Autonomía para Cuba: el proyecto de Maura (1893) II, por Fernando Maura

El proyecto de Ley

En el proyecto de ley, Maura denuncia, ya desde su preámbulo, el régimen administrativo de las Antillas -y particularmente el de Cuba- como viciado y subraya el contraste entre la prosperidad de las islas y el desorden de su administración, con el riesgo del avance en ellas de las tesis separatistas.

El proyecto conserva intacta la soberanía de la Nación española, ofreciendo a los pueblos antillanos el máximo de intervención en la gestión de sus asuntos. También restauraba la autoridad del Gobernador General y la unidad de acción administrativa, que el anterior ministro, Romero Robledo, había dividido en tres regiones.

No consideraba Maura su proyecto de autonomía como la obra de un partido, sino como una iniciativa planteada en interés de la nación, por lo que esperaba las aportaciones al mismo de los diputados.

Conforme a sus ideas, según las cuales una verdadera vida local solo se funda a partir de células de bases naturales, el ministro hacía para Cuba y Filipinas un proyecto similar al que luego propondría, en su llamado Gobierno largo de 1907-9, para reformar la administración local y para el descuaje del caciquismo, uno de los más graves problemas de España no resueltos durante mucho tiempo, y quizá tampoco en estos días.

En su base primera dice que las comunas, en tanto entidades locales, se someterán solo a la Diputación Provincial, los alcaldes serán elegidos por los concejales -salvo si el Gobernador General entendiera que había otro preferible, lo que estaría justificado ya que las funciones del alcalde también eran las de delegado del gobernador-. Sin embargo, el municipio gozaba de total autonomía. Por ejemplo, en cuanto al presupuesto, la Diputación aprobaría o rechazaría los enviados por los ayuntamientos, pero no podría modificarlos.

Son tres los poderes previstos en el proyecto Maura: la Diputación Provincial, el Gobernador General y el Consejo de Administración.

Habría que decir que las competencias en el ámbito legislativo no estaban muy claras, pero sí desde el punto de vista administrativo: salvo Guerra, Mar y Asuntos Exteriores, las demás decisiones correspondían a la Diputación.

Como poder ejecutivo, el Gobernador General ejecutaría las decisiones adoptadas por la Diputación. Cuenta con derecho de veto sobre sus decisiones, que será sin embargo controlado por el Ministro de Ultramar.

La descentralización prevista por el proyecto era real porque, en contra de lo que quería la Unión Constitucional, los poderes quedaban cedidos a la gestión de los consejos elegidos a nivel local o insular y daba vida también a los organismos naturales de desarrollo local.

Acogida cubana

El proyecto Maura no encontraría una gran acogida en Cuba, a excepción de la favorable del Diario de la Marina. Consciente de que necesitaba de apoyo popular, el ministro enviará un largo telegrama el 10 de junio de 1893, en el que definía con claridad el sentido de sus reformas. Por otra parte, tanto el ala izquierda de la Unión Constitucional como el Diario de la Marina harán campaña en apoyo del proyecto.

Pero a periódicos como La Unión Constitucional (órgano del partido del mismo nombre), el proyecto de Maura les cogió con el pie cambiado. Acostumbrados a que los políticos de Madrid hicieran lo que ellos querían, les bastaba con apoyar lo que venía de la capital de la metrópoli. En este caso no sabían qué hacer. Carente de argumentos, el periódico dijo que el proyecto mataba el principio de la asimilación y favorecía a los autonomistas, y por ello, a los separatistas. Lo más grave de la propuesta les parecía la supresión de las provincias.

Esta reacción de la Unión Constitucional fue considerada por los autonomistas en el sentido de que, por primera vez, aquellos se levantaban con soberbia contra el Gobierno nacional porque veían roto su poder.

En efecto, la supresión de las diputaciones provinciales amenazaba la posición de influencia de los caciques. Además, el proyecto concedía armas de lucha igualitarias a los autonomistas (antes confinados en el retraimiento) respecto de los conservadores.

Según el Diario de la Marina, las virtudes del proyecto serían su espíritu de conciliación y el reconocimiento de la especificidad cubana. Desde el 13 de julio, el diario recibió innumerables adhesiones al proyecto. De esta forma, la Unión Constitucional no sólo estaría en contra del proyecto, sino en contra también del país.

