Ahorro, inversión y el rol del Estado, por Pablo Martínez Bernal

Foto: Javier Vidueira / Floridablanca

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El ahorro y la inversión en cualquier sociedad son elementos fundamentales para garantizar la prosperidad económica. Una sociedad que no ahorra es una sociedad condenada al fracaso y a la miseria. Del mismo modo, una sociedad que no invierte adecuadamente ese ahorro, no sólo impedirá que esos ahorradores logren sus objetivos financieros sino que dificultará que empresas y empresarios puedan iniciar aquellos proyectos que desean llevar a cabo. Canalizar y coordinar entre los agentes económicos ese flujo de capitales no es fácil, requiere de seguridad jurídica, de mucha competencia, etc. En definitiva, de estabilidad y libertad de los agentes.

El Estado ejerce un control sobre el sistema financiero y monetario superior al de cualquier otro sector de las economías occidentales. Pruebe a abrir una entidad que preste servicios de asesoramiento, de gestión de inversión, de financiación de proyectos empresariales, o peor aún, intente montar un banco y verá por qué ésta afirmación es una realidad. Las barreras regulatorias son increíblemente duras de superar para simples empresarios con ideas innovadoras en el ámbito financiero. Eso se traduce en una menor libertad de emprendimiento en estas áreas, algo deseable en cualquier sector de una economía y más aún en uno que juega un rol tan importante. La consecuencia es clara: oligopolios con una reducida competencia que no tienen los incentivos adecuados para ofrecer los mejores servicios y productos financieros.

Pero la responsabilidad del Estado en reducir la competencia en el sector financiero (menos participantes y menos innovación) no es su única actuación que perjudica al conjunto de la sociedad. Su papel enormemente paternalista, es casi tan dañino como el anterior. El Estado, a través del Fondo de Garantía de Depósitos, elimina el sano incentivo que tienen los clientes de la banca de vigilar qué entidad financiera eligen para proteger sus ahorros. Igualmente, la defensa que el Estado suele hacer rescatando a inversores sin cultura financiera que han perdido todos sus ahorros en estafas masivas -que precisamente debería evitar por la supervisión que hace de los mercados financieros- no hace sino perpetuar esa lacra que es la incultura financiera. En este sentido, España se lleva la palma. El Estado podría y debería incentivar mediante el currículum escolar la inclusión de asignaturas sobre finanzas personales pero no de la manera en la que lo empieza tímidamente a hacer en la actualidad, poco menos que centrando la formación en cuestiones hipotecarias y adoctrinando a los estudiantes para sean buenos pagadores de impuestos. Aunque le pese a Montoro, las finanzas afortunadamente son mucho más que eso.

Que una sociedad ahorre siempre es sano y deseable pero si hablamos de una que se enfrenta al invierno demográfico que se avecina en España, es una cuestión de emergencia nacional. En los próximos 40 años cerca de 25 millones de españoles se jubilarán. En el sistema de reparto actual, las pensiones de esos futuros jubilados son una promesa pero no hay ninguna garantía de que vayan a cobrar pensiones en proporción al dinero aportado. Sólo los ciudadanos sin capacidad de ahorro o los más inconscientes del problema se atreverían a no planificar una alternativa al sistema público de pensiones. Como muchos economistas han sugerido, el cambio del sistema de reparto actual a uno de capitalización -como el chileno que implantó con un enorme éxito José Piñera- sería algo muy deseable. Aznar tuvo una oportunidad de oro de dar un paso al frente durante su primera legislatura pero prefirió no abrir la caja de pandora. Los Pactos de Toledo ponen de manifiesto cómo los políticos saben lo delicada que es la cuestión de las pensiones y por eso procuran no utilizar este problema que se nos avecina como arma arrojadiza entre ellos. Cuando hay consenso entre todos, por algo será.

Es precisamente la insostenibilidad del sistema de pensiones de reparto actual, lo que hace necesario un mercado abierto y libre que permita un mayor desarrollo de alternativas privadas de ahorro. Según un estudio de Pablo Fernández, profesor del IESE, los planes de pensiones privados en España han obtenido unas rentabilidades pírricas, a excepción de los fondos que gestionara Francisco García Paramés (director de inversiones de Cobas Funds). La característica común que tienen esos fondos que no han logrado siquiera batir al mercado es que todos pertenecen a las grandes entidades financieras, esas que en las que la competencia brilla por su ausencia, según comentábamos. Mientras los grandes jugadores cuentan con tremendas redes de distribución, con millones de euros de presupuesto en publicidad y con recursos suficientes para ofrecer móviles, ordenadores y otros regalos para convencer a los clientes de que cambien su plan de pensiones, los pequeños e independientes tienen grandes dificultades para ganar cuota de mercado. Lo mismo sucede con el asesoramiento financiero independiente, que en países como Reino Unido copa cerca de un 70% de cuota de mercado pero que en España no llega ni tan siquiera al 1% sobre el patrimonio total asesorado, en el caso de las EAFI (Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente).

En definitiva, la torpe regulación del Estado en materias de ahorro e inversión nos perjudica a todos. El Estado, debe de garantizar la libertad y la competencia para que los ahorradores e inversores dispongan de más y mejores alternativas. Asimismo, los jóvenes deberían tener unos conocimientos financieros altos, puesto que la mala gestión de su patrimonio fruto de la simple ignorancia puede ser una tragedia para muchos. Y por último, en un país tan envejecido como España, las alternativas a la hora de planificar una jubilación alternativa –y segura- deberían de ser superiores a las que el sistema actual nos aboca. O como se suele decir, más mercado y menos Estado.

 Pablo Martínez Bernal

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