20D: La despolitización de la Justicia

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Uno de los principios fundamentales de cualquier democracia liberal es la separación de los tres poderes del Estado -ejecutivo, legislativo y judicial-. Sólo a través de ella se puede garantizar un estado de Derecho que controle eficazmente a los actores públicos, evitando arbitrariedades y protegiendo la libertad e igualdad de los ciudadanos.

Tras las propuestas de Floridablanca en materia de régimen electoral local y nacional, que contribuirían a racionalizar el ejercicio de los poderes ejecutivo y legislativo y fortalecer su legitimidad, es hora de reconocer el perjuicio que la politización de la Justicia ha traído a España y poner en valor la necesaria independencia de la que deben gozar los jueces. Independencia, a la que la ley orgánica  de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2013 (LO 4/2013, de 28 de junio), que tenía entre sus objetivos principales “mejorar la imagen del Poder Judicial como estructura que, sin ser política, está profundamente politizada”[1], no contribuyó. Al contrario, la reforma aumentó las atribuciones que tienen Congreso y Senado a la hora de elegir a los vocales del CGPJ y disminuyó las de los jueces.

La elección de los vocales del CGPJ no es baladí: los magistrados del Tribunal Supremo y una tercera parte (Sala de lo Civil y Penal) de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, son designados por el CGPJ. A dos miembros del Tribunal Constitucional también los elige el CGPJ, junto con las Cortes y el Gobierno.

La actual situación es especialmente grave si tenemos en cuenta que la politización de la Justicia es contraria al espíritu de la Constitución española de 1978. El constituyente decidió optar por un sistema de autogobierno judicial que negaba a los políticos cualquier competencia trascendente, administrativa o judicial, sobre los jueces. Precisamente por ello es por lo que se creó el CGPJ, órgano que debía velar por la independencia de los miembros de la Carrera Judicial. Sin embargo, aprovechándose de la imprecisión constitucional sobre el sistema de elección de los vocales y al calor de las trapacerías políticas de turno, los sucesivos desarrollos legislativos fueron desde 1980 socavando ese objetivo constitucional. Con ello se fue erosionando la libertad e igualdad de los ciudadanos que la independencia judicial, expresión clave de la división de poderes, pretendía garantizar.

Para comprobar lo anterior, sólo haría falta preguntar hoy a los ciudadanos si creen que los jueces son elegidos de acuerdo a criterios políticos; a los propios jueces si consideran que en los nombramientos que realiza el CGPJ prevalecen los criterios de mérito y capacidad; y a los juristas expertos en derecho constitucional y administrativo si consideran que un órgano de gobierno judicial como el CGPJ debería tener responsabilidades, como las tiene, en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Fiscal General del Estado. Tanto las percepciones como los hechos son fundamentales en materia de Justicia. Tanto unas como otros apuntan hoy a injusticia.

El actual clima político, en el que la corrupción parece haberse convertido en un mal endémico que los propios partidos no aciertan a atajar, y social, que refleja la exasperación ciudadana ante la recurrente connivencia de los poderes del Estado y la falta de actores independientes que los controlen y contrapesen, hacen más necesario que nunca la reivindicación de un poder judicial independiente, equilibrado y robusto.

Como un primer paso en esa senda, Floridablanca propone:

Una reforma constitucional
  • Reduzca el número de vocales del CGPJ de 20 a cinco y explicite el sistema de designación siguiendo alguna de estas dos alternativas.
    • Alternativa A: dos vocales elegidos por mayoría de dos tercios del Congreso, y tres elegidos en elección directa por todos los jueces, magistrados y fiscales españoles  por un mandato no renovable de cinco años.
    • Alternativa B: cinco vocales elegidos por sorteo entre los magistrados del Tribunal Supremo por un mandato no renovable de cinco años.
  • Incorpore medidas de control, especialmente a través del Consejo de Estado, para evitar el corporativismo y la injerencia política en el proceso de designación de los vocales.
Una reforma de la ley orgánica del poder judicial que desarrolle la reforma constitucional, particularmente en lo que hace a:
  • Sistema de elección de los vocales y sus funciones.
  • Posibles bloqueos que se pudieran originar por falta de acuerdo en la designación de los dos vocales que elegiría el Congreso y, en consecuencia, mecanismos a seguir para evitar la parálisis del CGPJ (por ejemplo, actuación temporal de los tres vocales restantes hasta el desbloqueo de las negociaciones).
  • Revisión de las competencias que la actual ley otorga al CGPJ, incluidas las materias sobre las que se debe pronunciar en los informes previos sobre proyectos de ley, para hacerlas más acordes con su naturaleza de órgano de gobierno de los jueces.
  • Medidas de transparencia y control del CGPJ, tanto en el proceso de elección de los vocales como durante su mandato. El Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas deberán jugar un papel preponderante en este contexto. También será necesaria una revisión del régimen de incompatibilidades y prohibiciones de los jueces, así como de sus manifestaciones públicas.
  • Establecimiento de recursos legales precisos para la defensa de la independencia judicial.
  • Las asociaciones de jueces, con el fin de asegurar su transparencia.