Por su parte, José Martí devaluaría el proyecto diciendo que sólo era una respuesta a la acción del partido revolucionario.

La opinión de su autor

En realidad, Maura entendía que la Diputación única simplemente afirmaba el carácter específico de la isla, su unidad, como un todo, en el seno de la monarquía española. El drama para el ministro es que las reformas -con todo lo tímidas que fueran- van a levantar contra él a toda la clase política peninsular, que ve en Cuba una fuente permanente de beneficios.

Para el órgano autonomista El País, el proyecto consiste en “descentralizar centralizando”. No hay descentralización, dijo, sino centralización: la Diputación provincial sería buena prueba de ese argumento. Todos los autonomistas, sin embargo, reconocieron el mérito de Maura por haber desbloqueado el asunto, aunque cada uno planteaba tesis diferentes sobre el valor intrínseco de su proyecto. Algunos pensaron también que se trataba de un punto de partida.

En todo caso, después de dos días de discusión, la Junta Central del partido autonomista decidía el 5 de junio de 1893, aun con reservas, acordar su apoyo al proyecto. Sin embargo, con el tiempo, el apoyo irá creciendo. El País del 16 de junio dirá que “la opinión pública no se engaña pues, al estimar que el proyecto, a pesar de todos sus defectos, da a la colonia el derecho a intervenir en la gestión de los intereses locales”.

El éxito del proyecto dependía de la rapidez con la cual fuera adoptado.

En la metrópoli

La opinión pública española a este respecto parecía muy reservada. Los periódicos gubernamentales no lo acogieron con demasiado calor, los republicanos lo reputarían de centralizador y los conservadores fueron los más hostiles -su relación con la Unión Constitucional les llevaría a ello.

Decían que la ley era anticonstitucional, porque legislaba a través de una ley de bases, y que era falsamente descentralizadora; pero también afirmaron -de manera contradictoria- que era autonomista. Argumentos que los diputados de la Unión Constitucional repetirán hasta la saciedad en los debates parlamentarios.

En cuanto a los liberales, sólo el grupo gamacista, liderado por el cuñado del ministro, apoyaba a este.

La sorpresa del proyecto llegaría a Cuba, pero en la península, informados sólo por los componentes de la Unión Constitucional, la impresión no era favorable.

Había también sospechas de los empresarios catalanes y vascos, e incluso de comerciantes de vinos y cereales castellanos y andaluces, por el futuro del mercado cubano en una situación de autonomía.

La tramitación

La lectura del proyecto en las Cortes se produjo el 5 de junio de 1893, el informe final se daría el 31 de julio y luego se cerraron las Cortes. Cuando se abrieron -más tarde de lo previsto- Sagasta ya no planteó el proyecto de ley.

Entre el 6 y el 14 de junio, los diputados de la Unión Constitucional, intentarán obtener del ministro concesiones a sus intereses, lo que Maura rechazará. De modo que los diputados cubanos se opondrán abiertamente al proyecto, lo que hacen entre el 15 y el 19 de junio. Luego se centrarán en los problemas económicos y presupuestarios. Del 8 al 14 de julio se produjeron los debates más interesantes.

En el primero de los procesos de esta tramitación -las conversaciones de pasillo-, si bien Maura aceptaría lógicamente estudiar la propuesta de los diputados, dijo que no modificaría ni una tilde de sus convicciones. Más adelante, en otra propuesta legislativa que considerarían las Cortes españolas durante uno de los gobiernos que presidió, Maura diría: “las comas de mis proyectos son cuestiones de gabinete”.

Finalmente, la Comisión encargada de estudiar el proyecto será acorde a los criterios de Maura. Sin embargo, los liberales la votaron con poco entusiasmo. Y los diputados de la Unión Constitucional tampoco se rindieron y formaron un grupo parlamentario para combatir el proyecto.

El Imparcial, diario oficial del gobierno liberal, decía que el proyecto no sería confirmado en ley, si bien consideraba que alargaba la estrecha base política cubana, que solo disponía de un partido. Por el contrario, el Diario de la Marina, como hemos dicho, fue favorable al proyecto.

