atención especial. Vienen fácilmente a la cabeza unos y otros y difícilmente rebasan la decena. No parece que la gran mayoría de ellos estuvieran entre los cuarenta cuyos placets ya habían sido solicitados. Es esa masiva e inexplicable urgencia para saber qué es lo que el gobierno anterior se traía al respecto entre manos la que produce estupor al observador nacional, no digamos extranjero, que por afición u obligación sigue los baqueteados tránsitos de nuestros diplomáticos. Por que si de curiosidad se trataba, y antes de levantar la liebre, hubiera bastado con preguntar en el organismo administrativo correspondiente quién iba a dónde, antes de enviar ninguna misiva. No es habitual en los países civilizados el retirar placets solicitados. Menos rechazar los ya conseguidos. La sospecha de que Borrell, hombre a lo que parece ecuánime y bien orientado, pusiera como primer objetivo de su misión el poner en duda el nombramiento de cuarenta embajadores, cuarenta, no tiene encaje en lo que de él se conoce, a no ser que se viera forzado o aconsejado a hacerlo por el nuevo círculo de sus íntimos, los guardianes de la ortodoxia y cancerberos de la verdad socialista.

Pero al zafarrancho de los cuarenta, Exteriores ha sumado el cese de otros cuantos embajadores que sin haber tenido apenas tiempo para tomar el pulso de sus responsabilidades y sin que se les conociera ninguna malvada conexión política –es decir, que no eran del PP ni de ningún otro partido de esos que los amigos separatistas de Sanchez denominan «fascistas»– se han visto forzados a interrumpir bruscamente su periplo para asumir otro diferente o para regresar a casa. Y conste que entre ellos no deben contabilizarse aquellos que con un determinado perfil político estaban destinados a una de esas pocas embajadas que cualquier gobierno reserva para gentes de su proximidad.

Ha hecho bien Ramón Pérez Maura en llamar la atención sobre este desastre político administrativo, que bien recuerda al juego sajón de las «musical chairs», o al más carpetovetónico del «vete tú que me pongo yo». Y es patente la incomodidad que el tema ha provocado en el nuevo responsable de la cartera: la contestación de Borrell entre líneas revela lo que muchos sospechaban: no sabía en qué manos confiaba no ya su espíritu sino simplemente su tarea. La proyección internacional de España se vería notablemente reforzada si quisiera demostrar que la lección queda aprendida. En cosas tan elementales como que, por ejemplo, no se revela el nombre de un nuevo embajador antes de conocer la respuesta positiva al placet solicitado. Y de Andorra, para qué vamos a hablar.

Quedan al menos dos temas pendientes. Uno, a medio plazo, la adopción de medidas encaminadas a garantizar la profesionalidad apartidista de los funcionarios de la administracion en cualquiera de sus niveles. Y otra, a plazo inmediato y nada agradable, la explicación sobre los costes adicionales que para el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores ha significado este tiovivo de nombramientos diplomáticos. No vaya a ser que Borrell comparta aquella brillante teoría de la vicepresidenta Calvo según la cual «el dinero público no es de nadie». Inmarcesible afirmación que seguramente no admite el ingeniero y economista que hoy se sienta en el viejo caserón de la Plaza de Santa Cruz.

Javier RupérezApp-Twitter-icon
EMBAJADOR DE ESPAÑA, DEL CONSEJO ASESOR DE FLORIDABLANCA

 

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