Sello

Notas

[1] Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid. La Reforma de la Justicia en España. Disponible aquí

Artículos relacionados

  • Alonso Quijano

    La soberanía está en la nación española y es la nación la
    que debe elegir directamente (no a través de diputados o profesionales) a sus
    representantes que ejercen los poderes del Estado. Y el Poder Judicial no tiene
    que ser una excepción. No se puede permitir que sean los propios colegas
    quienes se controlen a sí mismo.

    Las dos instituciones peor valoradas por los ciudadanos, las
    más carcas (las únicas que todavía conservan rituales masónicos, túnicas,
    mándiles, puñetas, mucetas, túnicas, collares medallas) y atrasadas son la
    universidad y la justicia. Las dos tienen una característica común las dos que se
    elijen a sí mismas.

  • Alonso Quijano

    Reforma del CGPJ

    1ºIncrementar el número de vocales a 45.

    2ºElección directa a doble vuelta en distrito uninominal de
    un millón de electores, aprox. O sea, se crean para esta elección distritos de
    un millón aproximadamente, que eligen a doble vuelta si en la primera ningún
    candidato alcanza más del 50%. A los candidatos no se les exigirá más
    cualificación que para ser presidente del gobierno, diputado o miembro de un
    tribunal popular. Los candidatos se presentarán en su propio nombre.

    3ºMandato por 8 años improrrogables, y se renovación del 25%
    por ciento cada dos años. O sea, que cada dos años se eligen a los 12 vocales
    de los distritos que corresponda. En
    caso de baja por defunción o incapacitación quedará vacante hasta que toque su
    elección prevista.

    4ºSu funciones de gobierno son

    -Vigilar por la independencia de los jueces,
    secretarios y fiscales. Actuando en
    estos casos contra la independencia con jurisdicción propia.

    -Elección de los presidentes de sala y audiencias y elección
    de los magistrados, secretarios y fiscales en cargos discrecionales (tribunales
    y supremo) incluido el Fiscal General del Estado. Las elecciones de cargos
    serán por 3/5 de los vocales.

    -Disciplina no sometida a régimen jurisdiccional de los
    jueces y magistrados, secretarios y fiscales.

    -Proponer a Las Cortes la creación y supresión de salas,
    juzgados y tribunales.

    5ºSus funciones son exclusivas, indelegables, sin
    posibilidad de que ningún órgano territorial ni nacional será competente en el gobierno
    del poder judicial, vigilancia de la independencia, nombramientos y disciplina.
    En este sentido se deben modificar los estatutos, para suprimir cualquier
    relación con el Poder judicial.

    6ºSu categoría en la organización del estado es equivalente
    a Diputados o Ministros del gobierno, en detrimento del tribunal supremo.

  • Alonso Quijano

    Especialización de la justicia

    -Provisión de magistrados por oposición en cada especialidad
    jurisdiccional. Provisión de los magistrados del supremo por concurso en cada
    especialidad jurisdiccional. Suprimiéndose las actuales alternativas.

    -Separación de los cuerpos de funcionarios de jueces y
    fiscales y secretarios por cada una de las jurisdicciones, penal, civil,
    social, administrativa, militar.

    -Supresión de los juzgados de primera instancia e
    instrucción a favor de sus correspondientes especializados.

    -Crear la jurisdicción económica mercantil para delitos contra la hacienda y
    societarios y de empresas.

    -Crear la jurisdicción urbanística – medio ambiental.

    -En todos los tribunales y audiencias se crearán salas de
    las jurisdicciones correspondientes antes citadas.

    -Creación de la jurisdicción municipal, para profesionalizar
    los actuales Juzgados de Paz con jueces de carrera, no legos, para descargar
    los juzgados. Dotarlos de los medios para funcionar como un juzgado completo
    siendo competentes para asuntos penales menores, accidentes de tráfico y
    desahucios de impago, compra venta de artículos de consumo, vecinos, suministros de electricidad, teléfono
    etc. Primando en los procesos la simplicidad y racionalidad en función de la
    celeridad. No de instrucción y primera instancia sino con competencia propias,
    aunque existe la apelación.

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