Un debate parlamentario

El 15 de junio de 1893 se produjeron debates parlamentarios, en especial una pregunta oral del diputado Rodríguez San Pedro al ministro. El mencionado diputado realizó un ataque al procedimiento, pidiendo una ley completa, no de bases, porque desconfiaba del ministro. Maura le contestará que está dispuesto a desarrollarla, sólo a efectos de explicación en el mismo debate, pues lo contrario cambiaría el sistema de tramitación elegido.

El diputado interpelante no quedó convencido y el 16 de junio repetía su interpelación. Y también el 17. Su reflexión era que el proyecto daba la razón al partido autonomista, destruyendo la sabia labor de los gobiernos anteriores.

Maura explicó que la Diputación única carecía de soberanía. Solo podía proponer leyes, lo que podía hacer el último campesino o mendigo: cualquier ciudadano lo podía hacer, “incluso a quien se le rehusara el derecho electoral”, dirá.

En su respuesta a Rodríguez San Pedro, se refería Maura al lamentable estado al que había llegado la instrucción pública en Cuba, a consecuencia de su gestión por 6 diputaciones. Y advertía de la necesidad de una sola Diputación para ocuparse de servicios que, como el de instrucción pública, demandaban de una política general para toda la isla. Y que eso tampoco significaría que el Estado fuera a abandonar sus prerrogativas en éste como en otros terrenos.

Básicamente, lo que Rodríguez San Pedro y, después, Villanueva reprochaban al ministro era la ingratitud respecto de los buenos españoles, los diputados cubanos de la Unión Constitucional. Pero todavía no acusaban a Maura de separatista.

Los constitucionalistas le reprocharían que fomentaba la disidencia en el interior del partido, al apoyarse en Herrera y Amblard -dirigentes constitucionalistas que luego pasarían al sector autonomista-, y dirán que su principal apoyo para que no prevalezca el proyecto será el mismo Sagasta, quien niega esa idea de forma poco rotunda.

Así qué Maura tendrá que hacer frente al proyecto en soledad.

La pretendida hostilidad cubana al proyecto la conjuraría el ministro con la remesa de telegramas que había recibido, en los que se le felicitaba por el proyecto. Rechazará, en cambio, que la ordenación de la organización cubana deba provenir de los diputados cubanos, diciendo que nadie debe comportarse en el Congreso como un diputado de circunscripción a esos efectos, sino como uno más de los 400 diputados que se sentaban en la cámara.

Y eso no quería decir que los diputados cubanos no tengan una importancia principal en la tramitación del proyecto, pero la tendrán en la información del mismo, nada más. Se trata de una anticipación de la cuestión que, hoy en día, suscita en España el Estado de las Autonomías, y la obsesión de algunos diputados por sentirse representantes solo de la circunscripción que les ha elegido, desdeñando su papel de representantes de la soberanía nacional.

Claro que, si los diputados de la Unión Constitucional en el Congreso consiguieran convencer al resto o simplemente los diputados rechazaran su proyecto, Maura dimitiría, simplemente. Y si les hubiera recibido antes de presentar su proyecto, siempre según el ministro, le quedaría una sola alternativa, presentar el proyecto de los cubanos y no el suyo, o presentar el suyo haciendo caso omiso del de los cubanos, y eso sí que sería una desconsideración hacia ellos.

El Diario de la Marina apoyaría a fondo al ministro que ha dejado en evidencia la vacuidad de la derecha del partido (Unión Constitucional), una derecha que debía su influencia sólo al apoyo oficial y a la red de caciques instalados en las seis provincias.

Maura abandonaría la batalla acerca del presupuesto, concentrándose en la política. Dejemos a los ciudadanos libres de injerencias y resolveremos los problemas, venía a decir.

Entre el 8 y el 14 de julio de 1893, Rodríguez San Pedro, diputado de la Unión Constitucional, debatirá con Maura, reprochándole que el gobierno haya intervenido en la elección de diputados en Cuba. Arturo Amblard (que era el diputado cuyo caso se estaba cuestionando), aseguró que había sido elegido por los reformistas y que, si alguien dudaba de la limpieza de la elección, estaba dispuesto a dimitir y a volver a presentarse a la reelección. Cuando Maura explicó dicha postura, Rodríguez San Pedro, el diputado interpelante, le preguntó si estaría dispuesto a hacer lo mismo. Maura, rápidamente contestó que dejaría la cartera y su escaño (este último para procederse a una nueva elección) si los diputados cubanos retiraban su oposición y junto con los conservadores aprobaban su proyecto de ley.

“No puede existir descentralización si no se transfiere el poder a una colectividad local auténtica, esto es, a la isla de Cuba en su conjunto”, señaló Maura a lo largo de este debate.

Pero sobre este punto, la intervención del presidente del Consejo, Sagasta, el 14 de julio, es demoledora contra Maura, cuando dice que todos los diputados -incluidos los cubanos- con los que ha hablado, le han dicho que lo único con lo que no están de acuerdo en el proyecto es con la Diputación única, y que él -Sagasta- no consideraba eso esencial. Sagasta había sentenciado el proyecto. El presidente quiso mantener al líder de esa facción del partido liberal, Germán Gamazo, en la mayoría, pero no al precio de que el proyecto de Maura echara a perder a otras partes de la misma.

Conclusión

En definitiva, don Antonio Maura había intentado sorprender a la clase política con su proyecto, pretendiendo imponerlo a través de un fuerte movimiento de la opinión pública. No contó con la habilidad de maniobra de sus adversarios. Después de estos debates, el proyecto quedó en mal estado; luego, Sagasta lo sentenciaría definitivamente.

En Cuba, Maura había conseguido sacudir, siguiendo un proceso que le fue siempre caro a lo largo de su vida política, la apatía de las masas, por una reforma que venía de arriba, rápidamente, radicalmente, brutalmente, como anunciará el político en otra ocasión.

Los autonomistas de la Unión Constitucional vieron en la reforma política una oportunidad para la reforma económica, creando entonces un nuevo partido que presidiría el conde de la Mortera, el Partido Reformista. Una reforma política liberal para una reforma económica también liberal. La creación de ese partido concentró las críticas de constitucionales e independentistas, que lo veían como un intento oportunista de adherirse a las políticas de la metrópoli o un invento de la propia metrópoli. El independentista Juan Gualberto Gómez, llegaría a decir que solo unos pocos reformistas lo eran de verdad, el resto eran solo oportunistas.

Maura, sin embargo, nada tenía que ver con la creación de ese partido. En realidad siempre había intentado que la Unión Constitucional permaneciera unida. Pero no fue así, y los mismos componentes de este partido que negaron la autonomía se pasarían al bando de los EEUU, engrosando las filas del nuevo partido, la Unión Democrática, todo ello con el único fin de controlar el poder en el interior de la isla.

Las reformas de Maura, el aislamiento de la Unión Constitucional, la creación del Partido Reformista y el entusiasmo en la isla por las reformas hicieron reconocer a los revolucionarios que tal entusiasmo existía, pero ellos no se dejarían seducir. Sabían también que las reformas no llegarían a buen puerto. Por otra parte, los autonomistas, una vez que vieron fracasar la reforma, se volvieron al separatismo.

El 8 de marzo de 1894, quince meses después de tomar posesión, Maura dimitía como Ministro de Ultramar. Al regreso del verano, su proyecto de reforma no está en el orden del día del Congreso.

Una vez en plena guerra contra los EEUU, Maura sostendrá que “la bandera que enarbolen nuestros soldados en la batalla no es indiferente”. Era preciso llevar a la par la acción militar y la política. No se trataba ya de anunciar reformas para atraer a España a los jefes de la insurrección, porque eso sería ingenuo. Había que ofrecer inmediatamente las reformas a los leales para aislarlos de los revolucionarios.

La solución para Cuba consistía, para él, en su desarrollo económico y en la práctica de la democracia local, no en su anexión por los EEUU.

El proyecto de autonomía de Maura no se podría considerar como un hecho aislado en su trayectoria política sino todo lo contrario: don Antonio se inspiraría en él para el desarrollo de unos de sus proyectos más emblemáticos, la Ley de Régimen Local, o Ley de descuaje del caciquismo, en sus propias palabras. Una y otra -autonomía para Cuba y Ley de Régimen Local-, sin embargo, no obtuvieron el éxito parlamentario de su aprobación.

Al fallecimiento del político español el 13 de diciembre de 1925, el Parlamento cubano guardaría un minuto de silencio en homenaje a su recuerdo.

Fernando Maura 

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